En la Para-disiaca ciudad de Santa Marta es frecuente escuchar quejas ciudadanas alusivas al transporte urbano, entre las que sobresalen especialmente tres: la constante alza del precio en los buses, el mal estado mecánico en el que se encuentran las ‘chatarritas’ y especialmente la famosa guerra del centavo, en dónde conductores se riñen por los pasajeros en las calles, irrespetando reglas tan básicas como semáforos y cebras. Con ello, además de afectar el bolsillo ciudadano, se expone a los usuarios a un peligro innegable. Si bien esta desafortunada situación ha sido una constante desde hace más de 10 años, en este escrito no pretendo darle continuidad a esta serie de quejas que abundan por las redes sociales. Por el contrario, intentaré mostrar tan solo una de las tantas caras del asunto: La posición del gremio de buseteros.
Por estos días se sabe de un paro en la ciudad gestado por los conductores y dueños de buses, a consecuencia de la próxima chatarrización de decenas de estos vehículos que cumplieron su tiempo de vida útil. Ello, además de alterar la rutina ciudadana, ha generado comentarios en los que se refleja la inconformidad ciudadana: ‘Ay, mandan huevo esos buseteros’ o como apología a la nueva canción de moda: ‘Que las chatarricen y les den serrucho’.
Pero ya es hora de pasar esa vieja página que se lee desde hace tantos años. La ciudadanía tiene el deber de leer un panorama que la mayoría desconoce porque solo ve de chatarras para afuera, y para empezar a darle forma a este problema se debe aclarar que, la protesta de los buseteros NO es exactamente por la futura desaparición de sus vehículos, pues este hecho inminente se acordó hace varios años ya entre el mismo gremio y la alcaldía de la ciudad. La real cuestión del paro tiene que ver con la desaparición/robo del fondo de reposición: Un dinero que los buseteros pagaban mensualmente a las empresas de transporte a las que están inscritos (recordemos que estas son: Rodamar, Cootransmag, Rodaturs y Transportes Bastidas). Esta mensualidad era nada menos que un fondo de ahorro del gremio con el que, llegado el momento de chatarrizar los carros, su propietario reclamaría el efectivo para tener un soporte económico que bien se pudiera invertir en un negocio distinto, o bien se utilizara como una cuota inicial para poder sacar otra buseta, esta vez, por supuesto, ‘nuevecita y flamantica’ al servicio de la ciudad.
Además de haber desaparecido los ahorros que garantizarían la seguridad económica de cientos de familias, se suma el hecho que ahora las empresas de transporte urbano ‘los quieren arreglar’ con $700.000 mil pesos por cada buseta para de esta forma echarle tierra al asunto. Como si esto no fuese suficiente y para finalmente decorar semejante cagada, es el gremio de buseteros quien debe costear los gastos de chatarrización, equivalente a un aproximado de un millón de pesos. En otras palabras: Rodamar, Rodaturs, Cootransmag y Transportes Bastidas se mamaron los ahorros de los buseteros, los dejaron sin trabajo y la miserable suma con la que los pretenden arreglar, no alcanza ni para liquidar y cerrar el ciclo de las nobles chatarritas.
El gremio de buseteros resulta ser uno de los colectivos más vulnerados en la ciudad: a una buseta de transporte urbano se le cobran 51.000 diarios de administración (es decir, un millón quinientos treinta mil pesos mensuales) y estos se cancelan así el carro esté varado, lo cual es común por el estado de las vías y la edad de los buses. De no pagar dicha mensualidad, estos buses son reportados a la policía de tránsito por las propias empresas para ser llevados a los patios; con esto se les dice: o nos pagan y siguen trabajando, o les encerramos las busetas y tampoco trabajan. Si la buseta no se varó y logró pagar a su esclavista, se espera que con la bendición de la virgen del Carmen, patrona de los conductores, se solventen con éxito también en las próximas semanas y meses los gastos que genera internamente: Llantas, aceite, pastillas, gasolina, impuestos, permisos y papeles, entre otros.
Pero si esta situación afecta a los propietarios, a los choferes no les va mejor: si bien les cancelan salud y pensión sobre un salario mínimo, cuando van a reclamar las primas vacacionales las empresas les descuentan sobre estas primas la totalidad de lo que les pagaron en salud y pensión durante todo el año. De igual forma, las empresas legalmente presentan pagos por nóminas que por supuesto, son falsos.
Esta forma de esclavitud moderna es el meollo del asunto: La subida de los pasajes, el deterioro de los carros y la lucha del centavo no son más que una expresión de la miseria y la necesidad en la que está sumida hoy día el gremio de buseteros, y que se ve reflejado en las tantas quiebras de sus propietarios. De ñapa, el que reclame es vetado para trabajar en cualquiera de estas 4, y si jode mucho lo mandan a matar, como sucedió con Álvaro Uribe Múnera y Richard Rangel.
Alvarito, como le decían de cariño sus amigos, era dueño de una buseta inscrita en la empresa Cootransmag. El, junto con un grupo más de buseteros, intentaron construir una cooperativa que fuese solidaria con el gremio. Una cooperativa que permitiera no solo beneficios económicos para los propietarios, conductores y usuarios, sino que mejorara la calidad del servicio. Con esta idea Alvarito lideró y se convirtió en presidente de Cootransbas, una empresa constituida desde el propio gremio de buseteros que alcanzó a tener casi todo el apoyo del mismo. Y como siempre, en esta ciudad a todo aquel que se oponga a intereses privados, lo matan y Alvarito desafortunadamente no fue la excepción. Lo mataron una noche cuando llegaba a su casa y dejaron viuda a su esposa y a unos hijos sin padre. Al resto del grupo lo callaron con amenazas, y a esta intención ciudadana, también la mataron. A Richard Rangel Serrano lo mataron porque descubrió un desfalco en Cootransmag hace dos años, rumoran los conductores. “Pero hay que tener mucho cuidado con esta clase de comentarios, porque ellos (las empresas) subsidian a las bandas de los paracos y cuando quieren matar a alguien pasan la queja y dicen que es un revolucionario”.
A diferencia de lo que un alto porcentaje de opiniones locales pregonan, el servicio de transporte urbano de la ciudad de Sta Mta NO es público. Esto cuesta creerlo debido a que se tiene la falsa idea que lo privado resulta ser más eficiente y efectivo en contraste a lo público. Como ejemplo claro, que hablen quienes gozan de una EPS pre-pagada y quienes se ven sometidos al ibuprofeno del Sisbén.
Aunque no es mi intención ser pesimista, presiento con gran tristeza que este paro no hará mucha diferencia para sus militantes por dos razones: Primero, porque el gremio está en manos de empresas privadas aliadas a bandas armadas, como se ha reconocido en las versiones libres de varios desmovilizados, y segundo, como ya mencionaría Alejandro Arias, porque el ministerio de transporte, que es a quien le compete realizar una investigación para conocer qué sucedió con el fondo de reposición y las demás irregularidades internas, está aliado con estas empresas y trata de imponer un proyecto que deja en la calle a cientos de propietarios hoy sumidos en el miedo y el abandono por cuenta del Gobierno Nacional. (Alejandro arias, 2013).
En Sta Mta la gente no pareciera comprender que las chatarritas no son más que una parte mínima del problema. Incluso la más pequeña. Resolverla solo requiere que cientos de ciudadanos se endeuden con bancos para comprar unas más grandes y nuevas en una ciudad que no tiene capacidad vial para las mismas. Pero recordemos que se robaron los ahorritos y ahora los quieren callar. En el caso utópico de devolver los dineros, chatarrizar las busetas y traer unas nuevas solo continuaría con el circulo vicioso que han construido las monopolios del transporte urbano, quienes se han venido lucrando del trabajo local, sin que la gente tenga más postura crítica para decir algo distinto a: 'son chatarras que deben serruchar'
Viendo esta cara de la moneda, ¿No tienen pues, el derecho de protestar y de ser escuchados todos aquellos que están siendo directamente afectados? Y si se pretende construir una ciudad incluyente y justa, ¿No deberían los ciudadanos cerrar esa postura limitada sobre las chatarras? y empezar a comprender que el panorama general es mucho más complejo que unos simples carros viejos, y que se está tragando y llevando por delante el desarrollo de la ciudad y a sus ciudadanos desde hace más de dos décadas, a cuenta de unos intereses particulares demasiado soberbios y peligrosos para ser ignorados. Santa Marta, ¡Despierta!
