En mi artículo titulado Colombia: ¿Santos Operador político contra Venezuela o Jefe del Estado colombiano?, publicado en marzo del 2018, expresé: “Es evidente que el presidente Santos Calderón y su estrategia es la de acallar sus graves problemas internos y atizar la confrontación interna en su vecino país, en función de crear las condiciones que permitan la intervención 'humanitaria', de una coalición militar apoyada por la OEA, derrocar al gobierno legítimamente constituido de Nicolás Maduro y establecer el gobierno 'democrático' al servicio de los Estados Unidos”.
Con el gobierno de Iván Duque nada ha cambiado respecto a Venezuela y podría decirse que, aún peor, es el nivel de subordinación a Estado Unidos con respecto a su política exterior, especialmente contra Venezuela, es sin dudarlo una política errada, injerencista y desenfrenada.
El presidente Duque se declara contrario a una acción militar contra Venezuela. Sin embargo, su embajador en Washington Francisco Santos Calderón y su canciller Carlos Holmes Trujillo han declarado abiertamente que están a favor de una intervención militar humanitaria. De lo que se deduce que hay un doble discurso o que hay contradicciones en el seno del gobierno colombiano y el oficialista partido Centro Democrático, en la política a seguir contra Venezuela. Sobre las contradicciones entre el presidente Duque y Álvaro Uribe Vélez se comentan en círculos políticos cercanos al Centro Democrático, Duque quiere tener toda la libertad y apoyo en determinadas políticas y al parecer no son del agrado de Uribe y también Duque quiere, aparentemente, tomar distancia de la sórdida y del horroroso pasado de la familia Uribe.
No es a Colombia a quien le conviene una guerra contra Venezuela, la situación política, económica y social del actual gobierno es débil y el descontento es generalizado, lo que se ha agudizado con las medidas y leyes propuestas por el actual ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que afectan muy seriamente a la población más pobre, a la clase media y favorece a los sectores más ricos del país y sobre todo a las grandes transnacionales.
El conflicto armado interno, a pesar de la desmovilización de las Farc-Ep, se mantiene y fortalece, entre otras razones, porque según publicó la semana pasada el diario New York Times, el 40 por ciento de los desmovilizados, unos 2600 ex guerrilleros de las Farc, sintiéndose traicionados por el gobierno de Juan Manuel Santos y por el actual gobierno de Duque, han tomado otras vez las armas y se han incorporado a las insurrectas guerrillas de las Farc-Ep que no aceptaron los acuerdos de paz, por considerarlos contrarios a las históricas posiciones revolucionarias de Manuel Marulanda y Jacobo Arena. Mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se mantiene intacto y sus estructuras se han fortalecido, no solo en el campo militar, también en el movimiento político y social.
Hay un hecho importante que no se puede dejar de mencionar, el llamado Grupo de Lima conformado por Luis Almagro, Secretario General de la OEA, con el avieso fin de promover y apoyar una resolución contra Venezuela en la Cumbre de las Américas, que tenía como fin respaldar una intervención militar humanitaria tuvo un rotundo fracaso, de nada bastó las presiones del vicepresidente Mike Pence a algunos de los presidentes y jefes de gobierno asistente a dicha cumbre, que no formaban parte del Grupo de Lima, estos se negaron a plegarse a dicha propuesta.
El Grupo de Lima ha continuado desarrollando una fuerte campaña mediática y mentirosa contra el gobierno bolivariano, pero oponiéndose a la opción militar, tal es así que respondiendo a las declaraciones intervencionistas de Luis Almagro en Cúcuta, Colombia, la pasada semana hicieron pública una fuerte declaración contraria a una acción militar contra el gobierno de Nicolás Maduro. De los 14 países miembros del Grupo de Lima, solo 11 suscribieron dicha declaración, sospechosamente Colombia se opuso y no la firmó.
Obviamente es una conducta muy sospechosa, porque con los más de 2000 kilómetros que comparte de frontera con Venezuela, el gobierno neogranadino debía ser el más interesado en oponerse a una acción armada en el vecino país y más si se plantea el uso de su territorio para tales e ilegales propósitos.
La intervención militar “humanitaria” contra el gobierno bolivariano está presente en la agenda del actual presidente de los Estados Unidos, eso no debe dudarlo nadie, de lo contrario, Estados Unidos no hubiera invertido y continúa invirtiendo millones de dólares en financiar a la oposición interna y a sus aliados colombianos, que desarrollaron acciones militares y paramilitares en territorio venezolano, ofrecieron entrenamiento, apoyo logístico y participación en las guarimbas, acciones de las cuales no son ajenos los gobiernos de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón.
En ocasión de iniciarse el pasado martes 25 de septiembre la 73 Asamblea General de la Naciones Unidas en New York, la inmensa mayoría de jefes de Estado y gobierno hablaron la mayor parte de su discurso a favor de la paz, en la lucha por erradicar el hambre y el tema climático. El presidente estadounidense Donald Trump se tomó varios minutos no solo para acusar a Cuba de ser la patrocinadora de Venezuela y de un socialismo fracasado, sino para señalar que el Socialismo ha llevado a Venezuela a la bancarrota, al sufrimiento y corrupción. No mencionó que los problemas de Venezuela son provocados por la brutal guerra silenciosa y económica que Estado Unidos le ha declarado al gobierno bolivariano, al aplicar sanciones unilaterales que violan el derecho internacional y el de la Organización Mundial del Comercio, política que dijo que continuará aplicando.
Hay que decir que a esa política se ha sumado la Unión Europea y unos cuantos países de América Latina, entre ellos México, Brasil, Argentina, Chile, Perú entre otros. Los presidentes de estos tres últimos países hablaron más ante la Asamblea General de la ONU del tema Venezolano que de los asuntos globales y de los graves problemas que enfrenta la región y que ellos enfrentan en sus respectivos países. Mauricio Macri se atrevió a decir que Argentina acusará a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por la crisis humanitaria, como sí él en su país tuviera a su pueblo viviendo en la abundancia. Macri ha creado una grave crisis humanitaria al entregar el país al FMI; existen serias violaciones de los derechos humanos al no poder aclarar el asesinato de Santiago Maldonado por agentes del estado; mantener en prisión a la luchadora indigenista Milagros Salas, igual que al joven dirigente de la organización Quebracho, Fernando Esteche, quien lleva más de 8 meses preso sin ninguna prueba de lo que se le acusa, al parecer ser de izquierda en Argentina es un delito.
Mientras que de igual modo, con absoluto descaro, se pronunciaron apoyando a Trump los presidentes de Chile y Perú, el primero Sebastián Piñera, vinculado al pinochetismo y a promover y apoyar la impunidad de los criminales de la guerra sucia de la dictadura y enemigo del pueblo Mapuche y el peruano Víctor Vizcarra, presidente de facto en medio del caos, sin cumplir el llamado a elecciones como se comprometió y en medio de un mar de lodo e impudicia corrupta.
Todos ellos usaron esta tribuna internacional con fines de sembrar la misma matriz mediática de desprestigiar e ilegitimar al gobierno bolivariano en ese escenario, pero el discurso del presidente Nicolás Maduro y la contundencia de su exposición desarmó los reclamos injerencistas de los judas que tenemos en América del Sur.
Luego del también injerencista discurso del presidente Iván Duque sobre Venezuela, se conoció que el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, ordenó acuartelar a todas sus unidades, pero también se supo, por RCN y el portal Las2orillas, que fueron llamados a servicio a 2600 reservistas; mientras Rusia Today publicó que el gobierno de Duque invirtió 1000 millones en armamento de los cuales 667 millones para modernizar la Fuerza Aérea y defensa Antiaérea, inversión denunciada por la presidenta de la Unión Patriótica Aída Avella y el senador Iván Cepeda, señalando que mientras no hay dinero para darle tierra y apoyo a los campesinos se invierte en la maquinaria militar, contradictorio con el sentir del pueblo colombiano que clama por la paz y el cumplimiento de los acuerdos con las Farc-Ep.
Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, quien ha estado monitoreando el cumplimiento del Plan Maestro, diseñado y dirigido por el Comando Sur, para intervenir en Venezuela, declaró el pasado 27 de septiembre que por órdenes del presidente Maduro las Fuerzas Militares Venezolanas se habían desplegado en la frontera con Colombia. Es obvio que Pence tiene toda la intencionalidad de tensar las fuerzas de ambas naciones y es en ese escenario donde puede producirse alguna provocación de elementos paramilitares colombianos que operan en la frontera, cuyo papel en este plan es servir de carnada y provocar el enfrentamiento de ambas FF.MM.
Es cierto y público que se produjo, desde hace algún tiempo, el despliegue de la llamada Operación Estratégica Defensiva, acción militar absolutamente defensiva en la lucha contra los delitos fronterizos e impedir cualquier acción provocadora, la mención de Pence sobre esta legítima decisión del gobierno bolivariano es una forma más de colocar a Venezuela como un país provocador, cuando es a la inversa, las provocaciones contra los gobiernos de Chávez y Maduro desde Colombia han sido conocidos y públicos por la opinión nacional e internacional desde hace muchos años.
En otra orilla, resulta sorprendente que en medio de esta situación, el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, apruebe una resolución en la cual insta a Venezuela a “permitir la entrada de ayuda humanitaria”, esa fórmula diplomática para encubrir la intervención militar y provocar el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido de Nicolás Maduro. ¿Será que la ONU se prestara a promover y apoyar una intervención militar “humanitaria” en Venezuela?
Octubre crónica de una intervención militar anunciada no es porque recibí el mensaje de una pitonisa, es que el escenario arriba descrito está al parecer, en una fase decisiva para las fuerzas intervencionistas, lideradas por Estados Unidos y sus aliados que pueden provocar un grave conflicto armado, no solo en Venezuela, también Colombia recibirá severos golpes militares como lo anunció el diputado bolivariano Pedro Carreño, un ataque a Venezuela le deja el camino libre para responder militarmente al territorio desde donde se le ataca. ¿Estarán Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Ecuador en condiciones de enfrentar a sus pueblos frente a un hecho tan sumamente grave?
Las fuerzas progresistas, democráticas, revolucionarias de la región deben denunciar públicamente al mundo la demencial política intervencionista del presidente de Estados Unidos y de sus aliados y llamarle la atención de que una acción como esa tendría un alto costo político, económico y militar para el que se sume a esa aventura, más cuando esta política se realiza sobre la base de una gran farsa que han venido construyendo desde el Comando Sur a través del llamado Plan Maestro y cuyo fin es apoderarse de las grandes riquezas minero-energéticas venezolanas.
