Durante varias décadas a lo largo del país se han librado diferentes pujas para establecer en la administración pública servidores que ostenten una fe pública idónea, recta y legítima. Sin embargo, los esfuerzos para enaltecer y efectivizar el artículo 125 constitucional han recaído directamente bajo los estándares jurisprudenciales promovidos por la Corte Constitucional colombiana toda vez que el constituyente secundario no ha puesto en cintura la desfachatez de la provisión arbitraria de cargos estatales.
Es imprescindible entender la responsabilidad que tendrá el contralor general de la República y desligar el control fiscal de la conveniencia política. Para ello el sistema de control más importante desde esta óptica es establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las respectivas sanciones económicas, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, también la forma de rendir cuentas de los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de los resultados que se requieran. Bajo dichas premisas se fundamenta la importancia social y económica que tendrá Carlos Felipe Córdoba.
El Congreso de la República desde el final de la última legislatura que feneció el pasado 20 de julio de 2018 inició los estándares procedimentales y técnicos que se debían establecer para la elección del sucesor de Edgardo Maya. El texto aprobado en cámara apuntaba a una decisión histórica de proveer el cargo a través de los estamentos visibles de mérito incluyente, pero cuando pasó a la aprobación del pleno del Senado se inició la disparidad de las dos cámaras. A final de cuentas un texto conciliatorio expedido por ambas cámaras concedió la aprobatoria de un examen de méritos que debía realizar una institución de educación superior, un puntaje mínimo para la aprobación del examen y una serie de entrevistas que desembocarían en la elección de un contralor general de la República.
Bajo la resolución 007 del 19 de julio de 2018 (que se modificó cuatro horas después) se seleccionó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) para ser la encargada de realizar la prueba de conocimientos a los aspirantes al cargo. Luego, el pasado 05 de agosto de 2018 se conoció la publicación de los resultados de las pruebas de conocimientos y se definió la lista de los 10 habilitados para seguir con el proceso de selección. Bajo lo anterior, la bancada del uribismo, como especialistas en ser los mayores expertos en cooptar el poder del Estado, buscaron hasta el final que la elección la hicieran los propios congresistas sin necesidad de un componente académico.
Es inadmisible poder entender la negligencia de algunos sectores del Congreso de la República que dilataban el nuevo sistema de elección y que modificaron arbitrariamente las reglas de juego para su desarrollo. No se ha hecho un vistazo integral y sistémico de lo que fue la elección del contralor, de suerte que para ello esos sistemas que se basan en la desconfianza y en la ilegitimidad de los sistemas democráticos generan una legitimación de la evasión al control fiscal. Cuando se escribió la Constitución de 1991 había una puja entre la parte dogmática y la parte orgánica (parte burocrática) que se resumía en establecer qué tanto Estado se necesita para poder dar cumplimiento a los derechos, lo que sin duda alguna nos hizo adherir al consenso de Washington que establecen las políticas del FMI y del BM, que profesan lógicas diferentes a la situación económica del país.
Sin embargo, fue preocupante evidenciar la listas de los 10 aspirantes que sobrepasaron los 60 puntos en la prueba de conocimientos. La situación que se vivió en la elección del nuevo contralor se pareció notablemente a la elección del actual contralor distrital de Bogotá y exgobernador cuestionado del departamento de Boyacá Juan Carlos Granados, investigado en el caso Odebrecht, que tras ser uno de los puntajes más bajos en las pruebas de conocimientos logró hacer el mejor lobby para poder llegar a ser la cabeza del control fiscal en Bogotá.
Lo que resulta bastante interesante fue la bofeteada de la bancada del uribismo contra el cuestionado José Félix Lafaurie, al cual se le quemó el pan en la puerta del horno y horas después de la elección de Córdoba se desahogó en los micrófonos de la W radio responsabilizando a un sector de su partido por la humillación vivida el pasado 20 de agosto. Sin imaginarlo, la gran mayoría pensaba que Lafaurie tenía el apoyo de toda la bancada del centro democrático y de Iván Duque (Álvaro Uribe), pero como es de costumbre en la política colombiana hasta el último segundo se cambian todas las decisiones.
Resulta de extrema preocupación ilustrar a un contralor general de la República revestido de varios cuestionamientos y extraños procederes (como el caso de Carlos Felipe Córdoba), sin embargo como ha sucedido en las nuevas implementaciones meritócratas en Colombia, impulsadas por sendas jurisprudencia de la Corte Constitucional (como el caso del nuevo sistema meritocrático de elección de personeros), la elección de la persona que se encargará de velar por el resguardo del erario, la implementación de medios eficaces contra la irresponsabilidad y la corrupción fiscal de los funcionarios públicos fue surtida mediante una elección netamente política que sigue erigiendo como estandarte la voluntad política de las mismas estructuras económicas del país que hacen parte de aquel poder oculto que ostentan una gran mayoría de políticos en este país.
Se debe alzar una voz de protesta en defensa de los sistemas de mérito del país y eso significa el empoderamiento de cada ciudadano al momento de entender la importancia que posee la Contraloría. Es un momento histórico mediante el cual se debe dejar a un lado la contracultura tributaria mediante la cual el ciudadano al evadir sus responsabilidades fiscales siente que empata en no seguir colaborando con esos 50 billones al año que se destinan para la corrupción. Debemos honrar las palabras del gran Carlos Gaviria Díaz, mediante la cual antes de considerarnos demócratas debemos ostentar otras cosas más, el ser buenos ciudadanos, veedores de los recursos públicos y no ser una masa amorfa fácil de maniobrar a través del tiempo. Hasta el final el país debe defender el mérito que desemboca en una total independencia laboral y en una efectividad funcional que requieren los cargos públicos.
