En Colombia, la politización del poder judicial, la corrupción judicial y la cultura de impunidad ha permeado y se ha ido consolidando progresivamente y avanza con toda normalidad. Lamentablemente, la mayor parte de los ciudadanos piensan que la corrupción judicial está ampliamente extendida entre los miembros de la judicatura y, es algo que resulta evidente en vastos segmentos de la población. La corrupción judicial humilla y destruye la confianza del pueblo, fomenta la falta de respeto de las instituciones y “alienta las prácticas corruptas”. Si esta situación no se corrige, el poder judicial caerá totalmente en descrédito, y los ciudadanos, con razón, volverán la espalda al sistema judicial.
El tema de reforma del sector de la justicia y combatir la corrupción en la administración de justicia será un desafío para el nuevo presidente. El grande desafío de los próximos 4 años será, entre otras cosas, encarar el dramático problema de los nombramientos a influencia política para puestos de alto nivel y velar por que se hagan a partir de los méritos, evaluar de forma regular el desempeño de los jueces, magistrados y fiscales y exigir responsabilidades a quienes cometan errores, crear el Consejo de Rendición de Cuentas, que se encargaría de exigir responsabilidades a los jueces, fiscales y magistrados que le son remitidos y la función de inspección judicial en lo relativo al control y la inspección de las tareas de los jueces y fiscales y la evaluación de su desempeño mediante inspecciones periódicas, realizadas sin previo aviso, y la recepción y estudio de las quejas de los ciudadanos, romper con la cultura imperante de impunidad en los niveles más altos de la administración y superar gran parte de la desconfianza de la población hacia la actuación judicial, por citar solo algunas. Manteniendo el principio de que la gran mayoría de funcionarios ejerce su función con absoluta probidad, con alta dignidad y gran decoro.
La legalidad y la eventual estrategia de reforma judicial en el programa de Iván Duque
La legalidad junto al emprendimiento y equidad ocupa un lugar primordial en el programa del presidente Duque. El Presidente se ha comprometido a defender aquellos valores de legalidad y orden público (a luchar contra la corrupción, contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el crimen organizado), evitar la impunidad, asegurando el ejercicio efectivo de las garantías constitucionales y plena vigencia de las instituciones democráticas, de forma que se adecue a los criterios que figuran en los pactos internacionales que guardan relación con la cuestión y en los tratados que ha ratificado la Colombia.
Para defender la legalidad en el sector de la justicia, hay varias acciones posibles, entre las cuales mencionaremos cuatro de ellas:
1. La promoción de la legalidad y el fomento de las reglas y principios que rigen el comportamiento ético y conducta profesional de los funcionarios que forman parte del poder judicial. Esta iniciativa fortalecerá la capacidad de los titulares de mandatos para ejercer sus funciones;
2. La legislación deberá contemplar normas éticas más estrictas para prevenir la corrupción judicial de las autoridades y los cuerpos que trabajan en el ámbito de la administración de justicia y los asuntos de interior y la obligación de respetar un código de conducta (debe ser un requisito para los nuevos jueces y fiscales) de los funcionarios destinado ante todo a garantizar su independencia y su objetividad; emprender también, en este contexto, acciones más eficaces para permitir la investigación de casos de corrupción en la judicatura, mecanismos de control de los conflictos de intereses y del favoritismo, como condición previa para todas las otras iniciativas sobre prevención (La declaración y seguimiento de activos a lo largo de las carreras judiciales inhibe la corrupción, The Judicial Mentoring Project Handbook, 2010). De cara al futuro, también podrán instaurarse medidas internas con idéntico fin al ministerio público cuando éste goce de una independencia análoga a la del poder judicial;
3. La afirmación de los valores de la democracia y de una “tolerancia cero frente a la corrupción” desempeñará asimismo un papel importante en la creación y el fortalecimiento de una "conciencia" de rechazo, que sirvan para orientar y aplicar las medidas mencionadas anteriormente.
4. Establecer un grupo de trabajo para difundir la cultura de la legalidad y de la ciudadanía responsable en el mundo de los negocios, la cooperación con el mundo del trabajo y las profesiones con el fin de alentar la participación de los operadores en la prevención y lucha contra el crimen organizado, la mafia y exacerbar los fenómenos de corrupción. Estas iniciativas pueden incluir también la sensibilización y capacitación en colaboración con las asociaciones representativas de empresas, la cooperación con los trabajadores, así como con asociaciones, entidades y colegios de profesionales.
Creemos firmemente que la independencia del poder judicial, la transparencia de los procedimientos y la despolitización son de la máxima importancia para hacer frente a este problema y erradicar la corrupción sistémica. La propia judicatura debería cerciorarse de que es una referencia en materia de comportamiento ético y transparencia frente a acusaciones de complicidad, adhiriéndose a los valores y virtudes tales como el desinterés, la integridad, la responsabilidad, la transparencia y la honradez. El poder judicial tiene la obligación luchar contra la corrupción pública y garantizar la autoridad, la credibilidad y la legitimidad de su actuación, especialmente la relativa al "juicio con las debidas garantías". Pese a la suficiente presencia de leyes disuasorias que contemplan acciones penales e incluso condenas de prisión para los corruptos y la consecución de resultados tangibles en la investigación y persecución de actos de corrupción cometidos por personas físicas o jurídicas, el lento ritmo de los procedimientos judiciales se ha traducido en muy pocas condenas reales.
El presidente deberá dilucidar las esferas jurídicas en las que es imperativo establecer un conjunto de reformas legales. Este paquete de medidas constituirá la base del programa de reforma de la justicia penal en la Colombia. El objetivo de este proyecto es defender la legalidad y el funcionamiento de la autoridad judicial a través de un compromiso amplio entre los interesados. Con ello se tratará de posibilitar la ejecución de un programa de reforma efectivo y competente de la Justicia Penal. Gracias.
