En las sociedades, como en los mares y los ríos, lo que se les quita por un lado lo cobran por otro. Tarde o temprano es la consecuencia de contrariar lo que la naturaleza y la dinámica social imponen. Lamentablemente, en Colombia hay una inclinación a escoger, como chivitos expiatorios de las crisis fiscales, por exceso de gastos, a la educación superior y la justicia, con el convencimiento de que sus cúpulas se resignan a los apuros que soportan de años atrás.
Esa ha sido mi experiencia porque estuve vinculado a los dos sectores. En la actualidad, tanto la justicia como la educación superior se quejan por la falta de financiación, pero también por otros descuidos e imprevisiones en las políticas a cargo del Estado. Con todo, no hay que ser rector o magistrado y juez para sentir ese viejo juego del Ministerio de Hacienda con ese par de víctimas de la incontinencia gubernamental si un déficit desborda el mínimo de prudencia que exige el manejo de los dineros públicos.
Por la década de los noventa, si la memoria no me es infiel, la alarma que suscitaba el monto de los egresos del Estado fue de tal magnitud que Gobierno y Congreso se pusieron de acuerdo, sin regateos ni refunfuños, para expedir un estatuto que racionalizara el gasto público. Pero como aquí somos tan singulares, ni aquella norma ni la adopción posterior de la regla fiscal han sido tatequieto para reducir el despilfarro y la corruptela. Las agallas y las mandíbulas de los más ambiciosos saben cómo tornear a los ordenadores del gasto.
Años hace que los rectores de las universidades públicas vienen advirtiendo sobre un peligro de colapso en estas instituciones, por la avaricia del Estado con la urgencia de inversiones para su funcionamiento. Pocos oídos han reaccionado. Al contrario, el Estado les exige calidad, por una parte, para acreditar sus programas, y por la otra, les merma sus giros para investigar, ampliar maestrías y doctorados con avances tecnológicos y científicos, con las plantas aconsejadas de investigadores y docentes que satisfagan ese conjunto de transformaciones, más el desarrollo físico que las albergue.
Ciertas liberalidades con las universidades privadas, tan receptivas a los privilegios por estudiar en ellas los hijos de los presidentes y los ministros, contribuyeron a lo que es un callejón sin salida que fue y seguirá siendo objeto de protestas. Le tocó a Duque afrontar lo que viene de un largo proceso de gestación y agravamiento. Véase, no más, lo sucedido con el programa ser pilo paga. Las cifras suministradas sobre el beneficio de las universidades privadas son elocuentes.
Si de las grandes crisis salen las grandes soluciones,
bendigamos la protesta estudiantil
y busquémosle solución al déficit de las universidades públicas
Si de las grandes crisis salen las grandes soluciones, bendigamos la protesta estudiantil y busquémosle solución al déficit de las universidades públicas. Las aristas del conflicto entre ellas y el Gobierno adquirieron ya características de riesgo, y justificado por mucho que el actual presidente esté libre de culpas por el crecimiento del chicharrón. Los gobernantes anteriores nos hablaban de cobertura y calidad, ciertamente, pero escurrían el bulto cuando de las academias, las gobernaciones, los distritos y los municipios planteaban ampliar la primera y consolidar la segunda. Colegios y escuelas están satisfechos por los 41 billones, y con razón; las universidades no, también con razón.
Es, pues, el momento para que Hacienda, Educación y el Departamento Nacional de Planeación definan una política de financiamiento de las universidades públicas, dejando atrás el uso de parches remendones con algunas de ellas. Sin educación no hay desarrollo ni futuro para tanto invento que lo impulsaría, y llegó la hora de compaginar la inversión y el gasto con los resultados. Se creyó que con medio billón de pesos la querella estaba resuelta. No. La exigencia es mayor, y convendría que el ministro Carrasquilla entendiera que la educación es tan indispensable como el agua, pero sin bonos.
Ojalá no se trate de dividir la inconformidad estudiantil privilegiando unas universidades y desconociendo otras para superar el trance. Eso es avieso e injusto. La crisis actual es fruto de procedimientos defectuosos en la proporcionalidad de los aportes. Por consiguiente, será clave el papel que la ministra de Educación asuma si su protagonismo corre parejas con su responsabilidad en el espinoso asunto.
