La decisión de la magistrada Stella Conto de condenar al Estado por la bomba en el Club del Nogal sorprendió a muchos. El 7 de febrero de 2003 un carro lleno de explosivos estalló en el parqueadero: 37 muertos y 198 heridos. Eran otros tiempos y la guerra entre el Gobierno y las FARC había girado a un punto de sevicia y violencia que ya no tenía vuelta atrás. El expresidente Álvaro Uribe había declarado estado de conmoción, pero la guerrilla había logrado meterse a la capital y atacado el centro de reuniones más exclusivo de la ciudad. Stella Conto responsabilizó al Estado porque el club se convirtió en un centro de operaciones oficial. La entonces ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez dormía constantemente en el lugar y se reunía con la cúpula de las Fuerzas Armadas, eran reuniones de alto vuelo, pero no tenían la seguridad que ameritaba la situación y el contexto de aquellos años.
Tomar la decisión no fue nada fácil, pero no es la primera vez que la magistrada Conto falla en contra del patriotismo colombiano. La sentencia resolvió la demanda que interpusieron los familiares de la arquitecta Catalina Muñoz Toffoli y Cesar Augusto Caicedo, quienes murieron esa noche en el club. El Estado no podía jugar con la seguridad de los civiles y no ofreció las garantías mínimas para portegerlos. Aunque en el fallo final no se pudo comprobar la presencia del exjefe paramilitar Mancuso en el club, afirmaciones hechas por alias El Alemán, otro jefe paramilitar desmovilizado, queda claro que rumores como esos aumentaban la posibilidad de un ataque contra el lugar. La decisión de la magistrada Stella Conto abrió una nueva arista para esclarecer las responsabilidades.
Conto ha tenido que enfrentarse a otros poderosos que quisieron desestimar sus decisiones. En junio de 2014 le frenó la rueda al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, quien hoy se encuentra detenido en La Picota, y anuló su elección en este último tribunal. Ricaurte quería mantener su poder en la Rama Judicial luego de salir de la Corte y se fue directo para el Consejo Superior, donde controlaría un presupuesto de $ 2,7 billones. Conto jugó un papel fundamental al ganarle el pulso a los otros magistrados del Consejo de Estado, quienes no veían ningún inconveniente con el “yo te elijo, tú me eliges” usado por Ricaurte para asegurarse el control de la Rama Judicial. Sin embargo, la batalla que libró Stella Conto no terminó con el fallo que sentó un precedente en la justicia y que también sirvió para sacar a Alejandro Ordóñez de la Procuraduría. Ricaurte utilizó todos los recursos jurídicos que tuvo a su alcance para atornillarse a su puesto en la judicatura y logró mantenerse en él durante cuatro meses más: recursos de reposición, de nulidad y lobby político le sirvieron para entorpecer el trabajo de Stella Conto, que al final logró mantener en firme su decisión frente al poderoso abogado cartagenero.
Y tal vez la batalla más grande que ha enfrentado fue de puertas para dentro. La magistrada Conto narró hace un par de años el sufrimiento de la violencia intrafamiliar que vivió y calló, a pesar del estatus público que cargaba. Después de fuertes presiones, decidió denunciar a su esposo y se convirtió en una figura muy importante dentro de la Rama Judicial en tema de derechos de las mujeres.
