Es difícil establecer qué motivación puede tener en el fondo el Dr. Jaime Castro y su distinguido equipo acompañante, al presentarse en las oficinas de la CIDH en Washington a interceder en favor del Procurador Ordóñez en su lío con Gustavo Petro. Como buen caballero andante, ha preparado su armadura jurídica y su ilusión, tomando partido, en este caso, por la parte más débil del litigio en este momento: Ordóñez.
Ahora resulta que la presunta solidez jurídica del fallo contra Petro empieza a mostrar agrietamientos y debilidades, lo cual es poco recomendable que suceda. Una función administrativa, simplemente disciplinaria, que actúa con la fuerza de una sentencia penal, tal como supuestamente lo hace la Procuraduría, debe tener el rigor jurídico que rodea las garantías que tiene un procesado. Supone uno que una Resolución que destituye y decreta la muerte política del segundo cargo más importante de la Nación, debe estar justificada en razones jurídicas muy sólidas y transparentes.
Si el Procurador Ordóñez en un proceso contra el tiempo, talvez motivado por razones ajenas a sus funciones disciplinarias, incurrió en ligerezas e imprevisiones en el manejo del expediente que llevaron, talvez, a conclusiones equivocadas, no tiene que dar explicaciones de eso. Simplemente, debe renunciar. Ah, sí. Si Petro se queda, Ordóñez se tiene que ir. Por lo menos, presentar una renuncia protocolaria, si no es irrevocable, a su nominador, el Senado de la República.
En tal evento, el procurador Ordóñez no puede quedarse haciendo semejante “oso” constitucional y legal. Después de embarcar al país en semejante trifulca no puede salir chorreando densa y espumosa baba jurídica. Han sido muy graves las consecuencias para la institucionalidad en Colombia la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 15 años impuestas al alcalde Petro. Bogotá, particularmente, está conmocionada. El levantamiento popular, pacífico pero amenazante, de los defensores y electores de Petro no puede ser el resultado de una improvisación. Han sido muchos los editoriales, las opiniones, los comentarios, los espacios en los medios de comunicación dedicados al pronunciamiento de la Procuraduría de Ordóñez contra Petro.
Lo que ninguno esperaría es escuchar que el Procurador Ordóñez no tenía competencia, o no tenía funciones, o se extralimitó en las mismas, o se equivocó, o no tuvo en cuenta, o lo que sea, pero la verdad es que le está fallando el fallo. Si bien toda sentencia es controvertible, muchos empiezan a ver la inconsistencia de la esencia de la actuación de Ordóñez. El solo hecho de que la destitución esté suspendida, y avance la CIDH en posibles medidas cautelares a favor de Petro, empiezan a inclinar la balanza en su favor, tanto como para ir pensando que el señor Procurador Ordóñez debe ir pensando (sic) en renunciar al cargo.
Un hombre de carácter, distinto de un burócrata, no se aferra a un puesto. Sabe que si la decisión más importante de su vida pública fue equivocada, debe hacerse a un lado para que otro llene de garantías a la sociedad que se quedaría ahora sin credibilidad frente a sus funciones de vigilante. Que llegue un funcionario menos febril y menos comprometido con alguna de las extremas.
