Desde una pequeña meseta rodeada de altas montañas que anuncian los elevados pasajes de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra el pueblo kogui de Sezhua, espacio donde se desarrolló un viernes 27 de julio el encuentro de los mamos, autoridades espirituales y políticas, líderes y cabildos de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra (kankuamos, koguis, arhuacos y wiwas) con el presidente Juan Manuel Santos.
La solemnidad del encuentro se desarrolló en medio de actos de confianza y buena fe: el presidente Santos se confesó con los mamos, desprendiéndose de pensamientos y aliviando sus cargas espirituales, le ratifican ser portador del bastón de mando entregado al mandatario hace 8 años por parte de las autoridades; se protocolizó la redefinición de la línea negra como decreto presidencial, sistema de espacios sagrados que delimitan el territorio ancestral y, se sancionó la Ley de Páramos y de Cambio Climático con implicaciones para todo el territorio nacional.
El compromiso del presidente Juan Manuel Santos con los mamos y cabildos de los cuatro pueblos de la Sierra de firmar el decreto de línea negra ha generado posiciones en contra y críticas, principalmente de los gobernadores que colindan con la Sierra Nevada y el sector gremial. Ambos actores (gobernadores y el Consejo Gremial) radicaron solicitudes expresas al mandatario para frenar el decreto y ser concertado con el presidente entrante Iván Duque. Lo que se presenta de fondo es un desconocimiento del decreto como de sus implicaciones ambientales y culturales.
Los cuestionamientos se desarrollan principalmente en dos aspectos, uno de nivel de gobernanza y otro en el sector económico. Los espacios sagrados atraviesan ciudades como Valledupar, Santa Marta y Riohacha, generando un traslape de gobernanzas (ley de origen versus ley pública) e impidiendo el crecimiento urbano. También se hace alusión a un freno al desarrollo económico de la región, imposibilitando proyectos agroindustriales, mineros y de construcción ya que cualquier intervención al territorio ancestral o colindando con el sistema de espacios sagrados generaría un incremento de las consultas previas con las comunidades indígenas.
El primer aspecto a resaltar es que la línea negra ya cuenta con dos precedentes normativos, la Resolución 0002 de 1973 y la Resolución 837 de 1995 (reformulando la anterior), por el Ministerio del Interior, dando un reconocimiento legal en su momento a 54 espacios sagrados. Con el nuevo decreto presidencial aumentaría a 348, pero dentro del mismo perímetro, en decir, espacios sagrados unidos virtualmente en las partes bajas y alrededor de la Sierra. Por lo cual, muchos de los sitios sagrados han atravesado por décadas ciudades o municipios de los departamentos del Cesar, Magdalena y Guajira, sin que se presente un choque de las gobernanzas; incluso, se presentó un hecho interesante de integración territorial con la ciudad de Santa Marta, la cual en el año 2014 su administración decidió comenzar un proceso de articulación del Plan de Ordenamiento Territorial con la visión indígena de los pueblos de Sierra, a consecuencia de la delimitación transversal de la línea negra con el distrito urbano.
Por otra parte, los procesos de consulta previa desde hace años se viene normalizando dentro del territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra, precisamente por acciones que terminan vulnerando los derechos étnicos territoriales y por impactos negativos hacia el sistema montañoso de la Sierra. Dos casos emblemáticos. Ante la creciente y exponencial otorgamiento de licencias ambientales para proyectos mineros en la Sierra Nevada desde comienzos del siglo XXI, las autoridades indígenas han entrado en una lucha dentro del ámbito legal, logrando para año 2014 una acción de tutela a su favor, la T-849, expidiendo medidas especiales dentro de su territorio ancestral, denominado línea negra, para hacer una regulación de la consulta previa con una herramienta de manejo integral o de corte diferencial, un protocolo para que no se vulneren los derechos territoriales y garantizar la participación plena de las poblaciones indígenas dentro de los procesos de intervención.
En el año 2017 las autoridades y en representación de los cabildos de la Sierra se pronunciaron en contra de la construcción de un edificio en la desembocadura del río Gaira, en Santa Marta, por ser parte de uno de los espacios sagrados de la línea negra, llamado Jate Matuna. El tribunal Superior de Santa Marta ordenó la suspensión de las obras y recientemente profirió medidas punitivas al director de consulta previa, Jorge Eliecer Gonzalez, ya que en su momento no determinó ser consultable este tipo de proyecto. Lo que contextualiza este ejemplo es que los espacios sagrados y la política territorial de las comunidades indígenas se relacionan con la protección de la biodiversidad. Es incomprensible que los órganos de control territorial y ambiental concedan permisos de construcción en zonas donde se pueden alterar los ciclos del agua y sus ecosistemas o, en el peor de los casos ser vulnerable algún tipo de obra ante los efectos de un crecimiento súbito del río.
Entonces lo que observamos es los cuestionamientos del gremio empresarial y los gobernadores es que desconocen que la línea negra a nivel normativo existe desde hace décadas, la consulta previa igual ya tiene un proceso de regulación diferencial dentro del territorio ancestral de la Sierra Nevada, que las poblaciones indígenas no van a tomarse las alcaldías y gobernaciones ni a frenar los proyecto productivos de la región, ni a pequeña ni a gran escala, pero siempre serán los guardianes vigilantes del entorno ambiental, ya que la línea negra y el sistema de espacios sagrados es un instrumento de conservación del medio ambiente basado en la cultura.
Por lo cual, la trascendencia del decreto presidencial sobre la línea negra realmente tiene un reverso de las cosas. Colombia ha perdido 6.578.467 hectáreas de bosque en los últimos 26 años (WWF), visto mundialmente, el 2018 representa el año que la humanidad ha superado su récord de destrucción ambiental, consumiendo todos los recursos que no se pueden renovar en el mismo año (Global Footprint Network). Estamos en deuda con La Madre, como bien dirían los mamos; es hora de que los gremios de Colombia y los gobernantes locales salgan de su zona de confort y replanteen la noción de desarrollo y crecimiento económico basándose en principios de conservación, jalonando emprendimiento sin afectar la biodiversidad.
Línea negra en lengua autóctona kogi es Jaba Seshizha: ”Shi” quiere decir hilo o conexión y se refiere a las conexiones espirituales o energéticas que unen los espacios sagrados de tierra, litorales y aguas continentales y marinas del territorio y todo aspecto de la naturaleza y las personas. “Se” es el mundo espiritual en Aluna, el espacio negro de los principios antes del amanecer. En este sentido, la línea negra es la conexión del mundo material con los principios espirituales del origen de la vida. Es el tejido sagrado del territorio y garantiza el sostenimiento de las interrelaciones del territorio, la cultura y la naturaleza que es la base de la vida. Jaba es madre (documento decreto línea negra).
Producción sobre política territorial indígena y cosmogonía: Libros “Shikwakala”, “Visión simbólica y espiritual del río Ranchería”, “Visión ancestral indígena para el ordenamiento territorial de la Sierra”; documentales “Palabras mayores”, “Aluna” y “Resistencia en la Línea Negra”.
