Dialogué con Tomás Rivera, el excoordinador de la mesa de Derechos Humanos de la comuna once (Laureles), quien debió salir del país por las continuas amenazas que recibió como consecuencia de su trabajo social.
En principio, todo comenzó cuando en algún momento estuvo liderando el proceso de detener la demolición de la iglesia cristiana Nuevo Amanecer en Laureles. Luego de eso le mandaron dos pelados que lo "encuellaron" y le dijeron que se quedara callado y que no jodiera con eso. "Vos sabés de lo que estamos hablando", le dijeron para intimidarlo.
Tras bambalinas es difícil de probar, pero estaban algunas personas de la política local estaban presionando porque querían crear un casino, sin embargo, según esta versión de Rivera, manifiesta que no es prudente develar el nombre del concejal que estaría detrás de este caso, dado que no hay pruebas para comprobarlo.
La segunda situación ocurrió en 2015 cuando quedó como delegado de Presupuesto Participativo, en ese año se aprobaron unos recursos para la mesa de DDHH de la comuna once y otras organizaciones. Tras eso, de acuerdo con Tomás Rivera, esa plata se perdió y cuando solicitó información al respecto, le contestaron que iban a ejecutar otros proyectos.
“A mi esposa y a mí nos parqueaban carros raros que le hacían seguimiento a ella y a todos los movimientos que hacíamos”, aseguró el anterior coordinador de la mesa de derechos humanos de Laureles.
La tercera situación crítica y definitiva sucedió con una ONG constituida con su familia, a través de la cual hicieron un proyecto con presupuesto que resultó a nivel internacional para apoyar a las mujeres víctimas del conflicto.
El proyecto denominado Rehabilitación de mujeres víctimas del conflicto se firmó, y después hubo un acercamiento de una parte a la abogada que estaba asesorando el proceso. Le puso de condición que había una organización en San Javier, La Loma, interesada en vincularse, sin embargo, nunca mencionaron qué organización era.
Cuando estaban en la búsqueda de la sede se sentían incómodos cada vez que la buscaban. Nos dijeron que para poder comenzar debíamos vincular a la organización. Al momento de la abogada inquirir por saber quién era la ONG, no les quisieron decir quiénes la representaban y les empezaron a frenar las actividades.
En ese momento realicé un viaje a Estados Unidos con mi esposa. La abogada me reiteró que la situación con el proyecto estaba muy complicada. Le mandaron a decir que para trabajar en la comuna había que colaborarle a la gente.
“Yo le respondí que no le iba a pagar a nadie, porque eso es ilegal, y yo no tengo ninguna organización delictiva, además no voy a pagar vacunas para poder trabajar y ayudarle a la gente”, contó Rivera. Cuando confirmó que lo que le decían era real, le dijeron que si no pagaba tendría que asumir las consecuencias. Al final se negó rotundamente a pagar las extorsiones.
“Tenía que regresar, le conté a mi esposa y andábamos muy preocupados. Decidí denunciar en la embajada de Nueva York, cuando la puse una señora cónsul me atendió y le mostré todas las pruebas. Me dice ella 'vea. señor Tomás, usted sabe lo delicado que es esto, si usted pone la denuncia tiene que asumir las consecuencias'. Pongo la denuncia y a la semana me dicen por personas del Valle de Aburrá que si sigo jodiendo que mandan a hacer unas corbatas colombianas, que me quede callado” relató el defensor de derechos humanos.
La corbata colombiana implica que si la persona está fuera del país los homicidas van hasta el extranjero le cortan el cuello y le sacan la lengua. Es un signo por estar “sapeando”. Ante este panorama pidió apoyo jurídico y de protección, por lo cual le dieron esta en Estados Unidos.
“Cuando yo hago la denuncia, la hago efectiva en Nueva York y esta no aparece por ningún lado. Con el radicado fui a Orlando e hice una denuncia de omisión de denuncia. En última instancia llamé a Carlos Arcila, le pedí por favor que hiciera la certificación de mi trabajo como coordinador de la mesa de DDHH. Hablé con varias personas de la entidad para hacer el debido proceso, le envié el correo con todos los datos y nunca me volvieron a contestar” manifestó el defensor exiliado.
“Me pareció muy raro que hace unos meses se hablaba de Villegas asociado a bandas criminales, y a uno como defensor de DDHH denunciando lo de la comuna 13 no le hayan prestado atención. Eso apenas explotó en 2018 y lo que me ocurrió fue en 2017” expresó Rivera.
Perdió todo por salir de Medellín, tuvo que cambiar teléfonos, exiliarse y controlar la zozobra que está todavía latente y podría afectar a su familia. Se cuestiona qué está pasando tras bambalinas, pues no pasa nada y los medios no cuentan lo que pasa, las instituciones no prestan el servicio que deben de dar y la Fiscalía no investiga.
Análisis de blanqueo de capitales con ONG
“A través de fuentes, como estuve trabajando en el Senado, conseguí información de que hay grupos al margen de la ley que han constituido ONG con el tema del proceso de paz que están haciendo temas de derechos humanos con blanqueos de capitales. Manejan el tema de legalidad y el tema de ilegalidad. Esta situación está poblada de eso, y todos están comiendo de eso: FARC, paramilitares AGC o Clan del Golfo, el Estado y los que manejan estas organizaciones”, Tomás Rivera.
Entrevista con Tomás Rivera en 2016
