A finales de agosto se realizó Andicom, el evento de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) más importante de Latinoamérica. El presidente de Colombia, Iván Duque, estuvo presente en la inauguración, donde presentó la política pública que propone para el sector.
La política propuesta por Duque se resume en la siguiente afirmación: “Un matrimonio entre el sector público y el privado es necesario para abordar los retos de la transformación digital del país". Palabras más, palabras menos, lo que propone el presidente es continuar beneficiando a las multinacionales de las telecomunicaciones [1], es más de lo mismo que sin éxito alguno ha probado el país durante más de 20 años, un “matrimonio” en el que la miel se la ha llevado el sector privado y la hiel el sector público.
La cifras expuestas por Duque demuestran el fracaso de la política que se propone profundizar, según afirma: “La brecha de penetración TIC de los estratos bajos con respecto a los altos es del 50%”, claramente las multinacionales que se han apoderado del sector, han enfocado las inversiones en los sectores “rentables” de la población, y han excluido a los sectores populares y a las zonas rurales, profundizando así la exclusión social y ampliando la brecha digital.
En Andicom Duque anunció un proyecto de ley para lograr la “modernización” de las TIC, el cual radicó recientemente ante el congreso con el No. 152/18 (senado): “Por el cual se moderniza el sector de las Tecnologías y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión y se dictan otras disposiciones”, para el que solicitó la semana pasada trámite de urgencia, el proyecto de ley de Duque pretende modificar la ley 1341 de 2009 (ley TIC), el marco general para la formulación de las políticas públicas que rigen el sector TIC en Colombia, que constituyó un salto adelante en la extensión y profundización de la política pública de liberalización, privatización y desnacionalización de las telecomunicaciones.
La ley TIC fue sancionada por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez y liderada por la ministra de comunicaciones (julio de 2006 – enero de 2010) y actual senadora uribista María del Rosario Guerra de la Espriella, quien reemplazó en el ministerio a Martha Pinto de Hart, quien conjuntamente con Álvaro Uribe Vélez, dos días después de que soldados del Ejército desalojaron a los empleados de las instalaciones principales de la empresa y de 13 sedes regionales denominadas teleasociadas, firmaron el decreto para la liquidación de Telecom y la creación de Colombia Telecomunicaciones, entidad que en el año 2006, en un proceso agenciado por el gobierno Uribista, termina bajo el control de la ineficiente multinacional Telefónica de España [2].
La urgencia de Duque por beneficiar a las multinacionales es tal que se atrevió a presentar un proyecto de ley abiertamente inconstitucional, pues propone ampliar de 10 a 30 años los permisos para el uso del espectro radioeléctrico (parte del espectro electromagnético), que se cataloga en el artículo 75 de la constitución como un “bien público inajenable e imprescriptible”, los cuales podrán renovarse hasta por 30 años más: ¡Una enajenación de facto! Duque no encontró mejor forma de congraciarse con Carlos Slim por la “embarrada” en la reunión del Círculo de Montevideo, que proponiendo enajenar un bien público a favor del magnate.
Los pupilos de Álvaro Uribe Vélez en Bogotá y Cali, Enrique Peñalosa y Maurice Armitage, han intentado sin éxito alguno, debido a la movilización de los trabajadores y la comunidad, privatizar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la Unidad de Telecomunicaciones de Emcali.
Gustavo Jaramillo, gerente general de Emcali, anunció hace poco, con bombos y platillos, que Duque hará la entrega del Cable Submarino del Pacífico, no hay motivos para celebrar, pues la misma receta neoliberal que viene aplicando Duque a nivel nacional, en contra de los trabajadores y el patrimonio público, es lo que le vendrá a avalar a Jaramillo.
