Este hallazgo de incidencia fiscal y disciplinaria y otro de incidencia disciplinaria fue lo que arrojó el informe final practicado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a partir de una denuncia elevada al órgano de control por la Veeduria Ciudadana "Pradereños en defensa de lo público".
Las conclusiones del informe son las siguientes:
1. Hubo pagos realizados a la gerente Sandra Castro y los subgerentes Jesus Ramirez Nuñez y José Daniel Delgado por encima de la escala salarial establecida en el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). dichos pagos de más se distribuyeron de la siguiente manera.
Gerente: $59.574.470 entre los años 2016 y 2018
Subgerente: $18.154.906 entre los años 2016 y 2018.
Subgerente Científico: $11.305.373 entre los años 2017 y 2018.
Esto arrojando un presunto detrimento patrimonial de $ 89.034.749 y un hallazgo fiscal y disciplinario.
Lo anterior por falta de control y seguimiento de la Junta Directiva de la E.S.E San Roque de Pradera Valle, ocasionando que se estén pagando salarios sin ninguna justificación legal, en detrimento de los recursos financieros del hospital.
Así mismo el informe arroja que el hospital ha tenido una deficiente gestión de cobro por concepto de Soat, con una cartera de $ 44.871.761 a febrero de 2018, dineros que debieron ser pagados a más tardar en un mes por parte de las aseguradoras, transgrediendo presuntamente lo establecido en los principios de la función pública como los de economía, eficiencia y eficacia.
Todo lo anterior, además de una presunta falta disciplinaria por la omisión en el cumplimiento de la normatividad y por la no salvaguarda de los bienes y valores que le fueron encomendados.
Lo mencionado puedo ocasionarse por las deficiencias de control y seguimiento a los procedimientos de cobro establecidos en el Hospital San Roque, conllevando a riesgos en la recuperación de la cartera y que se puedan perder estos recursos.
Esta información la expone la veeduría a la comunidad pradereña, en cumplimiento a las funciones que nos da la Ley 850 de 2003, de informar los avances en los procesos de control y vigilancia que se estén realizando.
