“Presidente Duque: con usted, ¿volverá la guerra?”, pregunta Cecilia Orozco. “Aquí va a haber un escenario de confrontación (armada)”, dice el General (r) Leonidas Barrero Gordillo, quien fuera comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, país en que la guerra ha dejado un saldo de 220.000 asesinatos, 5.700.000 desplazados; 1.980 pueblos masacrados, 25 mil seres humanos desaparecidos, y 27 mil secuestrados, según datos sobre la tragedia que hemos padecido durante 60 años de muerte (Informe Basta Ya. 2013. Centro Nacional de Memoria Histórica).
Pero es más, la Defensoría del Pueblo asegura que son 311 líderes asesinados a 30 de junio de 2018. Inconcebible. Y la más paradójico es que no obstante la reducción de la violencia gracias al acuerdo de paz, cuando estábamos esperando que el proceso incidiera positivamente, está resultando todo lo contrario: el coletazo de la violencia se está incrementado con los desertores de las Farc, las Águilas Negras, los Urabeños, las manos largas del Cártel de Sinaloa, las Autodefensas Gaitanistas, el Clan Úsuga, el Cartel del Golfo, y toda una serie de grupos narco-paramilitares, que delinquen alrededor de la minería Ilegal, de los cultivos ilícitos, el contrabando de la gasolina, de las vacunas y chantajes a los comerciantes, en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia –Urabá y Bajo Cauca.
Ahora con las masivas manifestaciones y desfiles de la “velatón” por la vida, el viernes 6 de julio, en las principales ciudades de Colombia y del mundo, el tema se ha puesto de moda, y la gran prensa se da golpes de pecho, como lavándose las manos y pidiendo, ahora sí, que cesen los asesinatos de líderes sociales, pero sin apuntar a las reales causas del problema, haciendo malabarismos verbales dignos de los prestidigitadores de opinión.
Todo el mundo lo sabe, y las clases dirigentes con mayor razón, que el fenómeno del paramilitarismo en Colombia no es efecto de un gobierno determinado, aunque no se puede negar que en algunas administraciones el fenómeno se haya convertido en una política de estado. Desde la violencia en Colombia entre liberales y conservadores, después del asesinato de Gaitán (1.948), pasando por el “Frente Nacional” (1958-1974), sectores de terratenientes conservadores y de la burguesía “liberal”, acudieron al método de la violencia política con la consigna de “a sangre y fuego” contra las “repúblicas independientes” de colonos que se protegieron de la violencia reaccionaria con la consigna de la autodefensa de masas.
Pero el método de las clases dominantes dio resultado para impulsar el gran negocio de la compraventa de tierras mediante el despojo violento, impulsando los cordones de miseria y de mano de obra barata en las afueras de las grandes ciudades, y por otro lado, empujando a un sector del campesinado despojado hacia la colonización armada.
De tal manera que el fenómeno no es novedoso, todo lo contrario, tiene sus orígenes y altibajos dependiendo del clima político que se viva en determinados momentos y coyunturas históricas. Después del fallido intento de negociación de Belisario Betancur (La Uribe 1985) y de Andrés Pastrana( El Caguán 1998-2002), siguieron los Gobiernos neoliberales dictatoriales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y de Juan Manuel santos ( 2010-218), es decir, 16 años del imperio del crimen y de la corrupción, que llevaron al apogeo del paramilitarismo y a la violación de los derechos humanos, de tal manera que, aunque hay que reconocer la negociación política del conflicto armado con las Farc, no tenemos motivos suficientes para asegurar que la “realpolitik” del paramilitarismo haya sido desmantelada, y mucho menos ahora que termina el “gobierno de la paz” y le entrega al “gobierno de la guerra”.
Los últimos hechos sangrientos están confirmando una verdad de a puño: el genocidio político contra la Unión Patriótica se empieza a repetir ahora contra Colombia Humana, contra defensores de los derechos humanos, reclamantes de tierras, impulsores de sustitución de cultivos ilícitos; fenómeno que tiene su explicación en el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal, que son estructurales al sistema político dominante con su modelo de acumulación capitalista neoliberal que excluye a las mayorías populares del circuito económico legal y de la participación política formal.
No valen las lamentaciones de Jeremías de una prensa amancebada con el poder, para explicar las verdaderas causas del genocidio que empieza a gestarse, y que puede desarrollarse si los factores reales de poder no asumen su responsabilidad y desmontan el paramilitarismo. Y para desmontarlo necesariamente se tiene que acabar con el narcotráfico, y para acabar con el narcotráfico hay que hacer la reforma rural integral, dándole al campesino la tierra, la salud, la educación, las vías de comunicación, la vivienda, el crédito y los centros de mercadeo para la realización de sus productos, y además, crear las condiciones para la agricultura moderna con empresas agroindustriales y minero energéticas que saquen al campesino del feudalismo y lo inscriban en un país moderno.
No es pues con medidas solamente policivas y judiciales, o fumigando con glifosato los cultivos de coca, como lo manda el imperio con en una medida condenada al fracaso, no es con explicaciones acomodaticias del ministro de Defensa y de altos funcionarios del Estado, en el sentido de que el fenómeno de esta violencia no se puede caracterizar como paramilitarismo porque no es una manifestación sistemática, ni tiene el mismo patrón criminal en todas las regiones donde se presenta.
Por ese camino están buscando el ahogado río arriba, en vez de enfrentar con decisión y realismo las reformas democráticas necesarias e indispensables para poder combatir con éxito el fenómeno que está creciendo a la luz del día.
El nuevo gobierno del presidente electo tendrá que comprobar en la práctica su independencia política para poder defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos, como lo manda la Constitución, y no solamente los derechos de la minoría oligárquica dominante.
Por supuesto que las movilizaciones de masas del viernes pasado están indicando el camino a seguir: hay que continuar con más “velatones” por el derecho a la vida, hay que multiplicar las movilizaciones de masas, como la programada para el 7 de agosto frente a la cual ya están poniendo el grito en el cielo los sectores reaccionarios; hay que acudir a la denuncia internacional, además de la denuncia política del régimen desde el Congreso de la República.
