Además de ser un evidente retroceso en la esencia democrática y la participación ciudadana que inspiró la constitución de 1991, la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre la facultad de los municipios para prohibir la minería en sus territorios mediante consultas populares, adolece de varios errores, o fallas o problemas muy delicados, entre los cuales paso a destacar cuatro que lo dejan a uno perplejo por las razones en las que se fundamenta o por los efectos que genera.
El primero es que se basa en un error. Porque, con el debido respeto, para el grueso de los ciudadanos que saben leer y tienen algo de lógica, no es correcta la afirmación de que esos recursos son de La Nación. Dice, también erróneamente, el editorial de El Espectador del domingo catorce del presente mes, “Para el tribunal, los recursos del suelo y el subsuelo pertenecen a la nación, por lo que el Gobierno nacional es el llamado a permitir ese tipo de proyectos extractivos. Este argumento, que fue empleado por la administración de Juan Manuel Santos en respuesta a las consultas y que es compartido por las empresas interesadas en los proyectos, es razonable pues está acorde con la Constitución.” Pero no es tan acorde, aunque sí lo era con la de 1886: el artículo 332 de la Constitución de 1991 lo que dice es que “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.” Y por ninguna parte del largo texto aparecen afirmaciones que lo contradigan o generen dudas. ¿Cómo es posible interpretarlo de manera totalmente contraria?
El segundo es que, constitucionalmente, los municipios tienen, sin lugar a discusión, la autoridad sobre el uso del suelo y por ese suelo tienen que pasar los recursos que se extraigan del subsuelo. Por eso mismo, para construir un edificio, una casa, una carretera, para llenar un terreno, sus propietarios tienen que obtener licencia específica de la autoridad municipal. Con mayor razón pueden exigir su aprobación para todas y cada una de las obras que se requieren para operar una mina, incluyendo la remoción de capa vegetal, la apertura de túneles, de carreteras y, muy especialmente el hundimiento de terrenos, la utilización de fuentes de agua por cuanto limitan las posibilidades de otros usos, los cambios en el curso de su cauce, todo ello adicionalmente a la licencia ambiental, con la cual podrá no concordar, caso en el cual primará la decisión del municipio.
El tercero, que la minería, al menos en teoría, sin costo alguno y durante los pocos años que dura la explotación de una mina, genera algunos recursos fiscales a La Nación y, de paso, a los municipios. Pero estos resultan gravemente perjudicados con todos los costos y los irreversibles daños ambientales a su territorio: las tierras, las aguas, el aire, los ruidos, la disrupción de la sociedad y sus valores, … tantas cosas que se van en pocos años…
Y el cuarto, la quimera de la concertación. Sí, eso es y nada más. Ordenar que dos organismos se pongan de acuerdo sobre un problema tan complejo no tiene más sentido ni más realidad. Si usted dice que sí y yo digo no, ¿llegaremos a ponernos de acuerdo porque la ley nos lo ordena? Gravísimo también el desequilibrio de fuerzas: Gobierno Nacional en equipo con los inversionistas interesados, sin riesgo de perder un centavo contra el municipio, con todos sus costos ambientales y sociales. Lo que se debería ordenar es que una de las dos posiciones prevalezca y esa debe ser la de los municipios, que son los únicos llamados a perder.
