La elección del empresario caleño M. Armitage como alcalde de la capital vallecaucana para el periodo 2016-2019 propició una gran expectativa entre la ciudadanía de este importante centro urbano del sur occidente del país, pues su aparente distancia de las maquinarias electorales hacía prever una gerencia técnica, focalizada en los problemas más acuciantes que azotan a los caleños entre quienes se cuentan una amplia población afrodescendiente, indígena y de mujeres.
Cali es una ciudad con cerca de tres millones de habitantes que plantean enormes retos a la institucionalidad pública pues las demandas de todo orden son crecientes y fuente de grandes conflictos en la seguridad, en los derechos sociales y en la organización de la vida pública democrática.
Desafortunadamente todas estas cosas desbordaron al señor Armitage, quien hoy ofrece la imagen de un zombi destartalado y desubicado, incapaz de abordar cualquier problemática que presiona en su demanda por alternativas oportunas y eficaces.
Armitage ha sido un monumental fracaso por varias razones.
Primero, no entendió las dimensiones de la problemática ambiental asociada al deterioro del río Cauca y de las otras corrientes hídricas que son fuente vital de la biosfera local. Los fenómenos ambientales producto de la corrupción en la CVC y de la falta de normas precisas han generado un caos de gigantescas proporciones que pueden derivar en daños irreparables para las poblaciones más vulnerables.
Segundo, la violencia urbana juvenil con bandas de sicarios pagados por las mafias de la coca del Norte del Valle, muy activas por cierto, tiene a Cali sumida en un mundo tenebroso por causa de la acción delincuencial que altera el funcionamiento de un orden público civilista. Atracos, raponazos, asesinatos a la luz pública, ejecutados por pistoleros en moto, son el pan diario de miles de personas en la ciudad. En Cali impera la ley del sálvese quien pueda por cuenta propia pues el dispositivo policial luce como una apéndice de poderes fácticos prevalentes en la red urbana.
Tercero, la movilidad y la organización de la vialidad está al garete. El Mío es un fracaso generalizado que se expresa en su bancarrota financiera y en su colapso funcional.
Cuarto, la educación sigue a la deriva y los planes de mejoramiento de la calidad de la misma con gigantescas inversiones no ofrecen resultados ciertos en la mejora del servicio público educativo en todos sus niveles lo que se refleja en la sofisticada operación de las bandas juveniles que reproducen el esquema de las Maras salvadoreñas. En la práctica las inversiones multimillonarias en los diversos componentes de la estrategia de mejoramiento de la calidad han representado un enorme despilfarro en manos de las redes y carruseles de la contratación orquestada por la clase política local del Concejo municipal.
Las empresas públicas de Cali no han sentido la supuesta mano gerencial de Armitage. Su bancarrota es un hecho que tiene graves consecuencias en la prestación de varios servicios básicos como los del agua y otros.
Lo peor es que no se avizora un viraje para los últimos meses de la administración Armitage. Y ni modo de pensar en una revocatoria del mandato.
Lo que procede es la organización de gran coalición cívica y popular que postule un candidato de origen progresista con capacidad de asumir esta compleja problemática como ocurrió durante el gobierno de Petro en la Capital de Colombia y que hoy tiene el reconocimiento de cerca de dos millones de personas beneficiadas con las importantes acciones de la Bogotá Humana que hoy han sido desmanteladas por el tecnócrata e inepto Peñalosa.
Los resultados electorales del domingo pasado dejaron un importante capital político para este proyecto alternativo.
