El 23 de mayo de 2018 el Consejo de Estado en su sección tercera emitió una sentencia determinante para la problemática del transporte informal que existe en Colombia. Ese día por primera vez de manera definitiva y contundente se conminó al distrito de Santa Marta para que resarciera por daños y perjuicios a una empresa de transporte que había sufrido 10 años antes los efectos del mototaxismo en su actividad económica y a pagarle una generosa compensación, dándole un giro nuevo a la manera como los municipios han debido afrontar este fenómeno y al compromiso ineludible de la legalidad que deberán asumir por encima de otras consideraciones que los obligarían a cancelar grandes sumas de dinero por concepto de indemnización al ser permisivos y pasivos frente al transporte informal.
El transporte informal está en una gran cantidad de municipios en Colombia y así como ha sido la solución simple para paliar necesidades diarias de un grueso número de colombianos también ha sido el azote para muchas empresas de transporte afiliados, socios y conductores legalmente constituidos, que han visto cómo su negocio se va al traste por esta actividad que no está regulada por el Estado, el cual no asume responsabilidades frente accidentes y desconoce de manera flagrante los pilares sobre los cuales se desarrolla una actividad de transporte legal (tales como eficiencia, seguridad y responsabilidad frente al usuario, el eje central de toda actividad económica).
Consideraciones políticas débiles electoreras y la falta de voluntad política han permitido que este fenómeno se expanda de manera rápida por todo el país, generando una cultura de informalidad y de improvisación en todas las manifestaciones económicas de la nación. Mientras el mundo gira a la masificación del transporte con objeto de maximizar el rendimiento por persona en combustible e inversión en logística en nuestro país vamos hacia atrás, en contravía de las políticas que se están desarrollando a nivel mundial.
La legalización del bicitaxismo ocurrida este año es un pálido intento de encauzar y solucionar una problemática social fuerte en una economía estancada que no permite generar amplias soluciones de empleo a una sociedad que se preocupa más por las soluciones de corto plazo que por educación y cambios tecnológicos a largo plazo.
En el municipio de Quibdó el mototaxismo llegó para quedarse desde el año 2006, y en una ciudad de más de 100.000 habitantes hay cerca de 5.000 motocicletas prestando servicio de transporte, desplazando al transporte legalmente constituido en una proporción incalculable, acabando abiertamente con empresas de transporte y servicios legales.
Todo Quibdó sabe que en el municipio las autoridades no hacen un comparendo por mototaxismo hace más de 10 años y no solo han sido permisivas con este fenómeno sino que además han dejado en total libertad a personas de otras ciudades y de otros departamentos, tales como Valle, Risaralda y Quindío. Estas llegan en grandes cantidades a realizar esa actividad aquí en perjuicio de las empresas legalmente constituidas de la ciudad. Todo esto va en contra de los propietarios de vehículos de servicio público, de los conductores y de los usuarios por la altísima incidencia de accidentes.
Paradójicamente Quibdó, una de las ciudades de mayor desempleo en Colombia, es la única donde personas de otros departamentos realizan con total libertad, sin impedimento alguno, un transporte ilegal que no lo pueden hacer en su ciudades de origen porque allí no les está permitido.
Con esta sentencia y seguramente muchas otras que vendrán en el futuro la ciudades tendrán que prepararse para controlar debidamente el fenómeno del mototaxismo o prepararse a pagar grandes cantidades de dinero por los daños que se le han generado a las empresas de transporte y a todos aquellos usuarios de este transporte que en estos 12 años han tenido accidentes y lesiones de todo tipo debido a la incapacidad abiertamente demostrada de las autoridades municipales para controlar este fenómeno.
