Se sienten dos aromas y no son el del olor a natilla y buñuelos decembrinos. Si no a camuflaje de censura digital y un buen negocio para unos pocos. Al menos esa es la percepción del primer buqué al acercarse al Proyecto de Ley 152 que pretende aumentar la conectividad en el país y ajustar la regulación del sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Lo anterior de comienzo no tiene nada de malo y más bien corresponde a la necesidad de la nación y una realidad mundial. Sin embargo, el hecho de que a un tema tan transcendental se le hubiera dado mensaje de urgencia, es decir, aprobar una ley en dos y no en cuatro debates en el Congreso es altamente sospechoso e inconveniente para todos los sectores, especialmente para los colombianos.
La primera discusión se dio el pasado 5 de diciembre y esta semana se cree se dará la siguiente para aprobar el proyecto de ley, pero las dudas son muchas. Primero, que el espacio electromagnético de la nación ya se concesionará por 20 años y no por 10 como está hoy.
Segundo, que se crea un fondo especial de contribuciones y se reestructura la inversión, pero no se aclara cuál y cómo sería esa reestructuración y ni el funcionamiento preciso de dicho fondo y su distribución, desde televisión su desarrollo y contenidos, así como las TIC.
Tercero, crea un regulador único. Lo que se traduce en que bajo control del gobierno quedaría supervisar y controlar operadores de telefonía e internet móvil, fijo, domiciliario, canales de televisión privada y pública, y según ha dicho la ministra del ramo Sylvia Constaín, tener un papel más activo en funciones referentes a la regulación, promoción y concesión de ese mundo digital convergente. O sea, ¿contenidos?, ¿qué se puede emitir y qué no?, ¿control de la información que circula y acceso a esa red y los aparatos por las cuales se recibe? Esa es una preocupación enorme porque sería empezar a concretar la discusión deontológica entre derecho a la intimidad del ciudadano vs seguridad pública ciudadana, ¿les suena esto ahora que se habla tanto de la defensa nacional o de la protección ciudadana? Algo así como un “gran hermano” que vigile. ¿Quién vigilará a ese “gran hermano”, sus actuaciones, regulaciones y sanciones?
Cuarto, dónde queda el cobro y la exigencia a los llamados proveedores de contenidos de futuro y actuales como Facebook, Amazon, Netflix, Google, AXN, WWE,HBO GO, Xbox One o 360, Vevo, entre muchas otras que están por fuera de la PL 152, mientras que en Europa y EE. UU. ya está iniciando el cobro por el espacio electromagnético y por prestar su servicios sobre sus zonas geográficas, además de hacerlos responsables sociales, legales y económicos por ciertas formas inadecuadas de uso.
Nadie puede oponerse a que por lo menos 20 millones de compatriotas gocen de nuevas tecnologías y de la internet, que quienes inviertan en el sector ganen y generen empleo y posibilidades económicas o que se dé más inversión para las TIC y la televisión pública generando y cobrando más a quienes la usan, pero definitivamente eso no se hace a la carrera, sin discusión pública del tema ni a pupitrazo limpio.
Cuando medios hoy digitales o en transición hacia lo digital y la convergencia o multimedia tecnológica estén en plena expansión y ofertando sus nuevos servicios qué va a pasar. Para no ir más lejos, este periódico con su contenido híbrido papel y web, pero cuando quiera tener nuevas formas de presentar contenidos u ofertar por servicios conexos, ¿qué le pasará, qué se le permitirá, cuánto le costará, lo podrá hacer libremente y sin interferencias? Al igual que emisoras en ese tránsito hacia la convergencia o los portales informativos. Ni qué decir de la televisión pública nacional, la televisión pública regional o local, ¿qué pasará? El riesgo es estar entrando en la censura digital y dando un enorme negocio futuro para el usufructo de unos pocos que son dos o tres familias que controlan la televisión, más alguna otra del sector financiero, deben prender las alarmas sobre el PL 152.
