En un debate reciente en la radio, Abelardo de la Espriella afirmaba abiertamente que sí él hubiese estado en igual situación de Mancuso habría armado un ejército con los ganaderos para defender sus propiedades. Mientras tanto, los hijos de Uribe y Santos estaban en una disputa por señalar quién era el más corrupto entre sus papás, discusión en la que salieron a relucir sin ambages los casos de Odebrecht, Panama Papers, las zonas francas y los falsos testigos.
No obstante, el país no se inmuta frente a hechos que a simple vista se manifiestan como ejemplos del grado de degradación de la conciencia humana. La sociedad colombiana vive en una constante de hechos corruptos, tanto que se han ido acostumbrado a ellos y, en cierta forma, los asumen como normales inclusive en sus propias cotidianidades.
La naturalización de la corrupción habría que verla también en la configuración del nuevo gobierno, elegido por esa aceptación generalizada de manifestaciones mafiosas en la administración pública. Tanto en el equipo de empalme y en el gabinete ministerial no son menores los perfiles corruptos: hay quienes desde la legalidad y la ilegalidad han favorecido el enriquecimiento de grupos determinados, o la hegemonía de poderes políticos de los que hacen parte directa o indirectamente.
Además, cabe recordar que Félix Lafaurie, quien administró los fondos parafiscales del gremio lechero y ganadero, ha expresado su acérrimo apoyo a los grupos armados anti restitución, y Miguel Pinedo, excongresista condenado por aliarse con paramilitares, entre otros, son los personajes a los que Iván Uribe les ha entregado la potestad de manejar la política agraria del país.
Tampoco se puede olvidar que Nancy Patricia Gutiérrez, investigada por tráfico de influencias, relacionada en las chuzadas del DAS e investigada por parapolítica, fue nombrada en el Ministerio del Interior. O ¿qué tal la ley de estabilidad jurídica que benefició a las multinacionales y perjudicó a la población en sus regiones, o la reforma que eliminó el régimen especial pensional y la mención que se hace de Alberto Carrasquilla y su empresa en los documentos desclasificados de Panama Papers, pero hoy es nuevamente el ministro de Hacienda de Uribe?
Esto en resumidas cuentas nos demuestra que la corrupción se ha convertido entonces en una política de Estado, como lo llegó a ser también el paramilitarismo; de hecho en todos los casos han ido de la mano. Por estas naturalizaciones hoy se adelanta en el Congreso una ley para prohibir el paramilitarismo y por esto mismo se está convocado una consulta popular para legitimar mecanismos anticorrupción.
Entonces, ¿por qué razón el sentido común no debería ser rescatado implícitamente con una propuesta de iniciativa ciudadana contra la corrupción? ¿Acaso no son escandalizantes los sueldos de los congresistas y otros altos funcionarios en uno de los países más desiguales del mundo? ¿Cuánta presencia legislativa al estilo grotesco y vulgar de Roberto Gerlein se va a seguir permitiendo y que se atornille en el Congreso hasta pensionarse?
Ni la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ni el Consejo Nacional Electoral, ni la Fiscalía Nacional de la República, ni la Superintendencia de Notariado, ni la Procuraduría General ha investigado y condenado a tantos personajes denunciados persistentemente por la sociedad por haber concentrado poder y riquezas a través de actos delictivos realizados en ejercicio de funciones públicas. Tampoco de los Tribunales y las Cortes inclusive puede esperarse justicia, donde se descubrió la existencia de círculos de corrupción denominados los “carteles de la Toga”. Tales entidades por el contrario han encubierto estas prácticas con decisiones de absolución que para buena parte de la sociedad resultan absurdas, y dejan una sensación de total impotencia. Y es precisamente la impunidad la que va haciendo natural la corrupción, expandiéndose en las costumbres de la gente e impregnándose en la conciencia nacional como “cultura” mafiosa.
Sin embargo, el aumento de la participación política en las elecciones pasadas ha demostrado que la ciudadanía sí está preocupándose por su entorno menos cercano, hay un deseo común de cambio que impulsa la unión de los decentes y buscan nuevas representaciones alejadas de intereses personales y centradas en un auténtico compromiso con la sociedad.
Por esto se hace necesario fortalecer todas las formas de participación ciudadana, especialmente en su carácter vinculante para que esta tenga sentido en cuanto a incidir directamente en las decisiones como poder constituyente primario. Estas calidades de la participación ciudadana son la base para la formación de una nueva cultura política, la de las ciudadanías libres y actuantes; son la garantía del equilibrio de poderes, entre un gobierno que pretende aumentar la concentración del poder que implica restricción de derechos, y la sociedad civil como promotora de tales derechos.
No es verdad que la consulta anticorrupción sea un desgaste político, como asegura Vargas Lleras, que en el Estatuto anticorrupción ya estén resueltos los siete puntos de la consulta. Todo lo contrario, el estatuto anticorrupción es solo burocracia tecnocrática, en ella no se permite revelar la corrupción como un fenómeno público, con factores de diverso orden que la reproducen y con responsabilidades concretas, sino “como algo complejo de ver y. por lo tanto, de resolver”.
Tampoco es un desgaste económico cuando se trata de fortalecer la participación ciudadana y su autodeterminación como fundamento de una democracia verdadera. Por lo contrario con la democracia hay una deuda bien larga y en la ejercitación de esta. Ya hemos visto los resultados de las consultas populares sobre proyectos minero energéticos en los territorios y la fortaleza con que los ciudadanos sienten que pueden decidir.
La constitución de 1991 no ha sido desarrollada respecto a su constituyente primario, es inconcebible que esto por tanto tiempo no haya sucedido, todo este tiempo no han existido garantías constitucionales y solo con los acuerdos de paz se logró conseguir un estatuto de la oposición, a pesar que constitución pedía esa regulación desde que se promulgó. Entonces han pasado 29 años sin que los mecanismos de participación sean desarrollados para exigir menos democracia representativa y más democracia participativa, más protagonismo directo de la sociedad en su conjunto.
Entonces la Consulta del 26 de agosto se presenta como otro gran escenario de pedagogía política, como los que han ocurrido este año alrededor de las elecciones legislativas y presidenciales. Con un ingrediente particular muy esencial: empezar a transformar la conciencia nacional frente a la aceptación pasiva de la corrupción que la ha vuelto común en su vida generando prácticas que la reproducen de distintas maneras. Será la primera vez que se convoca una Consulta popular a nivel Nacional.
La idea de que se pronuncie el pueblo como poder constituyente, la voz fuerte del sentido común y de la reconstrucción de la ética y la moral de este país ante una evidente crisis humana deja ver siempre que hay oportunidad de modificar la corrupción humana, un paso más para humanizarnos y de mandatar al servicio del bien común.
Hay que votar el 26 de agosto 7 veces sí porque el pueblo colombiano debe mandatar y eliminar todos estos carteles de la contratación, la naturalización de la mafia, de la argucia, de la concentración de la riqueza en unos cuantos, el robo del erario público y además censurar la que la naturalización de la corrupción que sigue imponiéndose con abogados sin ética, la opulencia, funcionarios públicos atornillados y expresidentes impunes, es con estos hechos colectivos que posiblemente se determine la evolución de la participación ciudadana y la conciencia colectiva, como un paso autentico y real hacia la transformación moral de la sociedad colombiana.
