María Jimena Duzán, columnista y periodista colombiana, en una de sus célebres columnas de opinión expresaba que en Colombia a la mafia se le había atravesado una mafia más poderosa: la de los políticos colombianos. No quiero referirme a los bochornosos y múltiples acontecimientos ya ampliamente comentados y conocidos por la opinión pública colombiana. Lo cierto es que todo indica que sus aseveraciones tienen un gran fundamento y que política y criminalidad han pactado en nuestro país una alianza indisoluble y necesaria. Es más, y que me perdonen los políticos de oficio, para ejercer la política parece condición sine qua non el violar la ley valiéndose de las argucias más avezadas o simplistas.
Lo ocurrido en la DNE, por ejemplo, sucede en casi todas las entidades estatales. Dígame usted qué empresa o entidad del Estado no es manejada por un político que ejerce como administrador ad-hoc y que hace las veces de nominador valiéndose de un testaferro que obedece ciegamente sus órdenes so pena de ser declarado insubsistente. Tome usted como ejemplo la empresa que quiera, ahí, como en las demás, manda un político que pone y quita según su criterio y deseo. Se valen de estas empresas para recuperar la inversión electoral, que es cuantiosa y millonaria, tuercen contratos, meten fichas y esquilman el erario sintiéndose ajenos a ello por la sencilla razón que siempre se ha hecho de esa manera.
Lo cierto es que para hacer política primero hay que apoderarse de una o más empresas, para, desde ahí, y mediante su presupuesto y su poder burocrático alcanzar guarismos electorales que les permitan ocupar cargos de elección popular. Dígame usted qué político colombiano no tiene cuotas burocráticas, o qué político no reparte contratos y cargos en determinadas entidades o dependencias. Todo se mueve según su criterio y, para nadie es un secreto, que si usted desea vincularse laboralmente a X o Y entidad primero tiene que hablar con el político que ejerce como dueño; sin una recomendación suya, sin una de sus órdenes es imposible tan solo pretender una vinculación laboral.
Y eso es corrupción, aunque algunos se empeñen en llamarle “aparición de la virgen” o suerte de que amigos suyos se encuentren frente a tan altos cargos. No existe, en Colombia, repito, entidad que no esté manejada por algún político y eso hace imposible que ciudadanos de bien e independientes puedan aspirar siquiera a dirigir una oficina de medio pelo. Todo se suscribe a un gamonal de turno que no permite el ingreso de personas de principios e ideas por la sencilla razón que quien oficia como jefe o gerente o director debe renunciar a sus principios y autonomía y acatar dócilmente las directrices de su jefe político; son, en síntesis, testaferros electorales que ejercen en cuerpo ajeno en detrimento de una región o de un país. Nada importa la inteligencia de un ciudadano que no se somete a sus designios y que prefiere una vida modesta y alejada del manoseo politiquero.
Lo reto a que me diga el nombre de una sola entidad, oficial, que no se haya entregado a un gamonal político y que no esté administrada o manejada por un testaferro. Lo mismo acontece en cajas de compensación o en institutos descentralizados. Me atrevo a afirmar que si se les quitara este poder a nuestros políticos, difícilmente brillarían por sus ideales o sus principios. Triste realidad que hace que personajes honestos y brillantes se alejen de la vida política y se refugien en actividades más nobles y altruistas. Lástima que la política, o los políticos, más bien, se presten para este juego de corrupción y desgreño administrativo. Pero hasta a las mafias en Colombia les surgen otras mafias más crueles y ávidas de poder.
