Se parecen la palabra ‘democracia’ y ‘corrupción’ en que se refieren a dos conceptos en forma hiperbólica, es decir representando el uno un sinónimo de bueno y el otro el de malo, pero sin definir cada uno a que se refiere.
Por ‘democracia’ la definición del diccionario de la lengua dice : “Doctrina Política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno”; “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”.
Por supuesto poco tiene que ver esto con el régImen político que en la realidad nos rige. Pero no se trata de analizar para cuestionar nuestro sistema; lo de destacar es el uso confuso, ambiguo y por tanto impreciso que se da a este vocablo.
Por un lado, y sin llegar a la definición lingüística, entendemos el propósito de un Estado, de una Sociedad o de quien sea a quién nos referimos, de buscar la igualdad de derechos, la igualdad de participación en los asuntos del Estado o, la igualdad de oportunidades en general para todos los ciudadanos.
Por otro lado hablamos de un modelo de organización del Estado y de los poderes públicos según un esquema en el cual las mayorías definen la suerte de la totalidad de la población; se hace mediante el sistema de votaciones que genera un sistema representativo; y el conjunto de los poderes se equilibran mediante unos pesos y contrapesos y de controles derivados que garantizan la operatividad del todo.
Se supone que esto es lo más cercano a la perfección en las alternativas de organización de un gobierno y de una comunidad y por lo tanto no solo debe ser nuestra aspiración sino representa el bien mismo que debemos buscar.
Por eso dejó esa palabra de ser una descripción de algo concreto y se usa como un adverbio calificativo de lo que se considera ‘bueno’.
Lo usaban en lo que llamábamos ‘Alemania Oriental’ cuando como país independiente se conocía como ‘República Democrática Alemana’ o Vietnam del Norte, cuyo nombre oficial era ‘República Democrática de Vietnam’, porque reivindicaban el propósito de igualar a toda la población auncuando para nosotros eso se contradice con el sistema de dictadura de partido.
Algo parecido sucede entre nosotros -en cuanto al uso del término como un simple calificativo para vender imagen- cuándo tanto la extrema izquierda, Polo Democrático, como la extrema derecha, Centro Democrático, disimulan así su naturaleza de modelo comunista la una y la otra de movimiento caudillista.
Pero también otro vocablo se usa para significar lo ‘malo’, lo indeseable: la palabra ‘corrupción’ no existe en nuestro Código Penal, sin embargo es la que más usamos para describir la acciones que deben ser juzgadas bajo éste. Aplicamos la definición tácita de que se da cuando el interés privado afecta ilegalmente el interés público (y eso en materia casi exclusivamente económica). Sin embargo las únicas apariciones en todo el Código Penal es para casos entre privados en el único artículo que lo tipifica (art. 250). De resto solo existe la mención a ‘quien induzca a corrupción al sufragante’ (art. 590), y en ‘encubrir un acto de corrupción’ (art. 325B) es decir referido a la accion de un tercero sin definir en qué consiste ésta.
El diccionario de la lengua define ‘corrupción’ como “acción y efecto de corromper o corromperse”, y ‘corromper’ así: “1) alterar o trastocar la forma de alguna cosa; 2) echar a perder, dañar, podrir 3) sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera; (…) “. O sea que coincide estrictamente solo con un delito.
Un referendo que no solo no aporta nada importante como novedad
sino que nada tiene que ver con atacar
lo que se supone se debe perseguir
Hoy la palabra corrupción ha perdido tanto un significado concretable que se usa el antónimo creado de ‘anticorrupción’ para hacer protagonismo político a su alrededor, promoviendo un referendo que no solo no aporta nada importante como novedad sino que nada tiene que ver con atacar lo que se supone se debe perseguir. Ni los salarios de los altos funcionarios, ni lo que tengan en sus declaraciones de renta, ni los periodos para los Congresistas, son formas de ‘corrupción’. La legislación ya contempla -como es obvio- la cárcel para los delincuentes (que en la consulta se tratan de ‘corruptos’), y el impedimento para que vuelvan a contratar con el Estado; los pliegos tipo para la contratación ya son obligatorios; la participación de la ciudadanía existe en todos los niveles desde el presupuesto nacional donde opina el Consejo Nacional de Planeación Participativa, hasta las consultas regionales a través de las cuales se aprueban o se vetan los proyectos del gobierno nacional que afectan en forma diferenciada una población en particular; la ley y el reglamento del Congreso establecen las sanciones por inasistencia y el voto nominal es obligatorio cuando las condiciones lo ameritan.
Lo que sucede es que la fuerza de las palabras y su indebido uso nos llevan a la idea que para defender la ‘democracia’ (sin concretar en qué consiste) toca acabar con la ‘corrupción’ (sin típificar las conductas que la componen), y por eso debemos destinar 310 000 millones de pesos que no cumplirán función diferente de la de satisfacer el afán protagónico de quienes nos los hacen malgastar.
