La Ley 1904 de 2018 establece las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la República. En esta se establece que una entidad de educación superior será la encargada de adelantar la convocatoria, en la cual prevalecerá el mérito como criterio de selección, remitiendo al Congreso la lista de 20 habilitados, donde una comisión accidental seleccionará a 10 candidatos elegibles después de escuchar y examinar a los habilitados para que el Congreso en pleno elija por mayoría absoluta.
Analizando la norma, todo es claro, diáfano, lo que le cerraría las puertas al nepotismo y politiquería en esta elección, toda vez que el mérito sería la piedra angular para tener en cuenta al momento de realizar la elección, pero desafortunadamente no ha sido así. El proceso se ha visto envuelto en controversias, argucias y artimañas que han oscurecido el panorama, creando un mal ambiente y malestar entre los colombianos.
El proceso de elección comienza a levantar sospechas al conocerse los resultados de la evaluación de las hojas de vida, donde uno de los candidatos despotricó de otro aspirante por superarlo y ante el sorpresivo cambio de las reglas de juego, donde el Congreso solicita a la universidad que envíe la lista con 60 elegibles, más no la lista de 20 que estipula la ley.
Posteriormente, ante la sorpresiva inclusión de determinado candidato en la lista de 10 elegidos por la comisión incidental, quien en la ponderación realizada por la universidad no se situó dentro de este rango, se desvirtúa el mérito como criterio de selección, demostrando interés y favorecimiento al momento de la selección.
Sin embargo, no solo estos han sido los cambios y acontecimientos que han empañado y llenado de suspicacia la elección del nuevo contralor. Anteriormente se había evidenciado cómo la mesa directiva del Congreso emitió 2 resoluciones el mismo día, donde en la última cambiaba los requisitos para aspirar al cargo, beneficiando con ello directamente a uno de los aspirantes que se encontraba inhabilitado con los requisitos de la primera resolución.
También ha suscitado polémica la decisión de postergar para el lunes 20 de agosto la decisión de elegir al nuevo contralor, lo que permite que los partidos políticos realicen las alianzas y pactos necesarios que garanticen la elección del candidato de su preferencia, convirtiendo esta elección en una muestra más de que en Colombia para fungir en altos cargos son más importantes los padrinazgos políticos que la capacidad intelectual, propuestas y méritos de los postulados.
Dios permita que el Congreso de la República tome la sabia decisión de elegir a un contralor basándose en sus méritos, capacidades, formación, principios y valores éticos, lo cual que le permita garantizar el buen uso de los recursos y bienes públicos, y contribuya en un transparente y eficaz control fiscal del Estado. No queremos que por oportunismo político se elija a un contralor afín y de la simpatía de partido de gobierno.
