A pesar de que aún faltan por definirse embajadas claves como la de Brasil, Suiza, México, China, Noruega o Japón, el canciller ya descartó a los funcionarios de carrera diplomática y para ello se adelantó a indicar las once nuevas embajadas en las cuales serán nombrados, con una característica en común: ninguna es de primer nivel.
Para ser un diplomático colombiano hay dos caminos: el político o el burocrático. En otras palabras, aquellos que quieran ser diplomático y no tengan algún vínculo político con el gobierno de turno, les queda la única opción de hacer carrera diplomática. La Carrera Diplomática y Consular es un régimen especial jerarquizado, que se rige por concurso popular y que, se supone, se creó para democratizar la política exterior colombiana. Se regula por el Decreto-Ley 274 del 2000, el cual establece 7 categorías de cargos: Tercer Secretario, Segundo Secretario, Primer Secretario, Consejero, Ministro Consejero, Ministro Plenipotenciario y Embajador. Después de vinculados por concurso, los funcionarios ingresarán en la categoría de Tercer Secretario y ascenderán después de aprobar diferentes pruebas meritocráticas y de haber trabajado, mínimo, 4 años ininterrumpidos en cada categoría. En este esquema, nadie podría ser Embajador sin haber trabajado, al menos, 26 años en la diplomacia colombiana. Sin embargo, la constitución colombiana dicta que solo el 20% de los embajadores colombianos deben ser de carrera diplomática. El resto son posesionados por libre nombramiento y remoción del presidente.
Actualmente hay 9 embajadores de carrera en la jefatura de misiones diplomáticas colombianas en el exterior. El canciller Carlos Holmes Trujillo anunció que, próximamente, otras 11 embajadas adicionales serán asignadas a funcionarios de carrera. Con estas, serian 20 embajadas a cargo de diplomáticos de carrera, que corresponderían al 30% de las misiones de Colombia en el mundo. Una cifra neta récord pero que, al ponérsele la lupa, no resulta tan promisorio. Las once embajadas seleccionadas por el gobierno son: Honduras, El Salvador, Jamaica, Trinidad y Tobago, Argelia, Marruecos, Azerbaiyán, India, Tailandia, Vietnam y Singapur. A excepción de India, son todas delegaciones pequeñas sin mayor relevancia en la agenda política o comercial. Ninguna cuenta con más de cinco funcionarios de planta.
Las actuales nueve representaciones ocupadas por funcionarios diplomática son: Filipinas, Malasia, Finlandia, Austria, Israel, Holanda, Polonia, Irlanda y ONU Ginebra. Lo mismo: a excepción de Austria, ninguna cuenta con más de cinco funcionarios de planta y en algunos casos, como Filipinas, solo está el embajador y un apoyo administrativo, generalmente local.
El peso político marcado por las alianzas que llevaron a Iván Duque a la Presidencia es el rasgo característico de los embajadores de primer nivel, dándose casos francamente llamativos como el nombramiento del ex gobernador del Valle, de filiación conservador, Ubeimar Delgado en la embajada de Suecia, sin conocimiento de ningún idioma extranjero ni título universitario. La embajada de Canadá, un país clave para el país, estará ocupada por Federico Hoyos, un apoyo político del Centro Democrático en Antioquia, quien no ha cumplido ni los 33 años, tiene una limitada experiencia política y nunca ha ostentado un cargo diplomático en su vida. Catorce de las delegaciones claves de Colombia estarán en manos de 14 aliados políticos de campaña como lo muestra el siguiente cuadro.
Son pocas las veces que un funcionario de carrera llega a tomar las riendas de una embajada realmente importante. Uno de los extraños casos fue el nombramiento de Carlos Reyes como embajador de Colombia en Washington, quien reemplazó a Juan Carlos Pinzón en el 2017. Reyes tiene una extensa hoja de vida en temas de representación internacional y es impecable a la hora de rendir. Estuvo en el cargo menos de 2 años, pues fue removido en los primeros días de posesionado el presidente Duque y reemplazado con Francisco Santos, quien nunca había ejercido un cargo diplomático antes.
La decisión de la Cancillería con los nuevos nombramientos, que en efecto tiene un mayor alcance que en los gobiernos anteriores, responde a la directriz legal constitucional que obliga a que al menos el 20% de las delegaciones en el exterior deben ser ocupadas por funcionarios de carrera. Una decisión significativa a nivel cuantitativo pero que está lejos de mostrar una voluntad política de fondo para profesionalizar la carrera en el exterior y descontaminarla de la politiquería y el clientelismo, como criterio constante de todos los gobiernos a lo largo de la historia del país.
