Educación superior, entre la desfinanciación y el crédito

Educación superior, entre la desfinanciación y el crédito

Dada la situación, parece que no hay más opción que modificar el esquema de financiamiento del sistema estatal universitario

Por: Marcel Lopez - Edil de la Comuna 6 de Cali
octubre 18, 2018
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Educación superior, entre la desfinanciación y el crédito
Foto: Vidal Romero / Las2orillas

El mismo día de la marcha universitaria, 10 de octubre, el presidente Iván Duque a través de su ministro de Hacienda anunció $500 mil millones más para el presupuesto de educación en 2019. Del medio billón, $55 mil millones de pesos (el 11%) harían parte de la base presupuestal de 32 universidades y 30 instituciones tecnológicas, y los $445 mil millones restantes serían destinados al Ministerio de Educación para inversión, programa de gratuidad gradual y calidad educativa.

¿Por qué la comunidad educativa calificó el anuncio del presidente Duque como un “conejazo”? ¿Por qué el reclamo de la comunidad educativa por más presupuesto para la universidades públicas es un debate estratégico para el país? ¿Cuál es el racionalidad económica de destinar más recursos para el aseguramiento de la calidad y el crédito-beca educativo y no para el funcionamiento del sistema universitario estatal? ¿Por qué la política pública de crédito educativo tipo “hipoteca” y “financiación contingente al ingreso” empuja a la educación al ánimo de lucro? ¿Explica esa racionalidad porque la ministra niega el déficit de funcionamiento del SUE de $ 3.2 Billones y el déficit de inversión de $15 billones? ¿Qué está pasando en la Universidad del Valle?

“Un conejazo”: sin recursos para inversión y funcionamiento

Las 32 universidades públicas reciben anualmente $2.9 billones de pesos. Desde el 1992 el aporte público crece con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras los gastos (o costos) se incrementan en 4 puntos promedio por encima del IPC[1]. Este desfase entre el IPC y el crecimiento real de gastos representó una caída de la financiación per cápita de la educación superior pública. El gasto público en 1993 de $ 10,9 millones al año por estudiante se redujo hasta $4,7 millones en 2018[2]. Mientras los costos marginales de la educación y la investigación son crecientes, los ingresos estatales se mantienen congelados originando un déficit en funcionamiento de $3.2 billones y $15 billones de inversión[3].

La propuesta del presidente Duque de distribuir 55 mil millones entre las universidades y los institutos técnicos no revierte la tendencia de la desfinanciación per cápita de las universidades, porque no apunta a modificar el esquema de financiamiento del sistema estatal universitario, por esto la comunidad universitaria calificó la medida de Duque como un conejazo.

En el mismo sentido, las universidades públicas fueron obligadas casi que a triplicar la cobertura, pero los profesores de planta no aumentaron en la misma proporción. El 70% de los profesores universitarios hoy tienen un contrato precario, trabajan 8 meses al año, 4 meses sin seguridad social y sobre ellos seguirá recayendo la desfinanciación del sector educativo. El Estado, en parte, descargó la crisis en los trabajadores de la educación[4].

La modificación del decreto 1279/1992 que reglamenta el régimen salarial de los profesores no parece restablecer las garantías laborales de profesores ocasionales y hora cátedra. La figura de “renovación de nombramiento” y el no reconocimiento de la producción científica en la base salarial que propone el nuevo del decreto podrían afectar la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los profesores respectivamente[5].

Últimas reformas tributarias y actual PNG: ¿continuismo?

En el periodo entre 2011-2012 se registraron adiciones presupuestales a las universidades debido principalmente a la presión del movimiento estudiantil y profesoral, la reforma tributaria del 2012 cambio estas estas adiciones por el aporte de 0.2 puntos del impuesto de renta (Cree). El problema radicó en que esos recursos del CREE fueron desviados principalmente para financiar la política educativa de crédito educativo.

La “reforma tributaria estructural” del 2016 no apuntó a cerrar el déficit presupuestal de las universidades públicas ni a corregir el desvío de recursos del CREE de la reforma tributaria anterior. Los $1.2 billones adicionales para la educación superior, recaudados por el imporenta, IVA, y tributación de las cooperativas[6] estuvieron comprometidos para Icetex y el sistema de calidad[7]. La crisis de infraestructura de las Instituciones de educación superior pública que se agudizó en 2016 no fue atendida[8]

La distribución de los $1.2 billones reforzó la tendencia de la anterior reforma de dificultar la llegada de recursos públicos a las universidades públicas. De los $ 600 mil millones que la reforma destino para crédito-beca, solo el 25% llegaron a las universidades públicas

Y parte de IVA se destinó para un fondo de crédito educativo tipo “contingente al ingreso” y financiar el programa Ser Pilo Paga. El gobierno de Santos con esta actuación priorizo la política de crédito educativo, dejando en segundo plano el problema estratégico del sistema universitario estatal y reforzó la desfinanciación de la universidad pública.

Actualmente, la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019 no aparenta ser distinta a las anteriores. Después de una reunión con el viceministro de educación superior, los rectores de las universidades públicas solicitaron a los congresistas la no aprobación de esta ley de debido a que “no contempla incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensable para continuar cumpliendo con nuestras labores misionales[9]”. De los $2 billones adicionales para educación superior se destinarán solo $34.000 millones para el funcionamiento de las universidades públicas, el resto, $1.97 billones de pesos son para el sistema de aseguramiento de la calidad, Icetex y estampilla proUnal[10]. El PGN de Duque, al igual que las dos reformas tributarias de Santos, fortalece la presencia del ICETEX en todo el sistema educativo.

La educación con ánimo de lucro y la política educativa de créditos-becas

El Icetex es un banco de segundo orden que tiene una cartera de $5.4 billones colocada en el mercado[11]. La propuesta de Duque de intensificar el crédito “contingente al ingreso” probablemente no revierta la tendencia de impago generalizada debido a la agresividad de las cuotas y el alza de las tasas de interés del crédito hipoteca pero si distribuye el riesgo financiero entre las universidades y los estudiantes. La condición de pagar el crédito según el ingreso del prestatario una vez ingrese al mercado laboral tampoco garantiza una disminución del riesgo de impago debido a la informalidad laboral extendida. El Estado tendrá que irrigar mayor recursos para mantener la confianza inversionistas del Banco Mundial (el principal financiador) y evitar el estallido de una burbuja.

Los créditos del BM en Colombia superaron los $1000 millones de dólares en los últimos 15 años[12]. Este banco internacional actúa como Consultor “independiente” y prestamista simultáneamente. La recomendación para que el Estado cese de intervenir el mercado de la educación superior a través de subvenciones de las IES públicas[13], empuja la privatización del sector y masificación del crédito educativo. Para este banco el financiamiento público es una intervención indebida que impide la libre competencia entre las universidades privadas y públicas[14].

En el mismo sentido, Fedesarrollo propone al Icetex la titularización o empaquetamiento de las “cuentas por cobrar” de la entidad para poder participar en el mercado de capitales[15], para así poder financiar y abaratar los nuevos créditos, evitar los impagos y contribuir con una masificación del crédito estudiantil.

Estas alternativas de financiación y abaratamiento del crédito podrían ser atractivas para la llegada de capital financiero siempre y cuando se reviva el proyecto de la educación superior con ánimo de lucro, ocurra una desregulación el sector y se fortalezca un sistema de aseguramiento de la calidad. La desfinanciación estatal de las universidades públicas, el crecimiento de la autofinanciación y la titularización de la deuda del Icetex son pasos hacia la privatización de la educación superior pública y la desregulación del sector.

Sin sueño modernizante y la injerencia externa

La decisión de liquidar empresas públicas, reducir aranceles y ceder el control de tasa cambio con la apertura económica de 1991 significó una renuncia expresa por parte del Estado en intervenir sectores estratégicos y con ello a cualquier sueño modernizante de sofisticar el aparato productivo y aparato educativo. El Estado perdía injerencia en telecomunicaciones (Telecom), agricultura (Idema), minería (Ecominas y Ecocarbón), Construcción de vivienda (ICT), industrial (IFI), transporte marítimo, transporte aéreo (flota Grancolombiana), comercio de alimentos (Cavasa), etcétera; y concomitantemente se aplicaba el “Plan de Apertura Educativa 1991 -1994, PAE y la ley 30/1992 . La agencia internacional (Banco Mundial) que presionó la apertura educativa[16], años después fue beneficiada con contratos del Icetex.

Actualmente el 80% de las exportaciones nacionales son de materias primas de baja transformación tecnológica y en la medida que la apertura económica se vaya profundizando hasta la masificación de tratados de libre comercio no se vislumbra un aparato productivo complejo que cuente con la capacidad de jalonar la ciencia, empleo y la educación nacional, por el contrario una economía de capitales especulativos empuja hacia un sistema educativo con ánimo de lucro y desligado de los propósitos nacionales.

Una mirada a la Universidad del Valle (Univalle)

El déficit de Univalle de $30 mil millones[17] se intensificará en los próximos años si el ministerio de Hacienda no actualiza los datos pensionales y adiciona $14 mil millones al fondo pensional. La universidad le ha tocado desviar recursos de infraestructura para cubrir este déficit pensional. La desfinanciación de la Universidad del Valle podría afectar proyectos e inversiones misionales en el corto plazo

No se contempla que la autofinanciación la universidad (de 21% en 2000 a 47% en 2017[18]) pueda compensar los recursos no girados del CREE e IVA. La tendencia decreciente de la inversión de 17 mil millones en 2000 a 13 mil millones en 2017[19] podría acentuarse en los próximos años.

Varios procesos vitales para la universidad como la convocatoria docente, donde 452 aspirantes compiten por 37 cupos ofrecidos[20] podría retrasarse hasta que no haya claridad en las asignaciones presupuestales, este nombramiento de profesores es una necesidad apremiante, dado que algunos profesores tienen una sobre carga laboral de hasta 1.600 horas semestrales, cuando lo reglamentario son 880 horas. Las tecnologías en ingeniería, medicina y las sedes son programas de profesores de medio tiempo[21] que necesitan de profesores de tiempo completo.

Por otra parte, las 9 sedes demandan mejor financiación para finalizar el proceso de regionalización. La falta de recursos se podría traducir en un desmejoramiento de las condiciones laborales y calidad educativa con el fin de mantener el equilibrio económico. El problema se agrava por la necesidad de ampliar la oferta educativa, mejorar el bienestar universitario.

Igual ocurre con la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad que requiere de mayores recursos para poder cumplir reglas improcedentes del sistema de acreditación nacional, y así competir en las bolsas concursables.

En maestrías y doctorados se mantiene la tendencia de no alcanzar el número de candidatos para alcanzar el punto de equilibrio. Los estudiantes al no tener acceso a becas completas buscan mejores oportunidades en otras universidades nacionales y extranjeras. Además, en lo que va corrido del año Colciencias no ha girado recursos que dificultan a la universidad mantener la capacidad científica alcanzada por los 157 grupos de investigación y las 23 tecnologías patentadas susceptibles de transferir a la sociedad.

 Comentarios finales

  • El presidente Duque mientras se encontraba en campaña se comprometió a duplicar el presupuesto para Colciencias, revivir la comisión de sabios y fortalecer la financiación para los doctorados nacionales e internacionales; pues bien, en la ley de presupuesto general de la nación no se destinan recursos para estas propuestas
  • La ACREES (Asociación de Representantes Estudiantiles) en un salto cualitativo con respecto a organizaciones pasadas está compuesta por representantes elegidos democráticamente de universidades públicas y privadas. Además, en ella confluyen sectores políticos de todos los colores. Es una organización gremial que ha puesto como condición de diálogo con el gobierno la participación de todos los demás actores del sistema; rectores, trabajadores, profesores, científicos y movimientos de estudiantes.
  • Comentarios al comunicado de rector de la ICESI[22] :
    1. Propuestas como la titularización de las deudas del Icetex, masificación del crédito, buscan es precisamente que el subsidio de la demanda sea cada vez menor, focalizado, y se permita la educación con ánimo de lucro.
    2. El Icetex está buscando alternativas para que el riesgo financiero de los créditos estudiantiles también incluya a las universidades (Estudio de Fedesarrollo), cuota inicial de una futura burbuja financiera debido a la alta probabilidad de impago.
    3. Cuando el movimiento estudiantil se opone a la educación sin ánimo de lucro y demanda subsidios a la oferta defiende “la pluralidad del sistema de educación superior”, convencidos que la desfinanciación per cápita (4 millones/ estudiante) de la universidad pública atenta contra la calidad educativa de todo el sistema educativo, generando brechas que a la larga afectan a la nación como un todo.

 

[1] El movimiento estudiantil lucha por sus derechos

[2] Trino de Aurelio Suárez

[3] SUE rechaza Ser Pilo Paga y cualquier reforma de este

[4] Foro por la dignidad de la educación pública superior. Los rectores de las universidades públicas, minuto 2:05:12.

[5] Los argumentos de los profesores universitarios en rechazo de la posible reforma del 1279

[6] El movimiento estudiantil lucha por sus derechos

[7]  El movimiento estudiantil lucha por sus derechos

[8]Se cayó parte del techo de la Universidad Nacional por lluvias

[9] SUE rechaza Ser Pilo Paga y cualquier reforma de este

[10] SUE rechaza Ser Pilo Paga y cualquier reforma de este

[11] Presidente del Icetex dice que becas se están perdiendo porque no hay aplicantes

[12] ¿Que el Gobierno financia demasiado a las universidades públicas?

[13]Momento decisivo. La educación superior en América Latina y el Caribe

[14] ¿Que el Gobierno financia demasiado a las universidades públicas?

[15] Financiación de la educación superior a través del Icetex: estimación de necesidades de recursos a futuro y propuestas de mecanismos de fondeo

[16]  El Tiempo, Feb 27 de 1990.

[17] Proyectos de investigación en Univalle, afectados por déficit presupuestal de universidades públicas

[18] Anuario Estadístico 2017, pagina 177

[19] Anuario Estadístico 2017

[20] Acta No. 015 de 2018.

[21] Acta No. 01 del Consejo Superior del 12 de enero de 2018 pag 4

[22] Comunicado a la comunidad universitaria

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