Uno de los temas de mayor vigencia política en el comienzo del Gobierno de Uribe-Duque es la consulta anticorrupción que se llevará a efecto el día 26 de agosto de este año, es decir, a los 20 días de haberse posesionado el nuevo presidente con todos las críticas y desencuentros que ha tenido en la opinión pública y con su partido de Gobierno.
El cuento de la lucha contra la corrupción es de nunca acabar, no obstante las buenas intenciones de los promotores de la consulta y de todo su trabajo incansable para llevarla a feliz término, en lo cual han cosechado un triunfo nunca visto en el país, así vote o no vote la gente y obtengan los 12.300.000 votos que se necesitan para poder pasar al Congreso y convertirla en ley de la República.
En el debate público sobre las causas del fenómeno que ha hecho metástasis en todo el cuerpo del Estado se han soslayado las causas originarias que tienen que ver fundamentalmente con la estructura y conformación del Estado colombiano, profundamente antidemocrático, autoritario, burocrático, centralista, violento, paramilitar, criminal y mafioso.
Esta caracterización no es una mera declamación de los “terroristas” de izquierda, como dice la caverna conservadora, sino que consulta la realidad de su naturaleza desde los mismos orígenes de su fundación. Por eso, para aterrizar en el tema, tenemos que decir que la corrupción es parte inseparable e indispensable para el funcionamiento del Estado, es un fenómeno estructural, consustancial a la arquitectura del aparato estatal.
Es decir, el funcionamiento de las ramas del poder público —la justicia, el legislativo, el ejecutivo y el cuarto poder, más conocido como el establecimiento mediático— está acondicionado para funcionar como una maquinaria muy bien aceitada para la producción y reproducción de la corrupción, creando las instituciones necesarias y pertinentes para disimular y ocultar el fenómeno bajo los mantos mentirosos de la pulcritud y de la honestidad.
Por supuesto que el modelo económico de “desarrollo” neoliberal crea las condiciones sociales, culturales y políticas propicias para el origen, desenvolvimiento y despliegue de las manifestaciones de corrupción en su máxima expresión: el desarraigo, el desplazamiento, el despojo, la violencia, la pobreza extrema, la miseria, la violencia intrafamiliar, el narcotráfico, el microtráfico, el desempleo y la informalidad. Todos estas manifestaciones de descomposición social han llevado a la mayoría de la población a la pérdida de valores cívicos y humanos en que se asentaba el tejido social, y ahora no responden por un proyecto de país y de nación, sino que se refugian en la filosofía del individualismo, al margen de los grandes responsables que están llevando al mundo al precipicio de su disolución.
La corrupción es el efecto de un Estado en desintegración, y para tratar de corregirlo, o como decía Turbay, “para llevarlo a sus justas proporciones”, es indispensable atacar las causas fundamentales que, a mi modo de ver, tienen sus raíces en el sistema electoral anacrónico y corrupto, y en el sistema de justicia igualmente corrompido para los ciudadanos del común.
Por eso los temas de la consulta, aunque bien intencionados, no pasan de ser un canto a la bandera si tenemos en cuenta la cantidad de votos que tiene que sacar la para salir adelante: 12.300.000 votos. Y como si fuera poco, se vienen lanza en ristre los “políticos” que hoy tienen el gobierno, empezando por el expresidente Uribe, quien después de haber aprobado la consulta en el Senado antes de elecciones —típico cínico desvergonzado— dice ahora que no está con la consulta sino con el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Con razón dice Claudia López que la propuesta no contempla cinco puntos fundamentales: reducción de salario de los congresistas, quitar la casa por cárcel para los corruptos, cancelar contratos a corruptos, extinción de dominio para ellos y sus testaferros, y rendición de cuentas de los congresistas. Solo propone tres períodos para los congresistas, declaración de renta antes de posesionarse, crear los pliegos tipo en toda licitación pública, eliminar la información reservada a la declaración de renta de los servidores públicos, hacer imprescriptible los delitos contra la administración pública.
Si el paquete legislativo presentado por Duque no riñe con la consulta del 26 de agosto, ¿por qué, entonces, Álvaro Uribe y sus barras bravas le sacan el cuerpo a la consulta? por qué dicen que es inconveniente? Sencillamente porque una copiosa votación sería un golpe político contundente para un gobierno que apenas empezando ya está cargando con el pesado fardo de una investigación penal en la Corte Suprema de Justicia contra el máximo padrino del presidente Duque.
Que no vengan a decir, como es usualmente lo están haciendo, que la propuesta de Duque no interfiere en la consulta anticorrupción, y que la manifestación de Uribe nada tiene que ver con la consulta del 26. Tendría que ser uno un cretino con demencia senil para no entender la puñalada por la espalda que le pegaron a la consulta, porque sencillamente una votación multitudinaria sería un mensaje contundente para el presidente Duque y su padrino político.
Vuelve y juega el doble manejo de la situación política por parte del presidente y del uribismo: si en realidad el primer mandatario se declaró partidario de la consulta debería demostrarlo en la práctica con mensajes de televisión llamando a votar contra la corrupción como una política de Estado.
Por otro lado, de igual manera están demostrando su parcialidad en el proceso de elección del Contralor General de la República al proponer a un hombre como José Félix Lafaurie, despotricador de la consulta, enemigo de los acuerdos de La Habana, terrateniente ganadero reaccionario, uno de los alfiles del uribismo purasangre, quien además tiene a su mujer como senadora de la República, por lo cual no es el hombre con independencia de criterio para manejar la institución de control más importante del país. Como dijo el contralor Edgardo Maya: “poner un corrupto a manejar la Contraloría es como poner un violador a manejar un jardín de niños”.
Si el presidente Duque de verdad quiere desmarcarse de Uribe y asumir en serio la lucha contra la corrupción debería mandar un mensaje inequívoco a la opinión pública manifestando que quiere un contralor independiente de los partidos políticos, sin relaciones familiares con el Congreso, y que obtenga la calificación académica necesaria para el ejercicio del cargo.
Además, ahora resulta que, según Claudia López, la ministra de Gobierno, Nancy Patricia Gutiérrez, se comprometió a hacer la más amplia pedagogía para que salga adelante la consulta anticorrupción, hecho que celebramos con profunda complacencia, pero que no obstante, estaremos pendientes en comprobar sus palabras con la realidad de los hechos. Con estas actuaciones están justificando las movilizaciones que vendrán en el futuro contra clase dominante.
El otro aspecto fundamental que incidiría decisivamente en la lucha contra la corrupción sería una reforma política electoral democrática. En este sentido juega un papel definitivo el origen, la conformación y la independencia del Consejo Nacional Electoral. Un CNE independiente de los partidos políticos, con autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestal, podría dar comienzo a la depuración de las elecciones de la mano de una reforma política que contemple las listas cerradas con la depuración de los partidos con las consultas internas o con las primarias obligatorias como mecanismo democrático para la selección de sus candidatos; con sanciones para los partidos que dan avales a sujetos que han cometido delitos contra la administración pública; con igualdad de género en la integración de listas paritarias; con la posibilidad de que las coaliciones de oposición adquieran personería jurídica; pero sobre todo, con la financiación de las campañas electorales por parte del estado y únicamente para la publicidad en radio y televisión.
Si no se modifica el origen y el carácter de la autoridad electoral en un sentido democrático, y si no se reforma el sistema electoral y de partidos y movimientos la cueva de ladrones de las corporaciones públicas seguirá produciendo y reproduciendo la corrupción, por más buenas intenciones que tengan los promotores de la consulta, por la cual, además, estamos llamando a ir masivamente a las urnas el 26 de agosto, votando siete veces sí en el tarjetón, como una herramienta contra la corrupción sin la cual es imposible la construcción de una paz democrática.
