La Corte Constitucional decidió quitarle fuerza a la Consulta Popular como mecanismo para aprobar o negar proyectos mineros y de hidrocarburos en los territorios. La magistrada Cristina Pardo, exsecretaria jurídica del expresidente Santos y considerada la línea más conservadora dentro de la Corte, presentó la ponencia que fue aprobada 5 votos contra 1. La petrolera Mansarovar Energy, una asociación de capitales de las estatales Sinopec Corp. (República Popular China) y ONGC Videsh (India), puso una tutela asegurando que las poblaciones no podían decidir sobre los recursos y el subsuelo, que le pertenecen al Estado, aún más cuando las empresas ya tenían contratos firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos —ANH—. Con la ponencia, Cristina Pardo le ordenó al Congreso legislar en los próximos dos años para que se cree un mecanismo de participación para decidir sobre ese tipo de proyectos. A través de la Consulta Popular se frenaron nueve proyectos en el pasado, pero ya no se podrá volver a usar.
