Por desgracia, los derechos de la clase trabajadora en Colombia no se han ganado de modo fácil, porque no prevalece la conciencia social de parte nuestros gobernantes. Siempre ha existido la urgencia de luchar por las reivindicaciones ante quienes nos tiranizan desde hace más de doscientos años a través de protestas y huelgas, que pueden tener consecuencias pavorosas como asesinatos, desapariciones, amenazas para hacer abandonar la región donde se vive, teniendo como uno de los principales responsables al Gobierno, el cual hace caso omiso para aplicar “su reconocimiento institucional en los Estados de Derecho”, mediante sus agentes autoritarios cuando, con su fuero de matones estatales, asesinan a quienes están luchando por un mejor modo de vida. Es decir, la prohibición a la huelga es porque se vive bajo un gobierno autoritario, donde el nombre de democracia es una impostura para abstraer a los súbditos ingenuos. Digo impedimento a protestar cuando se declara en los medios de comunicación la ilegalidad de los reclamos razonables de la clase obrera, al utilizarse métodos de terror y desolación, para impedir cualquier presagio de inconformidad.
El primer empleador de esta nación es el gobierno, el cual está obligado a “Cumplir la legislación vigente y los acuerdos en vigor. Velar por la seguridad y la salud laboral del trabajador. Facilitarle al trabajador información escrita sobre los condicionantes fundamentales del trabajo. Favorecer una buena atmósfera de trabajo y el logro de los cometidos del trabajador, así como desarrollo profesional”, ideario parecido a una página de literatura abstracta porque solo queda en el imaginario de quien la lee, sin poderse observar en la práctica este articulado fundamental de la carta magna. Debido a esto me aterroriza divisar a ciertos asalariados defendiendo una clase privilegiada, a la cual nunca van a pertenecer.
Es absurdo, en esta nación de contradicciones, saber de los mal llamados padres de la patria con sueldos de veinticinco a treinta millones de pesos al mes, de sus prebendas en un día equivalentes al salario del obrero raso en un año, ver a ediles, representantes a la cámara, vivarachos de la política disfrutar, con desfachatez, de las canonjías dadas por la soberanía cómplice, sin esfuerzo mayor, simulando ser sensibles ante la miseria, entre tanto el abandono oficial sigue golpeando a la mayoría de la población colombiana, estos animadores de esperanzas se encierran en su bienestar, se transfiguran en indiferencia frente a la subsistencia inhumana del vulgo, hasta cuando empiecen las nuevas elecciones salen, con aspectos compasivos, a cortejar al pueblo, el de siempre, el resuelto a dejarse engañar.
Entre tanto el licenciado, con arresto y consagración, prolonga sus estudios en maestría, magister y doctorado en Educación, para con los años ganarse un sueldo injusto, no compensable con la inversión económica y mental. Apoyo a los maestros, nunca he ejercido esta noble tarea, sin embargo soy consciente de la inteligencia, de la responsabilidad del pedagogo, del esfuerzo inapreciable cuando le entrega a la vida individuos menos analfabetas.
Si los profesores dejan de trabajar uno, dos, mil días, defendiendo sus derechos, urge buscar el origen de esta determinación. No se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta de dónde proviene el detrimento de la economía, de la cual depende, en gran parte, el buen funcionamiento estructural y humano de una profesión: de la corrupción de los políticos. Estos insaciables llenan sus bolsillos, al asaltar las arcas públicas, hasta dejar el patrimonio de la educación, solo para hablar de este caso, en una realidad deplorable.
Lo mismo sucede con otros profesionales. Es doloroso estar al corriente de médicos ganando en un hospital tres millones de pesos o menos. Inadmisible observar miles de titulados, con grandes capacidades intelectuales, devengando salarios míseros, indignos y en demasiadas ocasiones algunos de ellos sin dónde poder colocarse. Y faltaría hablar de los empleados no sindicalizados, de la mano de obra informal, de incontables colombianos sin opción alguna de adquirir un salario mínimo.
Y por qué protestan, preguntan, sin sonrojo de ninguna clase, la parte gubernamental, los esquiroles —personajillos sin nada qué comer— como se expresaría en alguna crónica, sobre la indigencia nacional. Porque es ineludible y razonable mirar en contexto la deplorable situación de unos trabajadores asaltados en sus salarios, porque se requiere del mejoramiento de la infraestructura de los centros escolares, porque el Ministerio de Educación hace unas exigencias imposibles de cumplir por falta de recursos, porque se requiere el nombramiento de nuevos maestros, porque los alimentos a los educandos no son suficientes o llegan descompuestos, porque urge edificar nuevos centros educativos, porque la tasa de inflación es superior al poder adquisitivo, porque hay demasiadas realidades adversas por resolver. Todo paro es injusto solo en el pensamiento del explotador o en las personas indiferentes ante la objetividad de estas demandas. Si todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de no dejarse atropellar, si perdieran el miedo de salir a las calles a oponerse contra las leyes abusivas de nuestro sistema mortuorio, esta nación sería menos patética.
Reflexionemos: dos días de paro le cuestan cincuenta y dos mil millones de pesos al Estado. Los gobernantes y políticos corruptos le hurtan, en esos mismos dos días, billones de pesos al pueblo hambriento y desprotegido, en todo el ámbito social. La primera pérdida acontece por reclamaciones justas. El segundo derroche, sobreviene por el solo hecho de ser representantes del pueblo o del gobierno, o sea, por dejar este capital en manos de ladrones ¿…?
Felicitaciones maestros, sigan haciendo huelgas.
