La Superintendencia de Salud se parece más a una notaría que a un organismo encargado de vigilar y sancionar a los responsables de la prestación de un mal servicio de salud.
Las EPS con la prestación de tan mal servicio de salud han debilitado tanto a los usuarios que estos han perdido el ánimo hasta para protestar. Este es el momento apropiado para vincular la protesta de los colombianos víctimas de los abusos de los directivos de las EPS con las protestas estudiantiles en defensa de la educación superior pública, de los maestros en defensa de sus derechos y de muchos colombianos en contra de la pretensión del gobierno de sacar adelante una reforma tributaria, camuflada con el nombre de ley de financiamiento.
La Superintendencia Nacional de Salud informó hace unos días de que en lo corrido del año 2018 los usuarios de los servicios de salud que prestan las EPS han presentado 269 mil quejas y reclamos. Esta cifra puede ser mayor, en consideración de que muchos pacientes no presentan quejas por desconocimiento o porque simplemente no creen en la inepta institución de vigilancia. Para que se hagan una idea, en el mes de junio del presente año, los pacientes reportaron 45821 quejas contra las EPS por la mala calidad de la prestación de los servicios a que están obligados, esto no deja de ser preocupante.
Los pacientes se ven sometidos a toda clase de abusos por parte de los directivos de las EPS, entre los que podemos incluir: paseo de la muerte, a que le digan que no existe el medicamento, y lo más infame, los envían a algunas instituciones prestadoras del servicio de salud, con quien no tienen contrato, para burlar de esta manera los fallos de tutela. Estos criminales directivos de las EPS, para burlar los derechos de los pacientes a gozar de una buena y oportuna asistencia médica, utilizan toda clase de trucos y maniobras que van desde decirle al paciente que el sistema está caído o que no han llegado los medicamentos por que cambiaron de laboratorio. Con estas bien elaboradas maniobras, las EPS aumentan sus ingresos porque están ganando tiempo y dinero.
En Colombia no hacen falta normas que ordenen y garanticen la prestación de unos buenos servicios de salud, sino que los gobernantes corruptos no las hacen cumplir, habida cuenta que en buena parte le deben la elección a estos inescrupulosos directivos de las EPS. El acto legislativo 2 de 2009 en su artículo 1 dispuso:
"La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.
La prestación del servicio de salud es inherente a las finalidades sociales del Estado, la promoción, protección y recuperación de la salud no está desligada del derecho a la vida consagrado en la constitución. El gobierno con la Superintendencia Nacional de Salud no se puede desentender de la obligación que tiene de velar por la salud y la vida de todos los colombianos.
Cierro este comentario con lo dicho por la Corte Constitucional sobre la materia que he venido tratando:
“La salud tiene dos facetas distintas, que se encuentran estrechamente ligadas: por una parte, se trata de un servicio público vigilado por el Estado; mientras que, por la otra, se configura en un derecho que ha sido reconocido por el legislador estatutario como fundamental, de lo que se predica, entre otras, su carácter de irrenunciable. Además de dicha condición, se desprende el acceso oportuno y de calidad a los servicios que se requieran para alcanzar el mejor nivel de salud posible”.
