Mucha tela se ha cortado sobre las empresas que prestan los servicios públicos de electricidad, agua, aseo y alcantarillado en la ciudad de Barranquilla.
El alcalde Char prometió sacar a Electricaribe de la ciudad por los pésimos y costosos servicios prestados, promesa de campaña que hasta la fecha no ha sido cumplida.
El gobierno nacional saliente y varios senadores de la ciudad han intervenido anunciando soluciones de fondo, pero al igual que el caso del alcalde todo ha quedado en promesas.
El asunto no para de complicarse con la llegada del presidente Duque, cuyo ministro de Hacienda, el “estelar” Alberto Carrasquilla, dijo que incrementará las tarifas de la electricidad en aras de mejorar el servicio, es decir, que la ineficacia de la Superintendencia de Servicios Públicos para ejercer el control sobre la empresa prestadora del servicio a lo largo de más de una década y la ineptitud misma de Electricaribe la recargarán sobre los bolsillos de los ciudadanos, pagando los platos rotos los sectores más vulnerables de los estratos 1 y 2.
En la Triple A el caso no es distinto.
Esta cadena de corruptela es la regla a seguir igualmente en la Triple A, la joya de la corona de la multinacional española Canal Isabel II, cuya alta rentabilidad les permitió comprar elecciones en España y en Colombia, pagar sobornos a empresarios y politiqueros locales.
El saqueo a las arcas de la Triple A, según los hallazgos oficiales, está estimado hasta la fecha en más de 300 mil millones de pesos, sus consecuencias las pagamos como siempre, los barranquilleros con tarifas altísimas por un pésimo servicio.
Los cortes permanentes de agua, barrios a los que llega sucia y la poca presión con la que llega a numerosos sectores de la ciudad son un constante dolor de cabeza para los barranquilleros.
Estamos entre la espada y la pared ya que ni los gobernantes, ni los entes de control ni los congresistas han encontrado una salida que no termine en la misma fórmula de siempre, que es recargar las responsabilidades de otros en los bolsillos de los ciudadanos.
Es urgente que la ciudadanía se apropie de estos temas y se disponga a discutir salidas reales y responsables. Los diálogos ciudadanos mediante las audiencias públicas son un recurso importante para ventilar problemas y proponer soluciones de fondo a las autoridades competentes, el diálogo ciudadano es hoy un mecanismo vital para hacer valer nuestros derechos.
Barranquilla tiene una asignatura pendiente consigo misma y el país en materia de corrupción, es la hora de despertar y movilizarnos en pro de nuestros derechos.
