A finales de 2010 el Concejo Municipal de Suárez, Cauca, había decidido archivar la propuesta para que el municipio se montara en el bus de los Bonos Agua, conocidos también como los Bonos Carrasquilla. Sin embargo, después del último debate, la propuesta fue revivida cuando el entonces alcalde Luis Fernando Colorado, hoy detenido por irregularidades en varios contratos durante su administración, presionó para que los concejales aprobaran la deuda por $2.162 millones, que va hasta 2029.
Inmediatamente llegó la plata, la alcaldía empezó a repartir jugosos contratos para construir acueductos veredales y hacer mejoras en la red de alcantarillado del pueblo. Fredy Canencio se ganó dos contratos, cada uno por $ 400 millones, en la cabecera municipal; en el corregimiento de Asnazú se firmó otro por $ 850 millones; uno igual se firmó para los corregimientos de Tamboral y La Turbina por $ 110 millones; y en La Toma se entregó otro contrato para instalar una motobomba, construir una red de bombeo y hacer un pozo profundo para el colegio de la zona, por un valor total de $ 60 millones. Siete años después, solo existe la motobomba de La Toma, y la Procuraduría y Contraloría le pusieron el ojo al resto de contratos que fueron demandados por irregularidades e incumplimientos.
En 2012, cuando Rubén Devia asumió la Alcaldía, se encontró con una deuda impagable que dejó al municipio con las manos atadas. La proyección que le entregaron era desalentadora pues no podían adelantar ningún pago y, según los cálculos de la Secretaría de Hacienda, el municipio, que se había endeudado por $2.000 millones, terminaría pagando cerca de $ 15.000 millones, la mayoría solamente en intereses.
En total, Suárez ha pagado $ 2.458 millones solo en intereses de la deuda, y todavía debe otros $ 2.018 millones.
"Ojalá el ministro Carrasquilla se invente una manera para aliviarnos esa deuda", es la conclusión de uno de los funcionarios de la alcaldía, quien prefirió reservar su identidad. Durante el debate de control político que le hizo Jorge Robledo al ministro el pasado 18 de septiembre, el senador del Polo aseguró que Carrasquilla había creado un negocio para empobrecer 117 municipios del país. Durante su pasó por el ministerio en el gobierno Uribe, Carrasquilla impulsó la creación de la Ley 1176/07, que les permitió a los municipios utilizar los recursos del Sistema General de Participaciones, —un fondo del Estado destinado para departamentos, distritos y municipios con el fin de invertir en salud, educación, agua potable y saneamiento básico— para empeñarlos y adelantar la recepción de esos dineros pagando una tasa de interés a un intermediario, todo con el fin de invertir la plata en la construcción de acueductos en los municipios. Lo único que tenían que hacer los alcaldes era incluir una promesa de construcción en su plan de gobierno.
En 2014, el Gobierno tuvo que salir al rescate de los municipios, que estaban ahogados con la deuda. El entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas anunciaba una medida que reemplazó los bonos agua: "Se terminó un proceso de gran importancia para estos 117 municipios que consiste en el retiro de estos bonos y su sustitución por préstamos y créditos otorgados por Findeter y la banca comercial, en condiciones mucho más beneficiosas". Sin embargo, según el exalcalde Rubén Devia, la medida no fue tan beneficiosa, aunque logró bajar la tasa de interés, que era del UVR +11, cuatro puntos.
En promedio, Suárez estaba pagando cerca de $ 200 millones de pesos trimestralmente, y cuando Findeter renegoció la deuda, el municipio quedó con una cuota de $ 100 millones. Pero lo más traumático, según la misma administración, está en la plata real que tienen para invertir en temas de acueductos y redes de agua potable. Anualmente, Suárez recibe cerca de $ 1.100 millones, pero a ese dinero hay que restarle el 40% que equivalen a los Bonos Carrasquilla, menos otro 25% de otra deuda que el exalcalde Colorado asumió a través del Plan Departamental de Agua, y otro 15% destinado a los subsidios de acueducto y alcantarillado. Al final, el municipio solo cuenta con $ 220 millones. "Eso no alcanza ni para comprar mangueras", asegura Lisifrey Ararat, uno de los actuales concejales que ha liderado el control político en defensa del agua.
Suárez todavía tiene varias cuentas pendientes con su gente. A pesar de que el municipio se endeudó para mejorar los servicios de agua, en ninguna de las 67 veredas hay acueducto. "El PDA —Plan Departamental de Agua— por ejemplo hizo los estudios para construir el acueducto en el corregimiento de La Toma, pero cuesta $ 26.000 millones. Eso no se podrá construir nunca".
Después del debate de control político a Carrasquilla, la bancada de oposición presentó una moción de censura contra el ministro, pero el Gobierno salió en su defensa asegurando que Carrasquilla había sido contundente y quedaban aclaradas todas las dudas. Además, el presidente del Senado Ernesto Macías, enterró la moción diciendo que no tenía cabida porque se trataba de una actuación que había ocurrido hace más de diez años, durante el gobierno Uribe. Sin embargo, la decisión ahora está en manos de la mesa directiva del Senado, que podría tumbar al primer funcionario de Duque cuando solo han pasado 2 meses desde que arrancó.
