Con el cambio de gobierno y como balance, surgen algunos editoriales que enfatizan que las elecciones deben traer un cambio en el legislativo y/o en el ejecutivo. Otros destacan que más allá de los temas económicos -como el recaudo de impuestos insuficiente, la bomba del sistema pensiónales explotando en cámara lenta, o el desempleo crónico-, los resultados del gobierno Santos deben ser reconocidos en los temas de la Paz y lo que la acompaña.
Pero queda como pregunta pendiente aún algo más inquietante: ¿qué queda del Estado de Derecho?
Porque la columna vertebral de un Estado es su Administración de Justicia. Y en un Estado de Derecho la función de la Administración de Justicia es resolver, tomar decisiones en los casos donde no se encuentra otro mecanismo que no implique acudir a la fuerza o a la violencia.
La administración de Justicia es la alternativa al intento de imponer la propia razón por medios diferentes. Es verdad que al nivel de lo deseable se esperaría que coincida con lo ‘justo’, pero esa noción de Justo siempre será debatible y muchas veces contradictoria entre dos puntos que legítimamente lo ven diferente.
La esencia por lo tanto de la función de los jueces es ser la instancia donde terminan esas ambivalencias.
Sin embargo, entre nosotros no se le reconoce tal función.
Por un lado, la creación de jurisdicciones extrañas a la estructura misma con figuras superpuestas o paralelas que crean nuevos conflictos de competencias, enredando la eficacia e incluso paralizando ese servicio público. Pasa con la Justicia Especial para la Paz, o con la Tutela, sobre las cuales no se ha logrado ni unanimidad sobre sus bondades ni consenso sobre su necesidad.
Hemos remplazado esa Rama del Poder Público (así, con mayúsculas)
por el poder de los medios
Pero por otro lado hemos remplazado esa Rama del Poder Público (así, con mayúsculas) por el poder de los medios. Hoy son los ‘comunicadores’ quienes fijan la agenda de las Cortes, de los Tribunales, y muchas veces de los mismos juzgados. Son quienes dan vigencia a una u otra prueba, quienes sustentan la validez de una u otra interpretación, y quienes por esa vía acaban induciendo la presión de lo que llaman ‘opinión pública’ hacia los fallos.
Todo columnista se siente no solo capacitado sino autorizado para poner en duda lo correcto de los actos judiciales, creando el ambiente de cuestionamiento no solo sobre el contenido jurídico de lo actuado sino de la solvencia moral y ética de los jueces.
Esto dentro del contexto de polarización política que se retroalimenta con estos cuestionamientos, trasladando al mundo mediático-político los escenarios que debían ser simplemente jurídicos.
Así llegamos a un desconocimiento de los más elementales principios del derecho procesal como son por ejemplo la reserva del sumario -con los medios de comunicación preciándose de conseguir filtraciones que otros no consiguen-, o la presunción de inocencia con la idea que basta una acusación para que corresponda al sindicado probar que no es culpable -y no al ente acusador la carga de la prueba-.
Acabamos siendo una comunidad donde dejó de ser la Administración de Justicia el camino e instrumento para resolver conflictos, y se convirtió en una nueva fuente de conflictos, una instancia donde éstos no se resuelven sino se multiplican, donde nadie la acepta como instancia de cierre sino de apertura de nuevos debates que ocupan además de los mismos escenarios jurídicos los mediáticos y los políticos.
Caso eminentemente ilustrativo puede ser el del llamado a indagatoria al expresidente -y, hasta el momento de este escrito, senador- Álvaro Uribe.
Lo que se evidencia es la falta de credibilidad y en últimas de respeto no solo por la Administración como órgano del Estado y por los administradores -las diferentes jerarquías de jueces de la Republica-, sino por la función misma, es decir por la necesidad de que los fallos se reconozcan como definitivos y se cumplan.
Sucede que contribuyen a este descalabro desde quienes han ejercido como máximas autoridades del Estado (de Primer Mandatario para abajo) hasta los mismos jueces.
Desde el punto de vista personal tendrá razón el Dr. Uribe en citar a ruedas de prensa para trasladar al escenario mediático y político su caso; al fin y al cabo es en estos campos donde tIene su fortaleza. Pero desde el punto de vista institucional lo que hace es quitarle credibilidad al Estado de Derecho que en algún momento juró defender.
Sucede también cuando se filtran a la prensa piezas procesales que deben guardarse en reserva en las manos y en el conocimiento únicamente de quienes están involucrados en los juicios, en particular en los jueces que a su turno juran cumplir con esos requisitos.
Pero se concreta sobre todo en los medios de comunicación que aprovechan estas fallas que son actos contra el concepto de una Administración de Justicia ciega, con una balanza en una mano y una espada en la otra, y la usan para multiplicar su rating, sin consideración alguna por el mal que causan al socavar con la promoción de esos actos las bases del Estado de Derecho.
Álvaro Uribe, su abogado Jaime Granados y el representante Álvaro Prada en la rueda de prensa de Rionegro, con amplio despliegue mediático. Twitter Álvaro Uribe
