Bernardo Guerra Hoyos encontró en el Concejo de Medellín el lugar ideal para cuidar el capital político y electoral que heredó de su papá, el cacique liberal Bernardo Guerra Serna. Se inició en el Congreso con su elección como senador por el partido liberal heredando la curul de su papá en el 2002, donde se dio a conocer por las denuncias contra la corrupción contra SaludCoop. Fue una voz solitaria con un eco nacional posterior que le permitió regresar a Medellín bien posicionado. Con la reputación por las nubes llevó el tema de la salud y la corrupción al escenario del concejo de la ciudad cuando resultó elegido por primera vez en el 2008.
Sin embargo, desde hace dos meses este adalid de la lucha contra la corrupcion, quedó en entredicho por una denuncia que llegó al despacho del fiscal Martínez, soportada en contratos firmados por el canal público Telemedellín con la emisora Ondas de la Montaña, de la familia Guerra Hoyos y en donde su hermano Andrés, precandidato a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, tiene un programa que ha utilizado como su mejor tarima política. Según el régimen de inhabilidades, ningún familiar o cónyuge de los concejales pueden contratar con entidades que involucren recursos públicos de la ciudad.
Los cruces ilegales del Clan Guerra que terminaron en el despacho del fiscal
Ahora, la lupa también está sobre una de sus hijas, Alejandra Guerra, quien actualmente es contratista del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, específicamente en la Subdirección de Planeación Integral. Alejandra, diseñadora de interiores de profesión, firmó un primer contrato el 25 de septiembre de 2017 por $ 18 millones para apoyar en "la conceptualización, creación y presentación de los proyectos de parque de borde en los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. Luego, en enero de 2018, firmó otro contrato muy parecido con el área metropolitana por $ 31 millones, y finalmente en septiembre tuvo un tercer contrato igual, pero por $ 21 millones. Los contratos celebrados por Alejandra Guerra son pagados con los recursos que provienen de la sobretasa ambiental, recursos que son aprobados por el Concejo de Medellín para la protección del medio ambiente, tal como quedó registrado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal.
Desde el concejo, Bernardo Guerra aprobó los recursos de la sobretasa ambiental sabiendo que su hija se beneficiaba directamente con sus decisiones. En 2016, siendo parte de la Comisión Segunda o de Presupuesto, votó a favor para que se trasladaran el dinero al Área Metropolitana durante la vigencia del 2017. Lo mismo sucedió al año siguiente, cuando el Concejo de Medellín aprobó la sobretasa ambiental para la vigencia de 2018. Esta vez, Guerra fue el ponente del proyecto. Y este mismo año volvió a aprobar una nueva sobretasa siendo el coordinador de ponentes en el concejo. Bernardo Guerra nunca se declaró impedido para participar en los debates, votar o ser el ponente de los proyectos.
Pero cuando de familia se trata, Bernardo Guerra pareciera jugársela toda. El 14 de octubre de 2013 la torre 6 del edificio Space, construido por Construcciones de Obras —CDO—, se vino abajo. La tragedia dejó 12 muertos y miles de personas afectadas. Inmediatamente las alarmas se prendieron en Medellín y la Alcaldía, encabezada entonces por Aníbal Gaviria y quien contó con el apoyo de Guerra desde el Concejo, decidió revisar todos los proyectos que la constructora estaba adelantando en la ciudad, entre los que se encontraba lo que aún estaba en pie del edificio Space, Continental Towers, Colores de Calasania y Asensi. Todos terminaron siendo evacuados por orden del alcalde.
Una de las personas afectadas tras la evacuación de cientos de apartamentos fue, precisamente, Alejandra, la hija de Bernardo Guerra. En 2011, Alejandra compró el apartamento 828 de la etapa uno del edificio Asensi.
Alejandra Guerra, la hija del concejal Bernardo Alejandro, era propietaria en el edificio Asensi, uno de los emproblemados de la constructora CDO . Foto: Ángela Patricia Zapata
Dos años después, tras el colapso de Space, desde el Concejo de Medellín Bernardo Guerra promovió e integró una comisión accidental para hacerle seguimiento a los proyectos de la constructora responsable. Aunque aceptó en una sesión en 2014 que era uno de los afectados, siguió promoviendo duros debates en donde se fue lanza en ristre contra el diseñador de los proyectos Jorge Aristizábal, a quien señaló de ser una amenaza para la sociedad, y se puso al frente de las reuniones de la comisión accidental con las personas afectadas para buscar una solución, siempre en nombre de la justicia, como él mismo señaló en una de sus intervenciones. De hecho, una de sus luchas como concejal fue pedir la exención del impuesto predial y la valorización para los dueños de los apartamentos evacuados, una propuesta que lo beneficiaba a él y a su hija directamente.
Bernardo Guerra estuvo metido de lleno en el debate durante dos años. El 21 de noviembre de 2015, después de que la comisión accidental solicitara una sesión dedicada al informe que tenían preparado, Guerra se declaró impedido por primera vez para conocer más detalles del proceso. “Señor presidente, para dejar una constancia, yo le había solicitado a usted tenerme en cuenta para la ponencia y la coordinación de la misma, pero para evitar dificultades con mi curul en los próximos cuatro años, en vista de que una de las personas afectadas en Asensi es mi hija, en el 50% de propiedad de uno de los aparta estudios que allí existían […] le solicitaría que no me tuviera en cuenta para la coordinación de la ponencia ni para la integración del mismo ni aun para la discusión. Yo llego hasta este punto”. Sin embargo, Guerra no cumplió con su palabra.
Aunque expresó su impedimento, solo lo hizo hasta el final de la sesión, cuando además ya había anunciado que la administración municipal había radicado un proyecto en el concejo para exonerar a los afectados a pagar los impuestos hasta 2017 de unos apartamentos que ya no tenían.
Ese mismo año, la administración radicó otro proyecto para expedir la normativa sobre los impuestos en la ciudad. Ese proyecto fue aprobado en la comisión donde tiene asiento Bernardo Guerra, quien votó positivamente. Sin embargo, dentro del proyecto había un artículo que favoreció a los afectados por la constructora, exonerándolos del pago de impuesto predial hasta el 31 de diciembre de 2023: “Artículo 268: Se concederá la exención en el pago del impuesto Predial Unificado hasta el 31 de diciembre del año 2023 a los propietarios de los siguientes inmuebles […] Los bienes inmuebles establecidos en el Acuerdo 048 de 2015”, es decir, el apartamento de su hija.
Si de familia se trata, el clan Guerra siempre estará dispuesto a hacer todo lo posible por ayudarse mutuamente. Sin embargo, con una denuncia penal de por medio y revelaciones ciertas, la curul de Bernardo Guerra tambalea porque podría perder su investidura por no declararse impedido en asuntos en los que él tenía vinculación directa. Y ya son varios los que sospechan que detrás de sus férreas denuncias podría tener intereses que hasta ahora se vienen conociendo. Y algo aún más grave: su lucha de 10 años contra la corrupción dentro del Consejo de Medellin quedaría en entredicho.
