Para los ciudadanos políticamente de centro el derecho a votar se ha convertido en un conflicto sociopolítico, contrario al sentido democrático que define el participar y elegir libremente a un candidato presidencial. Es tal el nivel de “extorsión y presión política” que muchos electores decidieron no sufragar y otros sienten temor por lo que les pueda pasar.
Estas vicisitudes son propias de un país con alta polarización electoral, bajo nivel educativo-democrático e incipiente cultura de elecciones transparentes. Ahora bien, todo esto es fruto de una desconfianza ciudadana que ha crecido viendo una historia recurrente de fraudes a la democracia, donde hoy muchos anticipan hechos similares con denuncias en redes sociales —mostrando formularios E14 enmendados o tachados, lo cual claramente es tipificable como delito electoral: alteración de resultados—.
Así mismo, la incertidumbre crece por los anuncios de corrupción electoral proferidos por el señor fiscal Néstor Humberto Martínez, anuncios pre-elecciones que debilitan la institucionalidad estatal, el sentido de la democracia y de la participación legal de la población en la construcción de la misma.
Los anteriores son indicadores políticos de una democracia débil que conmina al Estado y a su próximo gobernante a robustecer el control político electoral, las instituciones encargadas del proceso y plantear desafíos centrales en materia de políticas públicas y de gobernamiento.
Sin embargo, pensar en desafíos supone saber cómo hacer el país viable, qué ruta política se seguirá si gana Iván Duque o Gustavo Petro. Para resolver estas preguntas recurriré a tres supuestos políticos que pueden anticipar el acontecer social, económico y gubernativo en el nuevo cuatrienio que se avecina.
1. El país no cambiará si gana Duque. Lo más seguro será recibir más de lo mismo en término de austeridad social y de resolver el dualismo histórico guerra-paz o de pensar temas como la relación entre empleabilidad y las concesiones empresariales, más ahora que el país es miembro pleno de la OCDE y que se requiere evidenciar altos estándares de competitividad en campos como la educación, el comercio o la industria. Aquí la duda surge por las condiciones de gobernabilidad política y el antagonismo de fuerzas en un país caldeado por la polarización y la desconfianza social, la consigna para poder crecer será, “dejar atrás la crisis social” y dar un salto o desplazamiento en mejorar las condiciones para el disfrute efectivo de los derechos humanos de la población, más aún ante la influencia de un país vecino situado por la pobreza y el abandono en temáticas tan importantes como la salud, la seguridad o los desplazamientos como pasa hoy en Venezuela y que de paso precarizan de forma directa un mayor desorden social, al igual que las condiciones de equidad e inclusión para 8,3 millones de compatriotas que están en pobreza multidimensional.
2. Si gana Petro tendremos modernización estatal. Una de las principales propuestas de Gustavo Petro es constituir un Estado socialmente moderno. En resume es, generar mejores condiciones de participación, de bienestar social y de consecución de bienes comunes para los ciudadanos más necesitados; aunque todo esto es interesante se puede tensionar o torcer por la oposición de las fuerzas de poder real de multinacionales, empresarios y de algunas organizaciones internacionales que le apuestan al continuismo y no al reformismo, porque es más confiable y seguro para ellas continuar con lo que han venido haciendo durante más de 3 décadas en términos de rentabilidad económica y acumulados financieros. Esta disputa de fuerzas entre el poder de gobierno y el capital privado tiene riesgos, puede generar un bloqueo interno de la economía y un vacío en la regulación del mercado que traiga crisis en aspectos como alimentación, empleo o la fatal inflación económica. Entonces será para Gustavo Petro un imperativo construir un sistema eficiente de control fiscal estatal, mejorar los índices de calidad educativa, de infraestructura para la exportaciones y por su puesto algo que él tiene muy claro, las oportunidades de equidad y participación de la población más vulnerable en el crecimiento económico del país. Seguramente en esta lógica se puedan implementar programas sociales con ecuaciones tan sencillas y claras como: a mayor ganancia, mayor tributación, tierras productivas para la rentabilidad social y educación gratuita para todos.
3. Ser indiferente al ejercicio de sufragar es sinónimo de tibieza política. No incidir políticamente en las elecciones de segunda vuelta o mejor ser un demócrata “tibio” implica reflexionar el derecho constitucional a votar en blanco. Porque quien así lo decida, verá pasar 4 años con la “boca cerrada” frente a la agenda administrativa de quien resulte ganador de estos comicios presidenciales. En este sentido, gane quien gane de seguro pueden darse reformas pensionales y tributarias que afectan los intereses y las percepciones políticas de quienes hoy por opinión propia consideran que una expresión o movimiento de centro no es “ni de izquierda, ni de derecha” y por tanto su voto es “neutro”.
Claramente es inconcebible construir país si no se participa en la toma de decisiones políticas, ya que estas implican fortalecer o desmejorar el PIB en una nación como la nuestra que de voces y oídas es potencialmente rica y de acciones y prácticas supremamente pobre.
Compatriotas, este 17 de junio será una gran oportunidad de decidir el futuro del país. Es hora de proceder en coherencia con nuestros principios sociales e ideológicos de saber elegir y actuar con dignidad política. Aun así, se espera que todos podamos respetar una democracia pluralizada y diversa que en pleno siglo XXI reclama transparencia, legalidad, seguridad y tolerancia política.
Atrás debe quedar la época colonialista en la cual esbozar ideas políticas significaba pasar a una cierta inquisición social y donde ejercer el derecho democrático a votar era inexistente o supremamente peligroso. Solo queda decir que por la democracia sí se puede o mejor dicho podemos votar libremente, sin tibieza alguna.
