En la más reciente de mis columnas, acá en Las2orillas, anunciaba lo que, en mi opinión, nos tocará vivir a los trabajadores del país con la llegada de Iván Duque (y con él, el uribismo) al poder. El hecho de que no se haya mencionado siquiera algún candidato a ministro de Trabajo, muestra los oscuros nubarrones que los trabajadores vemos en el horizonte. Por eso, no se puede esperar a ver cómo va a gobernar Duque para declararse en oposición a él, como lo plantea el presidente de Confederación General del Trabajo - CGT.
Y ahora vienen a cobrar su apoyo, los miembros del Consejo Gremial, siempre pensando en sus patrones, los grandes empresarios, pidiéndole a Duque vender Ecopetrol. Un anuncio que ha causado revuelo en el país y que todavía el presidente electo no ha aceptado ni rechazado. La amenaza está vigente, recordemos que fue Uribe quien permitió el ingreso del capital privado a la empresa y le entregó el subsuelo a las multinacionales petroleras a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH.
Vender a Ecopetrol es como si el Estado se cortase la mano derecha. Esta empresa, de mayoría pública, le ha transferido al presupuesto general de la nación más de 210 billones de pesos en los últimos 10 años. Venderla le quitaría al país esos importantes recursos que tendrían que obtenerse con más impuestos. Es decir, con más reformas tributarias. No habría otra forma de hacerlo. Los colombianos de a pie pagaremos muchos más impuestos para llenar el enorme hueco fiscal que abrirían.
El gobierno saliente ya se pronunció. Dijo que ya tenían un listado de empresas listas para venderse y se vanagloria de haber vendido un activo importante como Isagén, con la que feriaron la soberanía eléctrica del país, y una empresa rentable y eficaz. Lo hicieron con el pretexto de financiar las vías 4G, cosa que tampoco lograron, nos quedamos sin el pan y sin el queso. Esa es la lógica neoliberal, vender lo público para gastarlo en negocios privados donde la plata fácilmente se la llevan fondos especulativos multinacionales.
Y con un Estado corroído por la corrupción como este, donde la empresa pública la concebimos como un bien de nadie, que el presidente de la República entrega a conciertos para delinquir electorales buscando mantener mayorías en el Congreso, lo que hace fácil la apropiación privada, la tarea de defenderla nos corresponderá a la ciudadanía libre, a los movimientos sociales, a la bancada de oposición al gobierno y a los trabajadores.
Recordemos que Isagén fue vendida a pesar de la oposición del 80 % del Senado. Incluyendo los uribistas se opusieron a esa subasta pero nadie la pudo frenar. El sindicato y sus aliados presentaron muchas acciones jurídicas, pero al final la empresa se vendió. En Ecopetrol, contrario a lo ocurrido en Isagén, existe un sindicato fuerte. Uno con capacidad de movilización y de hacer una huelga por su defensa como en efecto lo acaba de anunciar.
Esta amenaza de privatización de Ecopetrol
coincide con la negociación colectiva que se avecina.
El sindicato pedirá que se garantice la no privatización en el gobierno Duque
Esta amenaza de privatización de la empresa coincide con el proceso de negociación colectiva que se avecina en Ecopetrol. Uno de los puntos que pedirá el sindicato es que se garantice la no privatización durante la vigencia del gobierno de Duque. Una puja dura pero que será el eje central de la negociación porque vale la pena recordar que de buenas convenciones colectivas de trabajo con buenos derechos laborales están llenos los anaqueles del Ministerio del Trabajo en extintas empresas como Bancafé, el ISS, Telecom, entre otras. Nada sacamos con tener los mejores acuerdos colectivos si el gobierno, sin debate, vende la empresa y se la entrega al capital privado. Militariza las instalaciones, tramita la ley, extingue al sindicato y vende la empresa. Es el modus operandi. Ya lo vivimos los colombianos con otras empresas del Estado.
Los colombianos necesitamos dirigir la transición energética que se acerca, y seguir obteniendo beneficios de la explotación, no solo para toda la nación sino también para cientos de territorios y comunidades.
El empresariado apuesta a quedarse con todo, lo quieren hacer con la ETB, con el Grupo de Energía de Bogotá y si lo logran con Ecopetrol irán también por las Empresas Públicas de Medellín, que hoy financian el 20 % del presupuesto de esa ciudad, todas estas ventas dejarían al Estado central y local sin capacidad de atender políticas sociales claves para derrotar la pobreza y profundizará la desigualdad y el poder oligárquico en Colombia, el mismo que no es un gran administrador ni el más decente, recordemos Odebrecht y Electricaribe.
Habría que hacer una huelga en Ecopetrol. No hay otra salida. Sus 9000 trabajadores deben ser sus principales defensores. Dejar de trabajar para hacer sentir su descontento por esta medida antinacional. Ejercer ese derecho fundamental que ya nos permitieron las sentencias C-858 de 2008 y C-796 de 2014 de la Corte Constitucional. Suspender todas las actividades productivas para “expresarse contra políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión” (Cfr. C-858 de 2008)
