A escasos días de la primera vuelta presidencial, se va haciendo más y más notorio el ridículo espectáculo de ver a los candidatos tratando de superarse unos a otros en la formulación de promesas y planes de gobierno que ya se quisieran países del primer mundo.
Animados o desesperados por los avatares de las encuestas, perdido ya todo sentido de las proporciones, alejados de la realidad y de la lógica, siguen abundando en promesas fantásticas, carentes de sustento, de asidero en la realidad de un país que, como el que tenemos, puede perder todo menos la capacidad de reírse de sí mismo y de quienes aspiran a dirigirlo.
Ante semejante avalancha de populismo, lo que deberíamos hacer es eliminar de una vez por todas el Consejo Nacional Electoral y encargar a la Superintendencia de Industria y Comercio de tomar nota de las promesas, para luego multar a los candidatos elegidos por hacer publicidad engañosa de sus productos y servicios, tal y como lo hacen con los demás productores y comercializadores que trabajan en nuestro país.
Casi todos hemos aplaudido las decisiones de esta Superintendencia, cuando de manera férrea ha multado con grandes sumas de dinero a las empresas que exageran las bondades de sus productos y servicios. Si la empresa X ofrece una crema de dientes que asegura puede eliminar el 100% de las bacterias de la boca, la Superintendencia la multa por ofrecer algo imposible. Si un sitio Web ofrece los tiquetes aéreos más baratos de Colombia, pues de inmediato se hace merecedora de una sanción pecuniaria por falsa publicidad. ¿Se imaginan si la SIC y no el CNE fuera la encargada de meter en cintura a los candidatos? ¿Qué tal que se les impusieran multas abultadas por mentirles a sus potenciales clientes?
De ser así, tendrían que cuidarse de ofrecer el cielo y la tierra, casas gratis, tierras para todos, educación sin límites, pleno empleo, riqueza sin fin mediante el cultivo de frutas, coadministración de los municipios mediante la intervención dictatorial en los asuntos internos de cada ciudad, etc.
Hay que ser claros. Lo único que les interesa a ciertos candidatos es su voto. Después, van a torcer el mandato que se les otorga en las urnas, a traicionar a sus electores y a aplicar su propia visión de la realidad.
Tan importante como la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio
en la regulación de la publicidad engañosa de las campañas,
debería ser la de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, haciendo evaluaciones previas
Ah, ¿y la ACP? Tan importante como la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio en la regulación de la publicidad engañosa de las campañas, debería ser la de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, haciendo evaluaciones previas del estado de salud mental de todo el que quiera aspirar a la primera magistratura de nuestra amnésica Nación. No solo porque hay que tener una alta dosis de locura para pretender dicho cargo, sino debido a que muchas de las propuestas exceden el marco de la publicidad falsa para entrar en los terrenos de la fantasía, que llevaría a un ciudadano de a pie al diván, a las pastillas de litio y al psicoanálisis.
Por ejemplo, ¿a qué tipo de megalómano se le ocurre prometer que, de llegar a la presidencia, va a anular las decisiones legalmente adoptadas en la ciudad en la que alguna vez fue alcalde? ¿Es recomendable elegir a una persona que manifiesta por adelantado que va a pasar por encima de la voluntad de los gobernantes locales que no sean de sus afectos? ¿Se han detenido a pensar qué mecanismo de nuestra democracia permite que el presidente cogobierne con los gobernadores y alcaldes, torciendo las decisiones de las asambleas y los consejos municipales?
No soy psiquiatra, pero me parece que, a menos que el candidato de marras padezca de una seria condición que afecta su salud mental, lo que está anticipando es que su estilo de gobierno va a ser igual al de nuestros vecinos de Venezuela, quienes en desarrollo del más burdo populismo expropian en vivo y en directo por la televisión, desconocen a los alcaldes elegidos democráticamente, o simplemente niegan las partidas presupuestales destinadas a la ejecución de obras en las diferentes regiones, como forma de castigar a quienes no aceptan su manera de ser o de actuar, bajo el seudónimo de la “democracia del pueblo”.
Esperemos que en este caso estemos ante un loquito despistado con delirios de grandeza, sin capacidad de discernimiento, y no frente a una amenaza a nuestra democracia y a nuestra institucionalidad, mediante la imposición de un sistema de gobierno que enriquece al líder y a su camarilla, a costa de la miseria del resto de los ciudadanos, la destrucción del aparato productivo y la eliminación de nuestra democracia; cuadro patológico este último que no acaban de diagnosticar sus incautos seguidores.
