El asunto de la financiación adecuada de las universidades públicas no es de poca monta si se considera que los dos ejes centrales del manejo del Estado en nuestros días son la educación de calidad, puesto que tenemos que integrarnos a la sociedad del conocimiento; y la búsqueda de la equidad, puesto que la inequidad social es el principal obstáculo para el desarrollo. Y no existe una institución que pueda garantizar mejor ambas cosas que la universidad pública, con su acceso universal por meritocracia.
Solo el Estado con sus recursos está en capacidad de establecer y mantener el costoso montaje que requiere una educación superior de calidad y ponerlo al servicio de todos los ciudadanos independientemente de su nivel económico. La educación pública universitaria en Colombia ha sido el más poderoso generador de oportunidades para quienes no pueden pagarse sus estudios en una universidad privada, lo cual claramente ha repercutido en la formación de una clase media con buenos niveles de ingreso, en el desarrollo del sector productivo y en la equidad social.
Es un principio esencial de la democracia que los recursos públicos destinados a la educación superior, vayan al financiamiento de las universidades públicas. Es lo que los especialistas llaman la financiación de la oferta académica: estudios superiores de calidad a los que puedan tener acceso todos los ciudadanos, por sus méritos personales. Lo cual no obsta para que existan programas de financiación de la demanda, es decir que se facilite el acceso a la educación superior privada a las personas que quieren educarse en ella pero no tienen los recursos necesarios, en lo cual el Estado puede ayudar con programas de becas o créditos reembolsables en condiciones que se ajusten a la fragilidad económica del prestatario.
Así había venido funcionando en Colombia con razonable éxito, hasta que la administración Santos decidió fortalecer la financiación de la demanda con el programa Ser Pilo Paga, para que estudiantes talentosos pobres llegaran a las mejores universidades privadas. Santo y bueno si hubiera sido un programa complementario financiado con otras fuentes de recursos. Pero por las limitaciones presupuestales terminó por financiarse con los fondos legalmente destinados, por la misma administración Santos, a las universidades públicas. El resultado es que se ha agravado su déficit acumulado que nace del hecho simple de que su costo de funcionamiento crece más allá del ajuste legal anual de sus presupuestos de acuerdo con el costo de vida. Las universidades públicas reciben recursos por concepto de matrículas, consultorías, convenios interadministrativos, aportes regionales y locales, pero el grueso de sus recursos sigue siendo del presupuesto nacional. Reducirlos en mayor cuantía es impedirle cumplir su misión institucional.
En cifras, 40 % de medio punto del IVA social, equivalente a 700 000 millones de pesos, más 15 % del impuesto que se creó para para las cooperativas, 140 000 millones, recursos que la ley de reforma tributaria 2016 asignó específicamente a la educación superior pública, fueron desviados con una interpretación legalista a financiar el Ser Pilo Paga y los préstamos del Icetex, que van principalmente a las universidades privadas. Además los recursos destinados a la educación superior pública que se financiaban con el abolido impuesto a la renta para la equidad, Cree, fueron reemplazados por el 0.6 del 9 % del impuesto complementario a las rentas, pero sufrieron una desviación similar. Como consecuencia las 32 universidades públicas necesitan un presupuesto adicional para el 2019 de 500 000 millones y una solución a su déficit acumulado de funcionamiento de 3.2 billones.
Los recursos de Ser Pilo Paga,
se convirtieron en una fuente muy importante de ingresos
para las universidades privadas acreditadas, que por supuesto no quieren perder
Los recursos de Ser Pilo Paga, que se convirtieron en una fuente muy importante de ingresos para las universidades privadas acreditadas que por supuesto no quieren perder, financian la totalidad de las altas matrículas de los estudiantes que son aceptados por ellas; pero sólo el costo promedio por estudiante de los pocos que llegan a las universidades públicas, las cuales exigen altos puntajes de acceso. Como consecuencia ha habido un claro y cuantioso traslado de recursos del presupuesto nacional de la educación pública a la privada, lo cual es una perversa manera de buscar la equidad social. La universidad pública atendió 611 800 estudiantes en el 2017 a un costo de 2.9 billones de pesos mientras el costo de educar 40 000 estudiantes de Pilo paga es de 3.5 billones.
El actual proyecto de presupuesto nacional 2019 no considera recursos adicionales para las universidades públicas. Lo que éstas están pidiendo al nuevo gobierno y al Congreso, que escuchan el tema con atención, es que se cumpla la ley. La comisión primera del Senado solicitó unánimemente al gobierno la adición de 500 000 millones para 2019. Si no se logra, vienen tiempos difíciles para ellas y su gobernabilidad. No se trata de poner a pelear a las públicas con las privadas, ni de negarles oportunidades a estudiantes pobres, sino de evitar que por dejar a las privadas con pilos se deje a las públicas sin pilas.
