Después de 29 años de vigencia de la Ley 91 de 1989, que definió un régimen especial en prestaciones sociales y una atención integral en salud para los docentes, como resultado de una lucha de gremio y una conquista histórica que creó el Fondo Nacional del Magisterio, hoy la atención médico asistencial entra en cuidados intensivos y es una obligación que todos los actores desde las diferentes entidades territoriales empecemos a pronunciarnos.
En el caso de Pasto y Nariño, en donde el prestador del servicio es Proinsalud S.A, al parecer la causa del mal servicio de salud que hoy se brinda a los maestros —reflejado en la forma cómo se posponen citas, se aplazan indefinidamente los diagnósticos, se tratan con paliativos, enfermedades que deben ser diagnosticadas a partir de exámenes serios, a los cuales en ocasiones no se logra acceder ni por la vía de la tutela— obedece al incumplimiento en los pagos por parte de la Fiduprevisora, que a la fecha adeuda una suma superior a los 28.000 millones de pesos, pasivo que impide que el prestador pueda cumplir con sus obligaciones frente a entidades subcontratistas, a los proveedores de medicamentos e incluso con el pago de la nómina de los trabajadores de la salud.
Lo que sucede con Proinsalud en Nariño no es un hecho aislado y en términos generales el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presenta un déficit muy considerable, lo cual conlleva a que los maestros de todo el país, especialmente aquellos que trabajan en zonas apartadas, han notado el desmejoramiento de la calidad e incluso de la cobertura. Además, como la red de hospitales y clínicas contratadas directamente para el Magisterio no es tan amplia, en la práctica muchos maestros no tienen acceso a la salud.
Entre los indicios que develan la crisis financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio están las siguientes:
• El incumplimiento de la cuota patronal, del 8.5% del valor de la nómina que debe aportar el Gobierno nacional, tan solo cumple con el 3,5%.
• La exclusión del sistema de riesgos laborales que acaba con la integralidad del régimen y deja desprotegido a los educadores.
• La desviación de recursos del Fomag de una prestación a otra, pagando cesantías y pensiones con los aportes de la salud.
• Falta de objetividad en los estados financieros del Fomag por la inexactitud del pasivo prestacional cargado a los entes territoriales desde la asimilación de los docentes territoriales.
Lo anterior nos indica que el problema es estructural y obedece a una grave desfinanciación que incluso puede colocar en riesgo la permanencia del Régimen Especial del Magisterio. Por eso es momento para que desde los entes territoriales todos los actores exijamos que el Consejo Directivo empiece a revisar cuál es la realidad financiera del fondo prestacional y se haga un seguimiento exhaustivo al contrato de fiducia, toda vez que en los 29 años de vigencia de la Ley 91 de 1989 al parecer es la Fiduprevisora la entidad que de manera unilateral impone las condiciones para el reconocimiento de las prestaciones sociales y la prestación del servicio de salud que día a día se precariza, colocando en serio riesgo la salud y la vida de los maestros, afectando de manera directa la calidad educativa de los niños.
