Para algunos ya era evidente el negro futuro que le espera al desarrollo rural durante estos años de gobierno. La negación a ratificar la resolución de Naciones Unidas de apoyo a la población campesina y pobladores rurales en el mundo, demostró que esta administración no siente el compromiso y más aún la necesidad que el país tiene de reactivar el campo colombiano tanto por razones económicas como sociales y, más aún, para hacer sostenible la paz.
Pero lo que acaba de suceder el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, es la prueba reina de la voluntad del uribismo de no cumplir con el punto uno del Acuerdo Final con las Farc y de enterrar la reactivación de la economía campesina en el país. Como lo han señalado los medios de comunicación, contra viento y marea ese día el presidente Duque firmó el decreto de nombramiento de Claudia Ortiz en la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural, “A pesar de no cumplir los requisitos exigidos para el cargo” como lo denunció en su momento el diario El Espectador.
Que será lo que hay detrás de la insistencia del uribismo en nombrar en el gobierno a la señora Ortiz, cuando ella ha recibido tanto rechazo no solo en este caso sino cuando se trató de que dirigiera la Unidad de Protección de Víctimas. Como se recordará, ese nombramiento se enfrentó a la oposición de amplios sectores del país, por sus declaraciones públicas en contra de los no seguidores del actual gobierno incluidos los miembros del partido de las Farc. Pero lo más grave de este último nombramiento es que como algo insólito, la señora Ortiz trató a través de una notaria de demostrar que sí cumplía con los requisitos que exige la Dirección de la Agencia de Desarrollo Rural. Nada que ver.
Por algo será que las exigencias mínimas para ejercer esta posición claramente consignadas en las normas, son que la persona delegada tenga “título de posgrado en modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo”. Al no cumplir con ninguno de esos requisitos, el uribismo alegó que Ortiz se había desempeñado exitosamente en los cargos públicos que había ejercido en la Dian, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia Bancaria, la Contraloría de Cundinamarca o el Consorcio Prosperar - Fondo de solidaridad pensional. Para completar, el presidente Duque, como lo afirman los medios de comunicación “defendió su nombramiento, y dijo que su, ahora, nueva funcionaria “tiene el talante de servidora pública”.
Si a todo lo anterior se agrega que han pasado más de cuatro meses de este gobierno y solo hasta ahora se designa en este cargo de gran importancia para la reactivación del campo, una persona además claramente inadecuada, es evidente entonces que el desarrollo rural no solo no es la prioridad de la administración actual, sino que probablemente el país verá un serio retroceso en su ya precaria situación.
Como el único mérito real de la señora Ortiz, es su absoluta fidelidad con el ex presidente Uribe y su convicción de seguir sus ideales, lo que debe esperarse es que por Desarrollo Rural solo se entienda lo que tiene que ver con la agroindustria, dejando al campesinado colombiano, gran productor de alimentos, sin el mínimo apoyo necesario para recuperarse de los costos de la apertura de Gaviria y del conflicto armado que sufrieron en carne propia. Por ello gracias a este inadecuado nombramiento lo único que queda decir es “Pobre Desarrollo Rural”.
