En los últimos tiempos se ha propagado la hipótesis de que la sociedad colombiana ha tendido a “aplanarse”. Se sostiene que la clase media se ha convertido en la base de la pirámide social, desechándose, de paso, cualquier clasificación funcional, distinta a la que se ha acuñado deliberadamente para ocultar el sesgo clasista: clase alta, clase media consolidada, clase media vulnerable y pobres. El mes pasado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), reveló la metamorfosis de la clase media y estableció, para ello, el criterio de ingresos, definiendo que el umbral para determinar la pertenencia a este estrato es que la persona perciba ingresos comprendidos en un rango que fluctúa entre $590.398 y $2.951.990 mensuales. Hay que agregar algunos atributos relacionados con el acceso a una canasta de bienes y servicios (alimentos, vivienda, telefonía, internet, salud, educación, transporte, vestuario, entretenimiento, etc.). Bajo esas condiciones la composición social se repartiría así: clase media consolidada (30,9%), clase media emergente o vulnerable con riesgo de recaer (39,9%), pobres (26,9%) y alta (2,3%).
La información divulgada parecería indicar que la sociedad colombiana ofrece condiciones para asegurar la movilidad social, en medio de un turbulento entorno macroeconómico que lo facilita. Sin embargo, el bajo crecimiento económico y la pesada carga tributaria lo impiden. El anuncio del gobierno actual de gravar el 80% de la canasta familiar pone a la clase media emergente en riesgo de reincidir y caer en la trampa de la pobreza. No se puede ignorar que en 2017 los 12,8 millones de colombianos, en condición de pobreza, se situaban en 26,9%, coincidiendo el DNP y el Dane. Esta última entidad fijó el umbral mensual por persona en $250.620.
De otra parte, cuando se examina el comportamiento de la distribución del ingreso monetario total de los hogares colombianos (con 3,3 de integrantes en promedio), según cifras de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) 2016-2017 aplicada por el Dane a 87.201 hogares, se encuentra que el decil más elevado (el 10, cuyos ingresos mensuales sobrepasan los $8,8 millones), concentra el 39,4%, mientras que el situado en el nivel más bajo (el decil 1, con unos ingresos calculados en $261.000, cercano al umbral de pobreza) solo obtenía el 1,2%.
De otra parte, los hogares del decil más alto acaparaban el 30,7% del gasto, en tanto que al más bajo le correspondía 3,4% del gasto familiar en el país. Dicho en otros términos, el 10% de los hogares colombianos percibían y gastaban más de una tercera parte. Las familias bogotanas exhibían el ingreso y el gasto mensual más elevado ($3,7 millones y $3,2 millones, respectivamente), superando, en ambos casos, el promedio nacional calculado en $1,9 millones. Si se presume que la clase media copa los deciles 4 al 9, cuya escala no coincide con la definida por el DNP, que la sitúa en cerca de 70%, se concluirá que el 60% obtiene el 53,3% del ingreso y realiza el 56,3% del gasto de las familias colombianas. Los pobres, alrededor del 30%, son perceptores del 7,4% del ingreso y generadores del 13% del gasto. Esta es una cifra que, no obstante la diversidad de escalas para clasificar las clases sociales, es muy reveladora de la brecha existente.
Recientemente, el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, argumentando a favor de la extensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los productos de la canasta familiar (80%), para recaudar $11 billones, reconocía la regresividad de este impuesto indirecto y aseguraba que este gravamen afectaría sensiblemente a los 4,3 millones de hogares pobres y 8,6 millones de la clase media, erosionando sus ingresos, siendo menor su gravitación sobre la clase alta, que se calcula bordea los 1,4 millones de familias. Sin embargo, como dice el refranero popular, “el remedio es peor que la enfermedad”. Ni siquiera la anunciada compensación por $2,6 billones a los deciles 1, 2 y 3 (pobres, según la eufemística clasificación de la tecnocracia oficial), compensan la inequidad tributaria. La clase media vulnerable volverá (deciles 4 y 5) a ser, simplemente, pobre.
Como es previsible, la adopción de esta impopular medida, además de comprimir el consumo, inducirá una mayor inflación y ralentización de la economía, que no es propiamente naranja.
Además de la imposición de un IVA extendido, con el incremento de la base gravable, las personas naturales tendrán que soportar el aumento en el impuesto a las rentas de trabajo, amén de la reducción de las rentas exentas y una onerosa carga tributaria a las pensiones.
