A pesar de que la Onu le recordó a todos los gobiernos del mundo que la salud no solo es un derecho humano, sino un derecho fundamental, y estando este postulado incorporado en la legislación colombiana, en nuestro país este es violado sistemáticamente por el gobierno y los directivos de las EPS. Estos últimos se sienten intocables y por fuera del alcance del brazo de la justicia, pues ya ni siquiera cumplen los fallos de tutela.
Los encopetados personajes de las EPS, que al parecer cuentan con la protección del gobierno, no solo irrespetan a los usuarios del servicio de la salud, sino a los jueces, habida cuenta de que para muchos de ellos el cumplimiento de las decisiones judiciales parecen ser opcionales y no un mandato perentorio y de obligatorio cumplimiento.
Además, el gran problema que tenemos los usuarios de la salud es que al parecer tanto congresistas como gobernantes están cooptados e hipotecados a los directivos de estos negocios, como lo definiera Juan Luis Londoño de la Cuesta en el hotel Tequendama en 1993, por la financiación de las campañas electorales. A lo que hay que agregarle, el lobby y la presión que ejercen las multinacionales farmacéuticas, que no mueven poco dinero.
Ahora bien, en el país por estos días se está hablando de una reforma a la justicia, por lo que resulta no solo oportuno sino trascendental proponer que para descongestionar a la justicia se sancione severamente a los directivos de las EPS que por no cumplir con el deber que han adquirido con sus afiliados hacen que estos últimos se vean obligados a interponer acciones de tutela. De nada vale hablar de la descongestión judicial si por la negligencia de estos irresponsables directivos o los incompetentes funcionarios públicos los ciudadanos tienen que recurrir ante el juez constitucional para que les ampare sus derechos vulnerados y desconocidos, a pesar de hacer los aportes para la salud.
Creo que es el momento de abrir un gran debate nacional en torno a tipificar con mayor claridad y rigor la responsabilidad penal de los médicos, que apartándose del juramento hipocrático basan su desempeño profesional en la bioética. Las sanciones a los directivos de las EPS deben ser ejemplarizantes y severas, habida cuenta de que muchas veces son unos violadores de los derechos humanos de los usuarios de la salud por lo precario de los contratos laborales de los médicos, la baja remuneración, la mala preparación y, lo que es más preocupante, la falta de sensibilidad social y humana. Son numerosos los pacientes que por la práctica de una intervención quirúrgica inadecuada quedan incapacitados de por vida o mueren en un quirófano.
En el Código Penal la incapacidad de por vida de un paciente por la práctica de una intervención quirúrgica inadecuada o la muerte del mismo por falta del suministro de los medicamentos o por falta de hospitalización y atención médica oportuna debe ser penalizada y con castigos severos, tanto para los médicos pomo para los directivos de las EPS.
¿De qué material estaremos hechos los colombianos? Aquí nos acostumbramos a vivir en medio de las drogas ilícitas, de la inseguridad y la violencia, la corrupción y los desmanes de los responsables de prestar un eficiente servicio de salud. La Universidad de la Sabana publicó en el año 2016 un escalofriante y aterrador informe donde se señala que del total de los pacientes hospitalizados mueren 180 mil, de esos 180 mil el 70 por ciento obedece a eventos relacionados con procedimientos quirúrgicos equivocados, por la falta de una atención médica oportuna, por la dilatación del tiempo para hacer los traslados de los pacientes, y por la carencia de recursos médicos.
Considero que es el momento de abrir un gran debate nacional en torno al servicio público de la salud y las responsabilidades de médicos y directivos de los hospitales, las implicaciones penales, y si tales directivos han llevado a los médicos a violar el juramento hipocrático para imponerles la bioética.
Colombia es uno de los pocos países del mundo donde la gente paga por un servicio de salud que casi no le prestan y que cuando se lo prestan es deficiente. Además, los médicos están sometidos cada vez más a elevadas cargas de trabajo, de los 15 minutos que dura una cita, diez se la dedican al computador para revisar la historia clínica y unos 5 minutos se lo dedican al paciente. Hoy la relación es la del médico con el computador, y no la del médico con el paciente. Los médicos mal remunerados se ven sometidos a pesadas cargas laborales y presionados para que solo receten Acetaminofén y no medicamentos costosos.
Aunque la Ley 1751 de 2015 en su artículo primero dispone “garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”, y en el artículo segundo consagró el derecho a la saluda como fundamental, de nada vale la existencia de normas si no hay quién las haga cumplir, ni ciudadanos que exijan su cumplimiento. A los directivos de las EPS les cae muy bien la frase que se le atribuye a Luis XVI “El Estado soy yo”, pues estos sujetos imponen su propia ley.
