El 5 de junio de 2018 la plenaria del Senado votó unánimemente la convocatoria a la consulta popular anticorrupción, es decir, todos los partidos con representación en dicha corporación decidieron avalar la realización de esta, entendiendo los gastos, el esfuerzo y la apuesta política que este acto participativo de la ciudadanía exigía.
La Costa Caribe es la región con más escándalos de corrupción en el último año, hay actos que se fraguan directamente en la región, como ha sido el caso del desfalco a la participación accionaria del distrito de Barranquilla en la empresa Triple A S.A. E.S.P., las apropiaciones de los recursos para subsidio de servicio de energía eléctrica por parte de Electricaribe, los contratos fraudulentos y el detrimento público en Cartagena por la administración de Manolo Duque y otros que aunque sean de índole nacional e internacional han golpeado tanto la moral como la finanza caribeña. Un ejemplo es el caso Navelena, una de las principales ollas podridas de Odebrecht, que no pudo darse sin participación de propios y extranjeros.
En la actualidad y faltando menos de dos semanas para asistir a las urnas y sentar un precedente en la lucha anticorrupción, partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, la U y parte de los liberales, o sea, los partidos declarados como de gobierno, han declarado que no es necesario su realización y que para ello el actual presidente presentó un paquete de proyectos de ley que supuestamente desarrollan las principales propuestas que trata la consulta.
Hoy que ya no es necesario aparentar ser duros contra el corrupto, que no hay una elección donde toque hacer de incorruptibles, la consulta es innecesaria y onerosa para el Estado. Déjeme decirles que hoy, sabiendo esto, yo considero aún más necesario votar 7 veces sí este 26 de agosto.
Vamos a derrotar al corrupto votando sí a la reducción de salario de congresistas y altos funcionarios; sí a que los corruptos paguen con cárcel y a prohibirles seguir contratando con el Estado; sí para que los procesos contractuales del Estado sean transparentes en todo el país; sí a la construcción de los presupuestos públicos con la participación de todos; sí a que los congresistas rindan cuentas de su gestión, así como lo hacen los funcionarios de otras ramas del poder; sí para que los políticos hagan públicas las propiedades e ingresos injustificados y extinguirles el dominio; sí para evitar los atornillados en el poder, limitando sus periodos a máximo 3 en las corporaciones públicas.
Y a pesar de ser muy macondiano tener que recurrir a las urnas para votar una consulta anticorrupción, no es menos necesario para avanzar en esta brega, dentro de un gobierno que se hizo elegir con los que todos tildamos de corruptos.
