Uribe ya está atrapado por la red judicial. Fueron años de espera hasta que por fin se da el paso inexorable por la autoridad judicial. La base de la providencia es en principio el soborno a testigos que se caracteriza en el Código Penal de Colombia como fraude procesal y soborno, dos ilícitos que se habrían cometido por parte de Uribe en el proceso que la Corte le abrió el pasado 16 de febrero en la reyerta que adelanta con el senador de izquierda Iván cepeda Castro.
La decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es contundente y en adelante el proceso avanzará paulatinamente hasta que cobre forma el cuadro de transgresiones criminales acumuladas durante varios lustros y que seguramente también alcanzarán delitos de lesa humanidad con masacres, homicidios y operaciones de corrupción que hasta la fecha han permanecido refundidos dada la capacidad estratégica del incriminado por los magistrados de la Sala Penal.
Este caso provoca la remembranza de la saga de Alberto Fujimori en el Perú que fue, por lo demás, referente de la gobernanza autoritaria de Uribe desde el 2002 hasta el 2010 años en que como presidente de Colombia se cometieron las peores atrocidades contra los derechos humanos como los “falsos positivos” y los mayores fraudes contra el funcionamiento democrático del Estado.
Como bien es conocido Fujimori, actualmente libre por un indulto, completó 10 años en prisión de los 25 años a los que fue condenado por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción de su autoría. Supuestamente en la cárcel sufrió de un cáncer en la garganta.
De acuerdo con varias investigaciones Fujimori amasó criminalmente 600 millones de dólares durante los diez años que duró en el poder.
El 7 de abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por ser responsable en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y un periodista.
La andadura del personaje de acá es incluso peor, tanto que en el hipotético caso que el expediente termine en la Fiscalía será inevitable la intervención de la Corte Penal Internacional dada la gravedad de los hechos.
Capítulo aparte son las devastadoras consecuencias políticas de este acontecimiento. Se sacude y seguro se desmorona el andamiaje político armado en el Congreso para darle sustento al gobierno de Iván Duque, mismo que queda con plomo en un ala perfilando una crisis bastante similar a la del proceso 8000 tal como lo anota Arteta.
Repite Uribe la saga de Fujimori, casi que al pie de la letra.
Hay que apoyar políticamente a la Sala penal de la Corte Suprema previamente amenazada de disolución por Duque y su estado mayor de filo fascista.
