Los resultados de las elecciones parlamentarias, y presidenciales de primera y segunda vuelta en Colombia, lanzaron unas señales poderosas que están basadas en la diversidad de la opinión pública electoral que el presidente electo no puede ignorar. Esa es la opinión que importa (53 % del censo electoral) pues la otra mitad de la población en edad de votar que no participa en la suerte de su propio país es como si no existiera, por decisión propia.
Dos muy notorias. La primera, que no existen en el Congreso partidos políticos mayoritarios y el gobierno del presidente Duque tiene que formalizar una coalición alrededor de metas, programas y participación en la burocracia para garantizar su gobernabilidad, lo cual implicará ajustes a sus programa iniciales. La segunda, que en su triunfo electoral hubo un factor decisivo de apoyo al sistema económico y político imperante, a pesar de los pesares, contra los temores más que justificados del Socialismo del siglo XXI, lo cual no debería leer como un apoyo a la parte más radical de su agenda conservadora.
Si lo que se viene, como el propio presidente electo lo ha anunciado, es un gobierno de concordia nacional, con un gabinete de gente joven, proveniente de las regiones, con alta participación femenina y representación de la mayoría de las fuerzas políticas, no tendría sentido que impulsara una agenda que divida esas fuerzas, que no reconozca los derechos de las minorías, o de la mujeres, que no esté ajustada a las realidades de la sociedad colombiana: las nuevas estructuras familiares, empresariales y políticas, el proceso de paz.
La oposición ya declarada que tendrá, en cabeza de Gustavo Petro, le apostará a su fracaso pues de eso dependen sus posibilidades de convertirse en alternativa de gobierno en cuatro años. Su éxito alejará el fantasma del Socialismo del siglo XXI, que catapultó a Petro en esta campaña y quizá abra la posibilidad futura de una alternativa de centro. En rigor lo que ganó y perdió fueron temores encontrados, votos asustados, que en el fondo no representan lo que debería ser un gobierno de izquierda o de derecha. Una izquierda extraña la de Petro que tuvo una agenda reformista imposible de cumplir y mucho populismo, y una derecha extraña la de Duque, que hablaba de progreso social y de devoción por los pobres.
No tendría ningún sentido que Iván Duque, un ciudadano normal colocado en circunstancias extraordinarias, despilfarrara esa increíble oportunidad de oro que se le da a él mismo y a su generación, para marcar una diferencia en el gobierno de Colombia y contribuir a su pacificación, a su progreso, a su incorporación plena a la sociedad moderna, a avanzar en la solución de ese problema central que pesa como un fardo sobre sus espaldas: cómo lograr la modernización económica y a la vez atenuar la inequidad social.
El tema fiscal está en el centro de ese debate. No solo reducir los impuestos empresariales, elevados al menos en teoría, sino también los elevadísimos e ineludibles de la clase media para ampliar su capacidad de compra, y fortalecer los subsidios que permitan a los más pobres educarse e incorporarse a la clase media, con recursos provenientes de la lucha contra la evasión, la elusión, el contrabando, la corrupción pura y llana. Si se quiere construir una sociedad menos inequitativa, que debería ser la prioridad de las políticas públicas, hay allí la base de un gran acuerdo nacional.
Si se quiere construir una sociedad en paz,
no debería repetirse el debate ya cerrado de los acuerdos de La Habana
sino cumplirlos y desarrollarlos
Y si se quiere construir una sociedad en paz, no debería repetirse el debate ya cerrado de los acuerdos de La Habana sino cumplirlos y desarrollarlos, que es la mejor manera de ajustarlos. La presencia de los jefes guerrilleros en el Congreso sin haber pasado por los tribunales de la Justicia Especial para la Paz fue la principal causa del desprestigio electoral del proceso de paz. El correctivo a ese infortunado hecho cumplido es que los jefes se sometan a esa jurisdicción y si son condenadas dejen de ejercer sus funciones legislativas. La modernización del sector agropecuario para la cual la actualización del catastro rural es condición indispensable, es inevitable para pacificar el campo. El aumento de pie de fuerza de la policía en las ciudades es inevitable para pacificar las ciudades.
Así que en plata blanca, ajustar hacia la moderación la agenda de la coalición que ganó las elecciones en cabeza de Iván Duque, no es incompatible con un gran acuerdo nacional, que es lo que se necesita para seguir adelante después de tantas amargas recriminaciones entre la dirigencia política y de una campaña presidencial populista, que no hicieron otra cosa que obligar al país a buscar amparo en los seguros pero incómodos refugios de la derecha
