“Para esto”. Eso es lo que significa la locución latina ad hoc, tan de moda en las semanas recientes de Colombia. El fiscal ad hoc que se escogió durante los días pasados para suplir, en un muy específico caso, tanto al fiscal general Néstor Martínez, como a la vicefiscal María Riveros, por encontrarse ambos impedidos para conocer de la corruptela de Odebrecht, me ha recordado, a propósito de la analogía normativa implementada por la Corte Suprema de Justicia para designar a este acusador (aplicando el procedimiento de elección del mismo fiscal general: desde una terna enviada por el presidente de la República), sendos episodios que demuestran, en mi opinión, al menos dos cosas. Estas, quizás, podrían aparecer como contradictorias entre sí, aunque es muy posible que, en el fondo, sean simplemente complementarias.
La Séptima Papeleta fue, similarmente, un fenómeno huérfano de reglamento escrito. Consistió en una iniciativa del estamento universitario de finales de la década de los ochenta. Tal permitió que, en las elecciones del 17 de marzo de 1990, para Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Juntas Administradoras Locales, Concejos Municipales y Alcaldías, se incluyera una séptima papeleta, que era “no legal”, y así decidir acerca de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, génesis de la de 1991, y de su Constitución.
La violencia colombiana es cosa obvia, fácil, evidente. Sin embargo, no deja de ser raro que, cuando las reglas del juego se han flexibilizado para la consecución de un fin común, se haya dado la clase de aprobación silenciosa de hoy, una ad hoc, a veces la más efectiva de todas.
