Por imposición de un grupo económico, la vicepresidenta y el superintendente financiero dicen que denunciarán penalmente a quienes escriban sobre una organización, por eso no mencionaré su marca.
No sé hasta qué punto aliarse con Odebrecht, la empresa más corrupta del hemisferio occidental, sea un acto inocente. Ser socio de unos delincuentes contra el Estado, también hace corruptos a los participantes de la Ruta del Sol, a quienes se les caen puentes que matan a personas. Tristemente, los muertos de la ingeniería corrupta no tienen ningún valor porque causan pánico económico y es delito hablar de ellos y criticarlos.
El tema es simple. El gobierno, a través de sus representantes, insiste en defender a un grupo económico cómplice de la corrupción en América Latina. La situación es clara frente al hecho de que dicha organización, de un señor Sarmiento, participó de los sobornos con los brasileños; pero, usando un sofisma, manifiesta que quien dio coimas fue su socio (aunque beneficiado de la corrupción y las utilidades no sabía).
A otro perro con ese hueso. En Estados Unidos, el innombrable grupo económico está ad portas de ser investigado porque nunca mencionó movimientos financieros dudosos. Ese tema, sin duda, hizo bajar, la cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York de las acciones corruptas de los innombrables. Duele que los ahorros pensiones y cesantías de amigos y familiares se expongan al castigo financiero y disminuyan su valor por la corrupción de esos financistas delincuentes.
El más importante deber de los servidores públicos no es otro que la defensa del bien común. Esa exigencia se le debe hacer al superintendente financiero porque los ciudadanos con sus impuestos pagan su salario y tienen el derecho de pedirle imparcialidad. Ese funcionario no debe jamás defender a quienes participaron en el hurto de los dineros públicos. No se les olvide que los sobornos de Odebrecht salieron de los impuestos que todos pagan y les duele.
