Distribuir y transformar la estructura de la propiedad agraria es una decisión fundamental para el crecimiento económico de los países, que contribuye a la configuración de una sociedad más próspera y equitativa. Lo anterior ha sido aplicado en países que han apostado por desarrollar su industria desde hace siglos, como por ejemplo Estados Unidos de América con la política del homestead act en el año de 1863, promovida por Abraham Lincoln, o el Japón en 1862 con el proceso de restauración del imperio Meiji, que abrió su nación al comercio con el mundo occidental.
Además de perseguir un principio de eficiencia productiva, dado que toda tierra fértil respetando su vocación agraria o pecuaria, aporta a la riqueza de una sociedad por lo que produce, para el caso de la realidad colombiana y específicamente de la región Caribe, esta decisión de carácter político económico está también motivada por un principio de justicia y de reparación para con las víctimas del conflicto armado. En el Caribe continental hay unas 2.033.210 millones de personas, de las 7.904.693 millones identificadas a nivel nacional por el Registro Único de Víctimas (2018), que la guerra dejó también con el despojo de unas 7 millones de hectáreas de tierras en toda Colombia.
En las sabanas del Caribe continental, se encuentran 3.786.459 millones de hectáreas fértiles (el 35%), de las 11.002.389 millones de hectáreas en toda Colombia (IGAC, 2015). Es decir, el Caribe tiene la ventaja comparativa de tener el mayor potencial agro-industrial, además de su ubicación geográfica con sus puertos para exportar dicha producción. En cuatro de sus ocho departamentos, las extensiones de tierra con vocación agrícola son significativas, como en el Atlántico con el 51% de su territorio, Sucre con el 45,5%, Magdalena con el 43,04%, y Bolívar con el 20,5% respectivamente (IGAC, 2015).
Poner a la tierra con vocación agrícola a producir, más allá de permitir que por la abundancia de alimentos los precios de los mismos bajen, y así asegurar la comida de los sectores con menos ingresos, resulta fundamental por el número de trabajos que genera dicha actividad. Además, la producción agrícola es el primer paso para transformar las materias primas, lo que genera la aparición de industrias, que a su vez demandan mano de obra, ciencia y tecnología, y por lo tanto, más empleo y educación.
Pero vayamos a las cifras concretas. La realidad ha demostrado que la actividad agrícola genera 1 trabajo por cada 3 hectáreas, dependiendo del producto, pero supongamos el escenario más pesimista, que por cada 5 hectáreas se genere 1 trabajo. Con una simple operación matemática obtenemos como resultado, que la cantidad de hectáreas fértiles del Caribe generarían 757.292 puestos de trabajo. Para el resto de Colombia esta cifra alcanzaría los 2.200.478 empleos.
La combinación entre el empleo y la explotación de la tierra generarían una renta considerable dependiendo de los productos que allí se cultiven. Por ejemplo, si tomamos las cifras de una columna reciente de un “conocedor” de la economía colombiana, que defiende su status quo, Mauricio Botero Caicedo, una hectárea con 60 árboles de marañón produce 1 tonelada de la nuez, avaluada en $9.500 dólares americanos en un mercado mundial de $5.200 millones USD anuales. Es decir, una hectárea de este cultivo genera 26.763.900 millones de pesos colombianos hectárea/cosecha.
Ahora bien, teniendo la posesión, el empleo y la explotación de la tierra, no sólo se ayuda a aumentar la productividad del campo y de la nación sino que se transforma la vida del campesino, cambiando las relaciones sociales para unas de mayor equidad y bienestar social. En otras palabras, cuando democratizamos la propiedad de la tierra, las relaciones feudales entre el “patrón” y el “peón” se acaban. Quien es dueño de su tierra es un ciudadano libre políticamente, vota sin la miseria del sin tierra, sin la coacción del político o del grupo armado. Esto es la bienvenida a una sociedad regional moderna que las propias élites mezquinas le han negado al Caribe.
Sin embargo, la realidad agrícola en el Caribe y de Colombia es otra. Un realidad injusta y demasiado mediocre. Este potencial es desaprovechado debido a que grandes extensiones de tierras agrícolas se encuentran improductivas, y concentrada en pocas manos. En Colombia, el índice de GINI —una medida que va de 0,0 (igualdad absoluta) hasta 1,0 (un solo propietario lo posee todo)— resulta ser de 0,902, es decir, casi unas 7.000 personas son dueñas de toda la tierra agrícola en Colombia.
Además de este problema, que es la razón por la cual nace el conflicto armado, las tierras de vocación agrícola o forestal están dedicadas a otras actividades para los cuales no son aptas, y que principalmente generan poco empleo, como la ganadería. Con esto no queremos decir que la actividad pecuaria sea mala, simplemente se tiene que hacer donde sea adecuada para generar un desarrollo sostenible, y es obligación del Estado propiciarlo y proteger del medio ambiente.
Esta actividad genera en promedio 1 empleo por cada 60 hectáreas aproximadamente, y si en el Caribe colombiano solo 1.030.000 hectáreas son aptas para la actividad pecuaria, la capacidad total sería de 17.166 empleos. Sin embargo, los estudios nos indican que hay 4.600.000 hectáreas destinadas para la ganadería, que generan 76.666 empleos. Ahora hagamos matemática simple. A pesar de que se sobrepasa el área apta para desarrollar dicha actividad, se pierden 680.626 puestos de trabajo, de los que el desarrollo agrícola brindaría. Esto sin contar las problemas ambientales y de desarrollo sostenible, a las tierras fértiles por el pisoteo del ganado que erosiona la tierra, que hace que pierda sus nutrientes, y la gran cantidad de gases de efecto invernadero que generan los pedos de las vacas.
¿Acaso la diferencia entre la actividad agrícola y la pecuaria no es significativa si se planifica la región en su verdadera vocación, que logre sacar de la pobreza y miseria a la región más pobre de uno de los países más desiguales del mundo?
La región Caribe pagó con su estancamiento económico, el modelo de desarrollo que durante más de 60 años en el siglo XX se enfocó en exportar café, desarrollando las regiones de Antioquia, el Eje cafetero, el Valle del Cauca y Bogotá por ser la capital. A la costa Caribe la única vía que tuvo fue la de satisfacer la demanda de carne en el país, con esta actividad que ya vimos genera poco empleo, y sobretodo, mantiene unas relaciones sociales atrasadas que no permiten a las personas prosperar ni ser ciudadanos libres, ya que nunca se repartió la tierra al campesino.
La propuesta de Gustavo Petro de un impuesto al latifundio improductivo es una vieja política de Alfonso López Pumarejo de 1936 (¡estamos con un atraso de casi 100 años!) y de Carlos Lleras Restrepo de 1966. También ha sido una recomendación del Banco Mundial y de todos los economistas para obligar a que la tierra entre al circuito productivo, para generar trabajo y riqueza. Estas políticas no se han podido aplicar debido al miedo de perder el poder político de los grande terratenientes, que por su avaricia, mezquindad e ignorancia, han impedido que la región Caribe salga de la pobreza, así como de la Colombia entera.
Nada de las mentiras del castrochavismo ni de comunismo, son reformas necesarias hechas por los países para crear sociedades prosperas y justas, que haría crecer al país, sacarlo de la pobreza, agrandar la clase media, y beneficiar con el fortalecimiento y la creación de industrias a los más favorecidos. Es hora que todos dejemos el miedo, todos los hombres y mujeres sentipensantes y la sociedad civil, para interpretar y asumir el papel que las élites mediocres y mezquinas tradicionales no han podido, no han sabido o no han querido asumir para transformar nuestra región y nuestro país, articulando al Estado, a la nación, al mercado y a la sociedad civil.
Hoy día Gustavo Petro con la compañía de todos los colombianos, en una acción consciente y programática, pretende cimentar estas políticas que nos lleven a una sociedad más próspera y con más oportunidades. Sin embargo, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros para hacer de esto una realidad, que nos unamos como región y como país, y salir de las cadenas de los 100 años de soledad, de pobreza y de violencia.
Bibliografía:
Meollo del problema agrario colombiano
La escandalosa desigualdad de la propiedad rural en Colombia
Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca
Ganadería ‘al rojo vivo’ solo debería imponerse en el 2,4% de Colombia: IGAC. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá, Colombia.
¿En dónde están los mejores suelos para cultivar en el país? Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá, Colombia.
Suelos y tierras de Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá, Colombia.
Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá, Colombia.
Mapa de zonificación agroecológica. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá, Colombia.
