Hace algo más de seis meses saludamos al entrante director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ofreciéndole una visión de la problemática sobre la cual asumiría el rol de timonel en lo que corresponde a la acción efectiva del Estado para preservar la vida en las vías del país. Parte del mensaje en aquella columna expresaba que “el remedio para la problemática de seguridad vial en más del 60% del territorio colombiano, carente de organismos de tránsito para ejecutar los recursos que desde el SOAT se inyectan al Gobierno central, no puede administrarse a cuentagotas, pensando exclusivamente en contraticos de señalización o la realización de campañas repletas de efímera teatralidad y poca efectividad”. El balance hoy en lo que se refiere a la gestión interinstitucional de la seguridad vial, a dos semanas para que el nuevo gobierno asuma funciones es agridulce.
En lo que va del año, la ANSV ha dedicado importantes esfuerzos en dos frentes de trabajo; el primero la supervisión y cierre de los más de treinta convenios que esa entidad celebró en 2017 con los entes territoriales priorizados como circuitos de seguridad vial en una cuantía que superó los $30.000 millones en un esquema de operaciones recíprocas (cofinanciación); el segundo dirigido a la “desnaturalización” —así lo ha dicho el director de la ANSV— de la muerte en la vía por medio de diferentes campañas que combinan el talento de reconocidos publicistas con trayectoria en imagen política como Carlos Duque, activaciones BTL típicas de marketing y la “farandulización” del mensaje de la seguridad vial . Si bien los indicadores de fatalidad continúan decreciendo desde que en 2017 se consolidó el éxito de la estrategia soportada en el trabajo conjunto de los territorios y el gobierno nacional que irrigó más de $75.000 millones de pesos entre 2015 y 2017; en este último año la administración de la seguridad vial desde la Nación, con Germán Cardona y Alejandro Maya a cargo, giró hacia la centralización y la concentración de los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Vial, privilegiando la contratación empresarial desde Bogotá sobre el apoyo a los entes territoriales en la continuidad de los esfuerzos que ya demostraron frutos.
Comparar la efectividad del trabajo directo de 35 administraciones regionales ejecutando localmente proyectos con el propósito de hacer más seguras las vías en sus jurisdicciones durante un año, con aquella que puedan dar campañas en medios de comunicación, activaciones de marca, publiprogramas institucionales de televisión y otros foros de sensibilización, es imposible. Sin embargo, lo que pareciera ser la versión oficial por parte de esa Agencia, según el mensaje que día de por medio difunde su director en redes, noticieros, periódicos y otros escenarios de comunicación, es que los gobernantes locales son la raíz del problema de seguridad vial a causa de la ausencia de control y la incapacidad técnica propia a las administraciones municipales y departamentales.
Como detrás de toda pelota siempre viene un niño, la Dirección de la ANSV que entrega despacho el próximo 25 de julio, decidió llevarse $35.000 millones de los recursos para el apoyo regional a la Seguridad Vial local a Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) por medio del contrato interadministrativo 025 de 2018, a cambio de una retribución de 10% del valor del contrato, que tiene objeto el “diseño e implementación de medidas para la seguridad vial”, que significó en la práctica subcontratar sin mayor planeación, la señalización de las carreteras nacionales a cargo del INVIAS según se lee en los documentos técnicos que soportan el millonario contrato, hoy en la mira de la Procuraduría General de la Nación por su precaria planeación y por el posible conflicto de intereses que puede surgir en razón a que el director Maya fue vicepresidente técnico de esa financiera.
Descartado el apoyo económico directo desde la ANSV a los entes territoriales por su “incapacidad de gestión”, como fuera manifestado por miembros del equipo directivo de la Agencia Nacional al pleno de los alcaldes de Colombia en su Congreso Anual en Cartagena durante el mes de marzo pasado, gran desconcierto causa conocer que la entidad nacional que debería tener el capital técnico en materia de seguridad vial importó experticia trayéndose a expertos del Ministerio de Transporte de Francia para que participaran en la priorización de las intervenciones de infraestructura serían ejecutadas por esa Agencia del Ministerio de Transporte este año, cuando quiera que la ANSV ya pagó un dineral a Findeter para hacer lo mismo.
Aceptar un cargo como la dirección de la Agencia de Seguridad Vial cuando se es viceministro es una apuesta válida, había sucedido ya en la ANI. La inquietud hoy es sí el director de la Seguridad Vial Nacional hará lo necesario para evitar salir en deuda con los entes territoriales a quienes aún no se transfieren los desembolsos de la liquidación de los convenios 2017, sin que haya otra explicación lógica que la incapacidad técnica y jurídica de los cientos de funcionarios que tiene la nómina de la agencia, a quienes se oye decir en pasillos que “administran el Chocó desde el chicó”. Agridulce balance…
