Durante las últimas semanas el caso de la niña de tres años que llegó a un hospital, al parecer, con signos de maltrato físico y abuso sexual, ha sido uno de los temas que más ha llamado la atención de los ciudadanos. No era para menos, pues se trataba de una menor que, según los periódicos y los noticieros, había sido víctima actos extremadamente crueles. Aquí no entraré a cuestionar si la menor fue objeto de tan degradantes hechos, antes que eso me centraré en los prejuicios que subyacen a la noticia que nos fue comunicada.
Desde muy temprano, el martes de la semana pasada, empecé a escuchar sobre el caso en una emisora. En ese espacio, sin mayor confirmación sobre los hechos, los periodistas empezaron a poner la lupa sobre la conducta de la mamá de la menor. Se afirmó de ella que era una prostituta del barrio Santa Fe, que había sacado a la niña, sin autorización, de la casa de su abuela, quien tenía la custodia. Yo me pregunto si era necesario decirle a toda la audiencia a qué se dedicaba la madre de la niña, no tengo muy claro qué valor tiene esa información para esclarecer los hechos. Por el contrario, considero que era innecesario, es más, me parece contraproducente, pues dada la valoración moral que en Colombia hacemos de la prostitución, estos datos crearon rápidamente una atmósfera de culpabilidad en torno a esta mujer. Algunos llegaron a afirmar que, dado que ella se prostituía, podría haber hecho lo mismo con la hija. Todo esto sin que se hayan confirmado los hechos comunicados por los medios.
En menos de una semana, el siguiente titular informaba sobre la captura de la madre, por supuesto porte ilegal de armas. Esto, por un lado, ratificaba que se trataba de una delincuente, por otro lado, dejaba más tranquilas a las audiencias de nuestros amarillistas medios, pues esa oscura mujer de la que se venía hablando estaba por fin en manos de las autoridades. Sin embargo, pronto ella quedó en libertad, pues el arma que portaba era de fogueo, lo cual no era suficiente para imputarle ningún cargo. Por supuesto, que fuera dejada en libertad también generó titulares y varias reacciones adversas.
Ahora bien, mientras los medios siguen especulando en torno al caso, afirmando con ello nuestros prejuicios sobre la ya deteriorada imagen de la madre, ninguno ha parecido interesarse por el padre de la menor. Nadie se pregunta quién es, o a qué se dedica, es como si esta mujer se hubiera embarazado sola. Además de esto, la madre, al parecer, tiene en la actualidad solo 21 años, de lo cual se deduce que podría haber sido menor de edad al momento de tener a su hija, y seguramente vivía en condiciones de gran pobreza. No tendríamos que preguntarnos entonces por el papel del Estado. Acaso no tenía la responsabilidad de ayudarle.
El ICBF ha manifestado que las mujeres que se dedican a la prostitución en el barrio Santa Fe no llevan a sus hijos menores a los centros que esta institución tiene, sino que prefieren llevarlos a guarderías clandestinas en las que los menores corren peligros. En cierta medida busca la institución desdibujar su responsabilidad, señalando a la madre. Pero, por qué una madre haría eso con sus hijos, por qué deliberadamente los pondría en peligro. Es altamente probable que las mujeres dedicadas a la prostitución prefieran acudir a guarderías clandestinas por temor a los prejuicios en torno a su oficio, lo cual a juicio de ellas podría derivar en la pérdida de la custodia sobre sus hijos. Si esto es así, no debería cuestionarse la institución sobre la forma en que pretende ayudar a estas mujeres, ya que, al parecer, en lugar de generarles tranquilidad para que se acerquen a sus centros, las espantan, haciendo que acudan a servicios clandestinos.
