Luego que el general Jaime Uscátegui se sometiera a la Justicia Especial para la Paz se ha logrado demostrar su inocencia y las inconsistencias en el proceso judicial en su contra, que paradójicamente ha fallado a favor de falsas víctimas y del verdadero coautor de la masacre hoy asilado en Estados Unidos mediante la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la misma ONG que recibió "donaciones u honorarios" por las indemnizaciones a las falsas víctimas hoy condenadas por la justicia colombiana.
La masacre de Mapiripán (Meta) ocurrió en el año 1997 entre el 15 y 20 de julio, y tiene como principal autor a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Allí fallecieron un número indeterminado de personas manos de un centenar de paramilitares. Por este hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la nación por la apelación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y con lo que no se contaba es que a través del fallo se crearía una red de falsas víctimas por las que el Estado fue condenado a pagar cerca de 7.000 millones de pesos.
La Dirección de Anticorrupción de la Fiscalía señaló que en total son 12 personas, o falsas víctimas, que mintieron y reclamaron indemnizaciones para lucrarse de la condena al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como aclara la revista Semana, cuando la corte produjo la primera sentencia la cifra se redujo a 20. Por su parte, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía afirmó en 2011 que 77 personas habían sido asesinadas, mientras que la Unidad de Justicia y Paz del mismo organismo estimó en 13 las víctimas.
El cartel de las falsas víctimas iniciaría en agosto del 2013 cuando 3 víctimas de la masacre de Mapiripán no fallecieron ni fueron desaparecidas en dicha masacre ni en el teatro de operaciones cercano. Por los falsos testimonios Mariela Contreras, Zuli Herrera y Argemiro Arévalo obtuvieron del Estado 3.343 millones de pesos por la indemnización de estas falsas víctimas. Según la Fiscalía las 3 falsas víctimas (que no fueron asesinadas en la masacre) corresponden a Gustavo Caicedo Rodríguez, Diego Armando Martínez y Hugo Fernando Martínez Contreras: el primero falleció en una acción de la guerrilla, el segundo estaba con vida en noviembre de 2001 cuando ingresó a las AUC y el tercero, como indica El Tiempo, inscribió la cédula de ciudadanía el 19 de mayo de 1999, dos años después de la masacre y terminó ingresando a las Farc hasta 2005, cuando se desmovilizó.
El representante legal de estas falsas víctimas y de Mariela Contreras, Zuli Herrera y Argemiro Arévalo fue el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quienes recibieron presuntamente como donación setecientos cuarenta y seis millones de pesos.
En mayo de 2017 en el Complejo Judicial de Paloquemao se sentenció a 8 años y 10 meses a Carlos Felipe, Luis Fernando, Jhónatan Figueredo y William Alexander Molina Figueredo. Los 4 condenados se enriquecieron ilícitamente a través de las denuncias falsas que realizaron en el 2012 a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allí denunciaron y reclamaron la indemnización por la muerte de su pariente Wilson Molina Pinto en la masacre de Mapiripán por las AUC. Las investigaciones demostraron que Wilson Molina Pinto está vivo y reside actualmente en Villavicencio, y que por la falsa muerte de Molina se condenó al Estado colombiano a pagar 750 millones. Por los falsos testimonios y entorpecer el proceso judicial, los familiares de Molina cumplen una condena por enriquecimiento ilícito de particulares en concurso con fraude procesal y estafa agravada.
Además, la esposa de Wilson Molina Pinto, la última ficha de este iceberg, logró reclamar 261 millones de pesos por la desaparición de su esposo durante la masacre y ahora comparece ante la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y estafa.
En mayo de 2016 se condenó a 8 años y 5 meses de prisión a la familia Pinzón por recibir 3.000 millones por la supuesta desaparición de Luis Eduardo, Enrique, José Alberto y Jorge Pinzón López y del señor Jaime Riaño Colorado. Los integrantes de la familia condenada son Luz Mary, María Teresa, Sara Paula y Esther Pinzón López quienes aceptaron los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares, falsos testimonio, fraude procesal y estafa agravada en audiencia pública, y allí ante el país le pidieron perdón al general Jaime Uscátegui, hoy condenado por las falsas acusaciones a la justicia colombiana.
En un boletín de prensa, el hijo del general, el parlamentario Jaime Uscátegui afirma que según la resolución N° 1664 de 2007 del Ministerio de Defensa, por este caso el Estado fue condenado y como indemnización la familia Pinzón recibió 3'449.421.544 (tres mil 449 millones 421 mil 544 pesos), de los cuales la Corporación Colectivo ‘José Alvear Restrepo’, por su representación legal, recibió el 30% como ‘donación’, es decir más de mil millones de pesos. Al día de hoy, según el parlamentario Jaime Uscátegui, no se ha podido constatar la devolución del dinero recibido.
El entonces presidente del Colectivo de Abogado, el señor Alirio Uribe Muñoz, excongresista del Polo Democrático, devolvió al Estado los setecientos cuarenta y seis millones que recibieron presuntamente como "honorarios" por representar a las falsas víctimas. No obstante, hace poco la Corte Suprema de Justicia le dio ultimátum al Colectivo de Abogados para que rindieran cuentas del dinero recibido por representar a las otras falsas víctimas en la masacre de Mapiripán.
Ahora, ¿quién es el verdadero autor de la masacre de Mapiripán?
Como relata la investigación de la revista Semana, en septiembre de 2006, el entonces senador Gustavo Petro hizo un debate en el Congreso y —basado en la respuesta del ministro de Defensa Juan Manuel Santos— puso en blanco y negro la responsabilidad del general Uscátegui y el coronel Hernán Orozco Castro. Sostuvo que la Brigada VII al mando del primero no tenía en su jurisdicción a Mapiripán ni mando sobre el Joaquín París, comandado por el coronel Orozco. "Orozco está libre porque una ONG de izquierda (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) le ayudó a salir del país con tal de que atestiguara contra Uscátegui. A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión nacional e internacional, la condena del general que la del que verdaderamente había propiciado la masacre", dijo Gustavo Petro”.
Según los testimonios de los exjefes de las AUC, Salvatore Mancuso y Jorge Victoria, se evidencia que “los responsables de la masacre son la Brigada Móvil Dos, a cargo del coronel Lino Sánchez Prado; y el batallón Joaquín París a cargo del mayor Hernán Orozco Castro, quienes convivieron siempre con los paramilitares, a tal punto que el 12 de julio de 1997 recibieron a 200 paramilitares que llegaron en dos aviones al aeropuerto de San José del Guaviare y permitieron que se movilizaran por ríos y carreteras hasta Mapiripán”, dijo el general Uscátegui.
Siguiendo con la investigación de la revista Semana existe una “grabación certificada como auténtica por la unidad de acústica forense de la Policía y trasladada al expediente de Mapiripán. Allí, Orozco se refiere a sus gestiones para salir de Colombia: "La idea mía de que me contactaran con ellos (se refiere al Colectivo de Abogados) fue porque me descongelaran mi trámite para salir del país. Y (...) me lo descongelaron y ya me tienen al otro lado, o sea, esa fue la intención mía, pero obviamente que ellos pues aprovecharon de que (sic) uno es militar y todo pegadito de la ayuda pues vienen los favores, ¿no?".
En conclusión, la petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para que interviniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas de protección para el coronel Hernán Orozco Castro y alisarlo en Estados Unidos, corresponde a un hecho que éticamente no tiene explicación debido a que el Colectivo de Abogados solicita proteger al coautor de los crímenes, condenar al Estado colombiano, y lucrarse presuntamente de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán.
Por hoy el coronel Hernán Orozco Castro vive cómodamente en Miami siendo jefe de seguridad en un condominio lujoso, incluso siendo condenado por la justicia colombiana, por hoy no ha cumplido un solo día de condena ni ha compadecido ante las víctimas de la masacre, mientras el general Uscátegui sigue aún con un proceso que poco a poco ha demostrado su inocencia.
