Es un viejo anhelo de la ultraderecha Colombiana inhabilitar a Gustavo Petro y, por sustracción de materia, sacarlo del juego político. Antes, la alternativa para estos casos era eliminar a bala al contradictor, hoy el método es más sutil, más suave pero igualmente descarado: lo eliminan vía medidas administrativas amañadas.
Claramente contra Gustavo Petro opera una persecución política despiadada de parte de sectores comprometidos con la corrupción de Odebrecht, y con una obsesión enfermiza y patológica de sacarlo del juego político con base a decisiones administrativas, que ya la Comisión y la Corte interamericana de Derechos Humanos habían fijado una clara la jurisprudencia que dice: ninguna autoridad administrativa, llámese Contraloría o Procuraduría, puede imponer sanciones de destitución del cargo a quien haya sido elegido por votación popular.
¿Cuál fue el pecado de Gustavo Petro? Haber descubierto y denunciado la parapolítica en Colombia, además del cartel de la contratación en Bogotá. Además, su gran pecado como alcalde fue haber rebajado las tarifas del TransMilenio en las horas valle y afectar los intereses corruptos de los operadores privados de aseo, haciendo cumplir una sentencia del Consejo de Estado, que obligaba integrar a los recicladores en estas actividades.
Hoy, las fuerzas de siempre logran imponer una impagable multa que no dejaría posesionar a Gustavo en caso de que salga elegido de manera abrumadora, como va a suceder muy pronto. Tienen miedo y ya sacaron su efectiva artillería, muy característica de la carroñera ultraderecha.
Ya fueron por Lula en Brasil, Cristina en Argentina, el cura Lugo en Paraguay y Zelaya en Honduras... además, quieren la cabeza de Rafael Correa en el Ecuador y la de Gustavo Petro en Colombia. Con la judicialización de la política, a través de decisiones amañadas, se busca tumbar a los gobiernos progresistas de América Latina, mientras que el manso pueblo se aguanta que esto suceda. Lo curioso de todo es que muchas cabezas caen mientras Uribe sigue libre e impune, con cientos de investigaciones a cuestas, y todos le pagamos un esquema de seguridad compuesto por 300 lacayos, que nos cuesta a los colombianos alrededor de 8.000 millones de pesos anualmente. Qué ironía.
Nuestro escenario será la calle, ya el Consejo de Estado dio el golpe de mano contra Petro, tumbando las medida cautelar que lo blindaba y así quedar en un limbo jurídico su curul en el Congreso, ganada en franca lid con más de ocho millones de votos.
La movilización de masas es la acción, la calle es nuestro escenario, no dejaremos que sepulten con base a artimañas la esperanza de un pueblo. No se recogerá dinero para pagar espurias multas, inventadas por los corruptos preñados de Odebrecht, será la calle el escenario ideal para tumbar las infaustas multas y para que este auténtico hijo del pueblo pueda posesionarse como próximo presidente de los colombianos.
