Desde la firma del acuerdo de paz en el teatro Colón en el año 2016 Colombia ha atravesado diversos desafíos para su implementación, como en la creación de una jurisdicción especial para los actores involucrados en el conflicto para proveer a las víctimas de la verdad, justicia y reparación, además de garantizar la no repetición de los hechos violentos. En la resolución del conflicto armado, el Estado tiene la difícil tarea de saber y explicar qué causa la violencia, qué factores la componen, a qué se debe en que el país no solo vive un conflicto sino muchos al mismo tiempo; conflictos con los trabajadores, con los campesinos, con las minorías étnicas, entre otros.
El Estado debe repensarse desde sí mismo, en su organización estructural y lo que significa la compleja violencia que padece, en por qué el conflicto se ha prolongado por tanto tiempo. No es secreto para muchos politólogos y sociólogos que Colombia es más territorio que Estado, a las instituciones les ha costado mucho llegar a las zonas periféricas del país, ya sea por cuestiones geográficas o económicas, y esto ha servido de ventaja para el surgimiento de grupos criminales y su accionar delictivo, estos muchas veces obtienen más legitimidad entre los pobladores de estas zonas rurales que el propio Estado, dando origen a los denominado "proto-Estados"; territorios donde los grupos criminales hacen y fungen de Estado en muchas ocasiones, guerrilleros o paramilitares ganan el "respeto" de las poblaciones e influyen social y culturalmente en estas comunidades.
Uno de los grandes componentes que ha tenido el conflicto armado ha sido la tenencia de la tierra, esta ha sido de gran importancia para los grupos armados para acumular capital, poder y usarse para cultivos ilícitos del negocio de la droga, el más rentable en el mundo y el cual ha servido como combustible del conflicto. La sostenibilidad del conflicto se ha debido a la debilidad del Estado, en las zonas apartadas del país el desplazamiento y la infraestructura precaria dificulta el emprendimiento y los trabajos legales, las comunidades no han visto otra salida que irse a la ilegalidad con la producción de la hoja de coca, en el participan casi siempre menores de edad afectados por la violencia entre grupos armados que se disputan el territorio o cuando el Estado entra a enfrentarlos, las escuelas son utilizadas como trincheras y muchos abandonan sus estudios para ayudar a sus padres en el mantenimiento de su hogar, para irse a cultivar coca o porque los mismos grupos ilegales los reclutan para servir en sus filas. Según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), después de firmado el acuerdo de paz el gobierno ha sido incapaz de llegar a territorios como el Catatumbo en Norte de Santander donde antes ejercían dominio la guerrilla de las Farc y después de desmovilizadas el Estado no llegó a ocupar esos espacios vacíos los cuales ahora son disputados por otros grupos armados como el ELN y el EPL aumentando la violencia, más concretamente en el asesinato de líderes sociales que velan por las necesidades de sus comunidades dándose esto en zonas donde los cultivos de hoja de coca han crecido exponencialmente derivando en la continuidad del desplazamiento forzado y en la caída del índice de escolaridad, menores de edad forzados a desertar de sus estudios por el aumento de la violencia.
Ha sido evidente que el plan del gobierno de Santos de la erradicación voluntaria de hoja de coca y su posterior sustitución fracasó, y actualmente Colombia ha superado sus niveles de hectáreas de hoja de coca sembrada con respecto al año 2012 e incluso más que cuando apenas se iniciaba el Plan Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana, otro factor que ha influido en el aumento de hectáreas sembradas fue la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato en el año 2015 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la sustancia era potencialmente cancerígena para los humanos. Según un informe reciente de la OCDE, organización en la cual ha entrado recientemente Colombia, existe una gran desigualdad entre el sector rural y urbano en las escuelas del país, y se tiene como gran reto cerrar la brecha que existe entre las ciudades capitales y las zonas rurales haciendo más eficiente y equitativa la distribución de maestros, de tal manera que todas las regiones puedan contar con una planta docente de calidad.
Aunque la implementación del acuerdo de paz ha avanzado significativamente en materia de dejación de armas, entrada de la Farc a la política y la reciente puesta en marcha de la JEP, varios temas importantes presentan retrasos según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.); como la reforma rural integral, la justicia, reparación y no repetición, la reintegración de excombatientes rasos a la vida civil y la ocupación del Estado en los territorios donde antes las Farc tenían presencia para mitigar los constantes enfrentamientos entre bandas delincuenciales, disidencias de las Farc, ELN y el EPL que afectan a la población rural y aún más el desarrollo social del menor.
La NRC ha instado al gobierno colombiano a apoyar la Declaración de Escuelas Seguras, donde los países se comprometen a proteger a los estudiantes, maestros y establecimientos educativos de los ataques durante los conflictos armados. Hasta ahora, 79 naciones han firmado la declaración. Colombia formando parte ahora de la OCDE y con la presión de los países que acompañan el proceso de posacuerdo (pues en sí el país no ha alcanzado el posconflicto) debe dedicar todos sus esfuerzos para ocupar todos los espacios vacíos del territorio nacional y crear un plan riguroso de desarrollo educativo y cultural que sea equitativo para toda la sociedad que cumpla los estándares internacionales que ahora debe alcanzar.
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