El siguiente análisis hace parte de unas reflexiones en torno a dos temas críticos en las agendas de gobierno de los candidatos presidenciales en Colombia: seguridad y salud, asuntos que sin lugar a dudas se convierten en eslabones importantes para que exista una paz duradera en este país.
Sin embargo, en esta nota se abordará exclusivamente la seguridad, ya que salud será en otra.
Ahora bien, las medidas que adoptarían los candidatos presentan diferentes matices en cuanto a la seguridad. Mientras Vargas Lleras propugna por el aumento del pie de fuerza (300.000 policías por cada 100.000 habitantes) para combatir los delitos de mayor recurrencia (hurto de celulares, el microtráfico, el homicidio y la extorsión); Iván Duque, en una línea similar, plantea la necesidad de aumentar el pie de fuerza en las principales ciudades capitales, invirtiendo en mejor dotación y en inteligencia a los organismos policivos del Estado para desvertebrar las estructuras criminales. Sin embargo, llama la atención su propuesta de reactivar la red de cooperantes y las recompensas.
Por el contrario, las propuestas de Gustavo Petro y Sergio Fajardo enfocan el foco de las estrategias de lucha frente a la inseguridad con programas educativos como pilar fundamental para la prevención del delito en sus diferentes formas.
Si observamos con cuidado, ninguno de los candidatos plantea estrategias concretas dirigidas a atacar la raíz del problema, como lo es el incremento en el consumo de drogas psicoactivas en las principales capitales del país, cuya expresión directa son los altos indicadores de delincuencia (hurto simple y calificado, homicidios perpetrados por organizaciones articuladas al narcotráfico, desplazamiento rural y urbano, violencia intrafamiliar y de género, confrontaciones armadas urbanas por parte de organizaciones criminales, entre otras).
De hecho, es tal la magnitud de este fenómeno que el Estudio Nacional de Consumo de Drogas Psicoactivas en Colombia de 2013, realizado por el Ministerio de Justicia, ha contabilizado que Antioquia presenta 227.193 consumidores de drogas psicoactivas, le sigue Bogotá con 197.938 consumidores, y Cali y Yumbo con 83.482.
Además, un estudio del Departamento Nacional de Planeación sobre los impactos económicos y sociales del narcomenudeo en Colombia revela que la economía ilegal del narcotráfico movió en el 2015, a través de organizaciones criminales, 6 billones de pesos, equivalentes al 0.75% del PIB.
De ese valor, según el DNP, $300.000 millones corresponden a las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, $2,5 billones a la banda delincuencial que la distribuye y $3,2 billones a los expendedores de droga que la ponen en las calles para el consumo. Por su parte, el narcotráfico representa hasta el 3,8 del PIB ($20,5 billones) del mercado.
